“¿Imagino
que vas a apoyar mi proyecto para sumar controles a los precios? ¿O estas con
las patronales?”, desafió el camporista Juan Cabandié a la radical Patricia de
Ferrari, presidente de la comisión de Defensa de usuarios y consumidor.
“Soy un poco más compleja, pero ¿Si no estás del lado de las patronales por qué no apoyas la declaración de servicio público de telefonía celular?”, respondió De Ferrari.
“Si si, lo vamos a tratar”, titubeó un incómodo Cabandié. El tema molesta en el kirchnerismo que hizo de la “lucha” contra las corporaciones una de sus banderas. En 11 años Néstor y Cristina frenaron cuanto proyecto de ley hubo para regular las ganancias y las condiciones laborales de las telefónicas, que en la década kirchnerista multiplicaron sus ganancias.
Se trata de una alianza de fondo que continuó y acentuó la Presidenta, que las ve como los aliados indicados para su guerra con las empresas de cable que lideran Héctor Magnetto (Cablevisión) y la dupla de Daniel Vila y José Luis Manzano (Supercanal).
No es una decisión original la de Cristina. Hace también una década que el Grupo Clarín entendió que el verdadero rival no eran los otros grupos mediáticos sino la telefónicas que de la mano del fenómeno de la convergencia tecnológica y el triple play (televisión, banda ancha y telefonía en la misma red de fibra óptica) podía expulsarlos del mercado.
El temor de Magnetto es lógico. Las telefónicas son empresas realmente globales, con espaldas financieras que multiplican por decenas los recursos del grupo Clarín.
Una pelea de fondo
Ayer, la Corte Suprema se metió en esta pelea y ratificó en un fallo una ley que Cristina intenta obviar cada vez que puede. Se trata de la norma que impide a las telefónicas prestar servicios audiovisuales y que viene a reforzar la vigencia de una cautelar que impide a Telecom brindar su propio combo de triple play que incluye la banda ancha Arnet y la televisión satelital Direct TV.
De hecho, Cristina cada vez que puede
hace un desinhibido lobby a favor de Direct TV, incluso en discursos por cadena nacional. En septiembre del año pasado al inaugurar una planta transmisora de esa multinacional en Martínez, se deshizo en elogios hacia la firma y afirmó: "Yo soy abonada porque tiene el mejor servicio.
Telecom respondió hoy al fallo de la Corte Suprema con una solicitada en la que cuestionó el pronunciamiento judicial: “Medidas de esta naturaleza, contrarias a la evolución tecnológica y los derechos de los clientes, pretenden prolongar privilegios, cerrando mercados y limitando las ofertas a disposición de los consumidores”.
La alianza de Cristina con las telefónicas es tan transparente que de hecho, el fallo de la Corte en este tema se produjo luego que el propio Gobierno apelara un pronunciamiento de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que sostenía lo ratificado ahora pro el máximo tribunal.
“La Corte ha dejado en claro que las empresas de telefonía, que brindan un servicio público, no pueden tener participación en radiodifusión y al Gobierno le ha señalado que no puede otorgarle a éstas, licencias. Ambas conductas están tipificadas en el pliego de privatización de la ex ENTel y se han mantenido en la Ley de Servicios Audiovisuales sancionada durante esta administración”, explicó el titular de la Unión de Consumidores Argentinos, Fernando Blanco Muiño.
El fallo no sólo obliga a Telecom a dejar de prestar el servicio de Direct TV, sino que le mete más presión al Afsca que conduce Martín Sabbatella, para que dictamine sobre la irregularidad propiedad de Telefé por parte de Telefónica, un tema que por orden directa de Cristina la autoridad regulatoria dejó en stand by, con diversas excusas.
Cepo legislativo
Pero acaso donde más clara se ve la complacencia de Cristina con las telefónicas es en el Congreso, donde en los últimos años ordenó cajonear dos leyes para regular a las compañías: La que la declara servicio público a la telefonía celular –que brinda uno de los peores y mas caros servicios del mundo- y la que crea un régimen de trabajo digno para los call center.
Esta última falencia intentó ser subsanada con un reciente proyecto del camporista Andrés “Cuervo” Larroque, que intenta acotar la explotación de los call centers limitando las jornadas laborales, pero no van tan lejos como la iniciativa de la senadora pampeana María de los Ángeles Higonet, aprobado en 2010 y cajoneado por el kirchnerismo en la Cámara baja.
Higonet volvió a presentarlo el año pasado y nunca logró que fuera tratado. A diferencia del de Larroque, la pampeana quiere un estatuto que regule las relaciones laborales de los call center.
Larroque que suele levantar la bandera del combate contra el neoliberalismo, no extendió esa pasión militante a una de las caras más emblemáticas del capital transfronterizo: las telefónicas. No debería extrañar: Entre sus sindicalistas más afines está Osvaldo Iadarola, histórico jefe del Sindicato de las Telecomunicaciones (Foetra), sede sindical que como reveló LPO, La Cámpora considera prácticamente propia.
Iadarola es en los hechos un cómplice necesario –acaso por omisión en algunos aspector de su tarea sindical- de la explotación laboral que aplican las telefónicas.
El mismo paraguas presidencial, se extiende a otro tema clave: La declaración de la telefonía celular por lejos el principal medio -y a veces el único- de comunicación de la mayoría d elos argentinos.
La declaración de servicio público permitiría regular una prestación que se cuenta entre las peores del mundo en calidad de prestaciones y a la vez de las más caras.
El proyecto fue presentado por el senador socialista Rubén Giustiniani y nunca pasó la barrera de las comisiones.
Desde el kirchnerismo jamás hubo una respuesta hasta este año: Adriana Puigross y Hermán Avoscán, diputados del Frente Grande que integran el Frente para la Victoria, presentaron un proyecto pidiendo que sea servicio público la telefonía celular.
Esta iniciativa replica la jugada de Larroque con el tema de los call center, con la excusa de “regular” en los hechos licúa proyectos presentados por la oposición. La iniciativa de Puigross y Avoscán cuenta con la adhesión de FOETRA y se diferencia del de Giustiniani porque no crea nuevas estructuras de control.
Puigross lo presentó luego de ser separada de la Comisión de Educación para dársela a los radicales, que habían elegido a Julio Cobos.
Aunque Cabandié se comprometió a tratarlo, por ahora no hay ni siquiera una señal de que formaría parte de alguna sesión.
En el Congreso creen que una salida de Cristina para sacarse de encima estos temas políticamente tan tóxicos para las banderas que suele enarbolar el kirchnerismo, sería someter las iniciativas a audiencias públicas durante un año, cuando su gobierno empiece a decir adiós y su acuerdo con las telefónicas ya sea historia escrita en su gobierno.
