El secretario de Presupuesto Raúl Rigo admitió que tiene previsto subir los impuestos para la "leche común", pero aseguró que este incremento no influirá en el precio de los productos que se venden en los supermercados. 

La polémica surgió por los últimos artículos de la ley de ampliación presupuestaria que ingresó el sábado a la madrugada, e incluye un gravamen de 10.5% a la leche "fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos", que hasta ahora tributaban el 21%.

Pero los diputados de Cambiemos denunciaron que la redacción escondía un gravamen del 10.5% a la "leche común", que siempre estuvo exenta. Durante una exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ante una pregunta del radical Luis Pastori, Rigo dijo que "es verdad" que habrá "un grupo" de productos lácteos alcanzados por la alícuota.

Pero confió en que no impactará en el valor de las góndolas como parte de un ordenamiento fiscal de la cadena de valor, distorsionado luego que en agosto Mauricio Macri eximiera de impuestos a los productos básicos. 

"No logró reducir el precio y ocasionó dificultades técnicas, porque al que tener que trabajar la última etapa de la cadena de valor con productos exentos esto produce en las comercializadores una acumulación de crédito fiscal, que no puede ser aplicado. Al llevar al 10.5% será posible descargar estos créditos y esto quitará presión", prometió.

El debate dominó las redes sociales, pero ni siquiera formó parte de la larguísima exposición de Rigo ante la Comisión de Presupuesto, con filminas para detallar cada peso que se agregará al presupuesto con esta ley, que este miércoles tendría dictamen y el viernes se aprobaría en el recinto. 

Un impuesto a la leche en polvo complica la ampliación del presupuesto 

Pero los artículos sobre la leche tendrán los votos justos, porque al rechazo de Cambiemos se sumó el del diputado José Luis Ramón, presidente de Unidad para el Desarrollo, el bloque aliado que le garantiza las leyes al Gobierno junto a los 4 diputados de Córdoba. Serán los que permitan la moratoria fiscal el viernes y esta ampliación. 

En Cambiemos no quedaron conformes con su explicación. "Desde lo tributario es más prolijo unificar pero se olvidaron de la leche más barata, como la de sachet, que tendrá un 10.5% de aumento fiscal", explicaban en el principal bloque opositor. 

Rigo informó que la ampliación presupuestaria será de 1.859.582 millones de pesos y sumará 1.216.738 de déficit fiscal y 1.308.686 de necesidades de financiamiento, que se cubrirán en su mayoría con nueva recaudación (642.844 millones), rentas del Banco Central (1.017.738) y fuentes financieras (290.948). 

No se computa el ingreso estimado por la AFIP de la moratoria (540 mil millones de pesos) y se estima que la mayor parte del gasto será para servicios sociales (592.236 millones), seguido por subsidios económicos (250.677 millones), como se conoce al financiamiento a los servicios públicos como luz, gas y transporte del área metropolitana.  

También hay 170 mil millones para el ingreso familiar por emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), 130 mil para asignaciones familiares, 78 mil para desarrollo Social, 63 mil para Educación, 51 mil para Salud.

Como explicó LPO, el decreto contempla aportes directos a las provincias a través de un refuerzo de 50 mil millones al fondo fiduciario para asistirlas por la pandemia, además de los aportes sociales que se desparraman entre familias y empresas de todo el país. Es lo que hace imposible que lo rechace la oposición, aunque Cambiemos anticipó algunas objeciones que llevará al recinto.

La principal es el canje de título de deuda El artículo 7, que permite canjear instrumentos en pesos por títulos de 1.500.000.000 en dólares. Y el 8 habilita futuras suscripciones de títulos públicos denominados en pesos se puedan "realizar con instrumentos de deuda pública denominados en igual moneda".

En todos los casos, explicó Rigo, se busca estirar vencimientos imposibles de pagar a corto plazo por otros más lejanos. "Puede ser que en el futuro tengamos los dólares", aventuró ante una consulta de Luciano Laspina, del PRO.

El macrista recordó que el articulo 65 de la ley de administración financiera actual lo obliga a explicar si el canje mejora montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales, una restricción que Macri quiso cambiar y no tuvo aval de la oposición. "Este no es un canje de deuda sino una política de administración de pasivos. Se va a hacer una subasta", se excusó el funcionario.