La argentina perdió el juicio con los fondos buitre y ahora deberá pagarles los U$S1300 millones que ordenó el juez federal Thomas Griesa para no volver a entrar en default.

El argumento de los abogados criollos se basaba en que, si se obedece la sentencia, eso daría pie a nuevos juicios por parte de los bonistas que aceptaron las quitas y entraron al canje, lo que dispararía reclamos impagables con sentencia firme. Esto es porque por las cláusulas RUFO que vencen a fin de 2014, establecen que si se ofrece una mejor oferta a un grupo de bonistas, debería extenderse a todos los tenedores.

Sin embargo, entre los abogados coinciden en que, al tratarse de una orden judicial, no tiene por qué considerarse una oferta voluntaria y por ende la cláusula RUFO no se gatilla.

Los especialistas aclaran que esta posibilidad estaba prevista en la legislación de los bonos.

De esta manera, la única vía posible que le queda a Cristina es presentarse ante el juzgado de Griesa y acordar que el 2 de enero de 2015-con la cláusula vencida- se abonará el total adeudado, ya sea en efectivo o en bonos de largo plazo. Tal como adelantó LPO, en Wall Street se habla de un pago en efectivo por U$S300 millones y el resto en papeles de deuda.

En defintiva, el juez debería tener en consideración la particularidad de las RUFO y aceptar que el pago se iniciará el año que viene.

Este tipo de acuerdo implicaría la entrega de algún bien embargable como garantía, ya sea una suma en dinero cash, o alguna propiedad del estado argentino. Mientras tanto, Griesa debería volver a implementar el “stay” para que, de esta manera, los pagos que realiza la Argentina a los bonistas a lo largo del año no terminen siendo embargados, ya que la sentencia está firme en dos instancias.

Esta es la única vía que tendría el gobierno para evitar el default, una posibilidad que ni Griesa ni Singer están dispuestos a forzar porque lógicamente, si el país llega a esa instancia no podrían cobrar nada. Y si los pagos se siguen haciendo normalmente en el Bank Of New York, serán embargados por la Justicia estadounidense, la plata nunca llegaría a las manos de los que sí entraron al canje, y así se produciría un default con este grupo de bonistas.

Tampoco el cambio de jurisdicción es una opción, porque Griesa ya advirtió que lo tomaría como un desacato y por ende, conduciría inexorablemente al mismo camino.

Ahora bien, si los pagos se inician el 2 de enero, los bonistas que sí entraron al canje no podrán iniciar juicio porque ya no estará vigente la RUFO. Los que sí podrían hacerlo son los holdouts restantes, que conforman el 8% de los tenedores. 

El kirchnerismo postula que la sentencia de Griesa es incumplible porque se avecinaría una avalancha de juicios por U$S15 mil millones, “más de la mitad de las reservas del Banco Central”, se lamentaba Cristina en su confuso anuncio del lunes.

Lo mismo repitió el ministro de Economía Axel Kicillof el martes.

Sin embargo, los especialistas que siguen el tema de cerca calculan que podrían ser entre U$S8000 y U$S9000 millones, bastante menor a la cifra calculada por el gobierno.

Además, se trata de tenedores que están dispersos y si bien existe la posibilidad de que inicien juicio, porque tienen una sentencia a favor como respaldo, no es una decisión que pueda tomar cualquier inversor como si fuera un proceso rápido y sin dificultades.

Por el contrario, este tipo de demandas se caracterizan por durar varios años, son sumamente costosas y para llegar a buen puerto se requiere contar con un equipo de abogados sumamente calificado que por supuesto cobran sumas considerables.

Por lo tanto, si alguno de estos inversores decide hacer juicio y llega a buen puerto, seguramente termine afectando al próximo gobierno y ya no será un tema de preocupación para el kirchnerismo. Así, la justificación de Cristina vuelve a hacer agua.

De todas formas, esta opción de lanzar un pago no es unánime entre los especialistas. Una fuente del mundo de Wall Street le comentó a LPO que si el gobierno opta por ofrecer un pago a partir del 2015, “un juez puede considerar que la oferta se hizo ahora, cuando todavía rige la RUFO”.

Claro que el escenario de una violación de la RUFO es mucho más grave que acatar la sentencia y exista la posibilidad de que otros holdouts le hagan juicio a la Argentina. La violación de la cláusula podría disparar montos por U$S600 mil millones. Un número sideral.

“Hay que ir y pagar ahora. No hay otra opción”, sentenció la fuente.

Los que mantienen la otra postura aclaran que debe ser anunciado por Griesa, como si fuera una orden suya. "No es lo mismo ir y decirlo que hacerlo igual sin decirlo", afirman los que proponen un pago que se inicie luego de que venza la cláusula. Entonces la argentina lo único que haría es acatar la orden.

"Si viene otro bonista a reclamar el juez no les va a dar la razón, porque la cláusula RUFO es por ofrecer un caje mejor. Esto sería cumplir una sentencia", matizó un especialista que se enrola en este último grupo.

El caso detroit

El abogado Esteban Eseverri propuso tomar el ejemplo de Ditroit que entró en default. La solución que encontró la ciudad fue dividir la gestión en diversas "agencias" por servicio estatal (alumbrado, limpieza, etc.) que, a diferencia del gobierno local, podían emitir nuevos bonos.

Estos papeles estaban respaldada con los ingresos futuros de los impuestos.

El sistema implementado implica que la ciudad no puede acceder a los ingresos hasta que cumple con sus obligaciones mensuales de devolución de la deuda. Es decir, el gobierno de Detroit se comprometía a no tocar ni un billete del Tesoro hasta haber saldado lo que prometió.

De todas formas, Eseverri consideró que "no hay que sobreactuar, es una sentencia. Podemos pagarla, o pedirle a alguien que se subrogue en los derechos de los ganadores del juicio, de modo de no quedar embretados con los Buitres".

Habrá que ver por cuál de todas estas variantes termina de definirse Cristina.