El Documento de Aparecida, elaborado por la CELAM, y entregado por el Papa Francisco, a pocos días de iniciar su papado a la Presidente de la Nación, cobra fuerza, a pocos días de cumplirse un año de aquel encuentro. En aquel momento, la gestión presidencial parecía signada por ciertos lujos ideológicos hoy abandonados aunque propios y extraños no lo hayan advertido del todo.

El rumbo presidencial parece destinado a asegurar la supervivencia económica, aún cuando genere altos costos en términos de su propia popularidad. ¿Ha sido tomado a tiempo este nuevo camino? ¿Se lo impuso la realidad o fue una decisión meditada, sopesando sus efectos sobre la población?

Aquel documento de los Obispos latinoamericanos instaba a prestar atención a los nuevos pobres: entre otros colectivos, destaca las grandes masas de desempleados, adultos mayores, víctimas de la violencia, niños y niñas explotadas por la trata de personas destinados a la pornografía, explotación sexual o trabajo infantil, campesinos sin tierra, mineros, migrantes, personas que viven en la calle.

También alentaba a los empresarios, a los que caracteriza como creadores genuinos de riqueza, a que contribuyeran a generar empleo, para colaborar con la democracia, pidiendo que consideren a los trabajadores y sus familias la mayor riqueza de la empresa. Pero también interpelaba a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de diseñar las políticas nacionales para que esta tarea fuera realizada desde una perspectiva solidaria, ética, y auténticamente humanista.

La inflación generada por años de un “modelo” hoy en vías de abandono ha puesto sobre el tapete nuevas tensiones. ¿Cómo colaborará el Estado? ¿Qué harán los empresarios: aumentan los salarios absorbiendo total o parcialmente el impacto de subir un tercio los sueldos sin trasladarlo a los precios? ¿Pueden hacerlo ante el aumento en sus contribuciones empresarias que ello implicaría o piensan en congelar vacantes? ¿O peor aún, ambos, Estado y empresarios generan desempleo e informalidad? La complejidad del momento es evidente.

Para la OIT el problema del desempleo, particularmente, el desempleo joven en Latinoamérica es grave y crónico. La conclusión más directa de su informe sobre “Trabajo decente y juventud: políticas para la acción”, indica que los trabajadores de 15 a 24 años siguen enfrentando mayores dificultades para encontrar un empleo, y más aún un empleo de calidad. La tasa de desempleo juvenil continúa siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos. En este sentido no es casualidad que sean jóvenes los que lideran protestas sociales y políticas en los distintos países de la región. Si los jóvenes no consiguen trabajo, tarde o temprano se afecta a los adultos mayores, puesto que sin aportes laborales nuevos, no hay como financiar a los jubilados y pensionados-

En nuestro país se los llama “ni-ni”, pero lo correcto sería llamarlos “sin-sin”. No es una decisión personal de los jóvenes, sino una consecuencia de determinadas políticas carecer de estudio y de trabajo. Una de las asignaturas pendientes respecto de ellos es transparentar también las estadísticas laborales para que no figuren como empleados quienes no lo son.

Sin dudas, reordenar la actividad productiva y económica de nuestro país con un sentido humanista que contemple el rostro de los nuevos excluidos implica una actuación conjunta de dirigentes empresarios, sindicales, y políticos que abandonen ciertos lujos ideológicos que primaron estos años, para ir en busca de acuerdos que como pedía el Documento de Aparecida, faciliten la democracia y el desarrollo sostenible: actuar hoy, para no lamentarse mañana.