La usurpación de los terrenos de Villa Lugano desnudó una sucesión de incumplimientos en materia ambiental por parte de los últimos gobiernos porteños y del Gobierno nacional, que repercute en la falta de solución del conflicto habitacional que ya lleva tres días.

Como anticipó LPO, el predio, ubicado en la avenida Francisco Fernández de la Cruz y Pola, en el barrio de Villa Lugano, debía ser urbanizado por la Ciudad tras la aprobación de la ley 1770, que fue sancionada por la Legislatura porteña durante el gobierno de Aníbal Ibarra y que no fue aplicada ni por el ex fiscal ni por sus sucesores Jorge Telerman y Mauricio Macri.

Anoche, el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, anunció que luego de la desocupación que se había acordado supuestamente cerca de la medianoche, se censarían a las familias que ocuparon el lugar para incorporarlos a un plan de vivienda y urbanización del lugar.

El acuerdo indicaba que se iniciarían los trabajos de urbanización de la villa 20, previstos por la ley 1770.

Pero no sólo la toma continuó hasta el cierre de esta edición, sino que desde el propio Ejecutivo macrista salieron a desdecir al Procurador, puesto en ese cargo por Mauricio Macri.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, advirtió que "no hubo promesa de vivienda" para los ocupantes del predio y aseguró que el gobierno porteño cumplió con la orden judicial de presentar un plan de "descontaminación del suelo y urbanización".

Fuentes del área del gobierno porteño dedicada a la urbanización de villas señalaron a LPO que ningún plan de viviendas podrá siquiera iniciarse si no se realizan trabajos de “remedio” del suelo, que está contaminado desde hace años por un cementerio de autos que instaló la Policía Federal.

Indecisión política

A principios de la década del ochenta la Ciudad le vendió las tierras a la Policía Federal. Así, fueron destinadas para playas de estacionamiento de autos con causas judiciales.

Paralelamente, con el paso de los años la villa 20, lindera al predio, fue creciendo y muchos habitantes comenzaron a tener contacto con este depósito. En algunos casos se robaban autopartes y en otras se utilizaban materiales para otras obras pequeñas.

Por ello, hacia fines de 2006 el juez Roberto Gallardo intimó a la Ciudad a resolver el tema, ya que las viviendas no podían permanecer frente a los autos abandonados. Es que los vehículos contaminan y además no permiten el tendido de una red de agua ya que la tierra también podría estar contaminada.

Un informe ambiental (ver aparte) revelaba que en muchos de los chicos de la villa de entre 2 y 5 años que lindan con el depósito se les encontró plomo en sangre y enfermedades como distorsión del metabolismo por metales pesados. Además, habría asbesto producto de las pastillas de freno.

El gobierno porteño le contestó a Gallardo que no tenía potestad en esas tierras y que los vehículos eran propiedad de la Policía Federal que por entonces manejaba Aníbal Fernández.

Para mediados de noviembre de 2007, el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman firmó dos convenios con Aníbal para transferir las tierras a la Ciudad para poder sanearlas e instalar alrededor de tres mil viviendas. A su vez, el gobierno porteño se comprometía a transferir dos terrenos de su propiedad para crear un nuevo depósito para la Policía Federal.

Para completar el trámite la Legislatura porteña refrendó el convenio y que el gobierno nacional hiciera lo propio desde el propio Ejecutivo a partir de un decreto. Sin embargo, las tareas de saneamiento nunca se realizaron y el terreno sigue contaminado.

Las tierras, en tanto, siguen perteneciendo a la Ciudad. Fuentes del gobierno porteño admitieron que como nunca se “perfeccionó” el dominio, la escritura del terreno le pertenece a la Ciudad.

Y si bien Gallardo ya había obligado en 2009 a Macri a que clausurara el cementerio de autos y que compactara los vehículos que en algunos casos estaban abandonados hace 30 años, el Ejecutivo porteño no avanzó nunca con las obras de saneamiento.

La toma del lunes a la noche devolvió la atención sobre el predio de Lugano y ahora, mientras la toma continúa, desde el Ejecutivo porteño aseguraron a LPO que están avanzando en la contratación de una empresa que se encargue del saneamiento de los terrenos.