La primicia de LPO sobre una posible estatización de Edenor y Edesur generó una enorme expectativa sobre los pasos que seguirá el Gobierno para eventualmente quedarse con el control de la mayoría accionaria de las empresas distribuidoras de energía.

Según pudo saber este medio, en las concesionarias esta mañana había tensión respecto al anuncio que se prepara en la Casa Rosada. Pese a que en las compañías evitaron confirmar o desmentir que tengan información sobre ese anuncio, ninguna consideró la posibilidad un disparate.

La gran duda por estas horas es cómo avanzará el Gobierno para tomar el control de Edenor y Edesur, si finalmente se concreta esta decisión. De las palabras de Julio de Vido del viernes pasado se desprende que el Estado podría reclamar una capitalización de las deudas y las inversiones.

En una conferencia donde anunció los resarcimientos que deben pagar las compañías, el ministro de Planificación afirmó que "el Estado deberá capitalizar y poner en valor lo que ha invertido hasta ahora en el área energética". En se sentido, afirmó que en los últimos diez años el Gobierno destinó $ 72.150 millones para obras energéticas.

Además, De Vido recordó que las distribuidoras le deben a Cammesa -la empresa estatal que administra el mercado eléctrico- 4.771 millones de dólares, aunque en esa deuda hay que sumar a otras compañías como Epec, Edelap y Edelsa. La porción que corresponde a Edenor y Edesur sería de 1.448 millones de pesos. "Vamos a intimar el pago para poder llevar adelante el plan de obras necesarias", afirmó el ministro.

Las intenciones oficiales quedaron más que claras con la decisión de quitarle a las compañías  el manejo del Fondo para obras de consolidación y expansión de distribución eléctrica (FOCEDE). Se trata de un fondo de poco más 200 millones de pesos, con el que la Casa Rosada promete obras inmediatas,

Fuentes del mercado consultadas por LPO indicaron que si el Gobierno avanza en ese sentido y dependiendo el mecanismo que se adopte para llevar adelante la capitalización, efectivamente el Estado está en condiciones de quedarse con la mayoría accionaria.

Pero las mismas fuentes indicaron que se trata de un proceso complejo y que el Estado no podría hacerse cargo inmediatamente del manejo de las empresas, lo que es claramente la intención oficial. 

En principio, el Gobierno debería hacer una intimación oficial para exigir el pago de las deudas y esperar la respuesta de las empresas. En Edenor y Edesur ya tienen preparada la estrategia legal y sus abogados van a argumentar que no les permitieron aumentar las tarifas, por lo tanto no pudieron afrontar su deuda ni tampoco encarar las inversiones que terminó pagando Nación.

Recién ahí la Casa Rosada podría accionar judicialmente para intentar capitalizar esas deudas y seguramente se metería en un proceso largo y complejo que dilataría aún más las soluciones a la crisis energética.

Otra opción del oficialismo sería avanzar a través de una ley de expropiación y estatización como lo hizo con YPF. En principio, el kirchnerismo no tendría inconvenientes en conseguir los votos y hasta podría obtener beneficios políticos extras en el corto plazo como la recuperación de la iniciativa y el poner a la oposición en la incómoda situación de defender a Edenor a Edesur, que no tendrían otra opción que acudir a tribunales internacionales.

Son estas las opciones que por estas horas se comentan en el sector, aunque no hay que descartar que finalmente en la Casa Rosada sorprendan con alguna diagonal novedosa para avanzar en la estatización, si es que finalmente esta movida se concreta. 

La duda surge porque luego del episodio del aumento de la extensión del impuesto de Bienes Personales, esta claro que el Gobierno tiene afectado su proceso de toma de decisiones, lo que le mete incertidumbre incluso a rumbos de acción supuestamente definidos.