En el bloque del PRO están molestos por una polémica maniobra que lleva adelante el Ejecutivo porteño para nombrar como juez a un ex funcionario imputado por el derrumbe del boliche Beara que causó dos muertes en septiembre de 2010.

Martín Farrell (hijo) salió eyectado del gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2010. Era director de Habilitaciones de la Agencia de Control Gubernamental y fue uno de los tres funcionarios porteños imputados en la causa por el derrumbe en el boliche de Palermo que causó la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga y Leticia Provedo.

Tanto Farrell como Pablo Seiskuscas, director de Habilitaciones Especiales y Norberto Cassano, jefe del Departamento Esparcimiento, habían sido advertidos formalmente en agosto de 2009 por la entonces Directora Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, de que Beara ya había sido clausurado varias veces porque funcionaba como boliche bailable, aunque no estaba habilitado para hacerlo.

Berkowski le había solicitado a Farrell que no habilitara Beara como casa para fiestas privadas, porque había desvirtuado reiteradamente su rubro. A pesar de ello la AGC le concedió la habilitación como casa para fiestas privadas, los dueños de Beara volvieron a hacerlo funcionar como boliche y en septiembre de 2010 sucedió el accidente que causó dos muertes.

Luego de un largo proceso judicial, en el que había sido sobreseído, Farrell finalmente quedó como imputado y el miércoles de la próxima semana será indagado, por pedido del fiscal de la causa, Andrés Madrea.

“Todo indica que se confirmaría el procesamiento de Farrell”, aseguró Juan Lizarraga, padre de una de las víctimas, a Página 12.

Pese a estas contingencias, Farrell quedó primero en la lista de espera para ocupar un juzgado de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, luego de que la Legislatura aprobara en febrero del año pasado unos 56 pliegos de nuevos jueces y camaristas.

Luego de que la jueza Inés Weinberg de Roca dejara la Cámara Contencioso Administrativa para ocupar la vacante en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, su lugar como camarista fue ocupado por Fabiana Schafrik, que a su vez dejó vacante un juzgado de primera instancia, que ahora quedaría en manos de Farrell.

Resistencia

El pliego de Farrell ingresó en los últimos días a la Legislatura y es resistido incluso por algunos legisladores del propio bloque del PRO, que no están de acuerdo en votarlo como juez hasta tanto quede clara la causa de Beara.

Pero pese a esa resistencia, Farrell tendría el camino allanado al juzgado por dos motivos. En primer lugar, tiene el fuerte respaldo del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Y, principalmente, no necesita el voto de los legisladores para convertirse en juez.

Es que la Constitución de la Ciudad establece que el pliego debe ser aprobado dentro de los 60 días luego de su presentación, y si no es tratado en el recinto, se considera aprobado automáticamente.

Es por eso que si el Ejecutivo no logra disciplinar a los propios legisladores del PRO y conseguir algunos votos prestados para llegar a los 31 que necesita para aprobar el pliego, dejará correr los días para que Farrell se convierta en juez de manera automática.

Lo que enervó a los propios legisladores macristas es que la audiencia pública obligatoria que tratará el pliego del juez, se fijó para el 25 de junio, una hora antes del partido que Argentina jugará con Nigeria por el Mundial de fútbol de Brasil.

“Por un capricho del Ejecutivo nos hacen quedar como los malos de la película”, aseguró a LPO un legislador del PRO que señaló que los padres de las víctimas están recorriendo todos los despachos de la Legislatura para pedir que frenen la designación de Farrell.