Alberto Fernández envió en la madrugada del sábado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ampliar las partidas presupuestarias, con el foco puesto en fortalecer la asistencia a las provincias y garantizar las mayorías en los recintos del Congreso.

Se tratará este martes en la Comisión de Presupuesto el martes junto a la ley de moratoria fiscal, pero se dictaminaría al día siguiente. Si bien el plan original era sesionar el miércoles, la reunión se trasladó para el viernes, con el objetivo de sumar una ley para evitar las quiebras de las empresas. 

Como explicó LPO, los partidos provinciales de Misiones, Río Negro y, sobre todo, Córdoba, que la semana pasada recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una cuota del plan para financiar el déficit previsional, son claves para sancionar la moratoria cómo llegó desde el Poder Ejecutivo sin las modificaciones exigidas por Cambiemos. Con la ampliación, se sumará un aporte de otros 6 mil millones de pesos para garantizar que Schiaretti y otros colegas puedan pagar jubilaciones. 

Además, se contempla un aumento de 50 mil millones de pesos el programa de emergencia financiera provincial, un decreto que firmó el 8 de abril y permitió girar 120 mil millones de pesos a las provincias más afectadas por el Covid 19.  Los gobernadores de Cambiemos denunciaron que se privilegió a Axel Kicillof y el presidente, si le aprueban esta ley, tendrá cómo compensarlos. 

La ampliación presupuestaria incluye 6 mil millones de pesos para financiar deudas previsionales y 50 mil para reforzar los créditos que otorga el gobierno a las provincias por la pandemia. La Rioja cobrará una compensación 7100 millones de pesos.

El más favorecido es el riojano Ricardo Quintela, del PJ: recibirá 7100 millones de pesos y otros 340 para sus municipios, como parte de un viejo reclamo por una compensación por coparticipación mal liquidadas. Además, habrá una contribución al tesoro de 83.324.270 por parte de organismos descentralizados.

Entre el financiamiento a obras públicas se destaca un préstamo por USD 149.600.000 a Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) a pagar en 3 años, para financiar la fase 3 del río subterráneo, que permite brindar servicio al área metropolitana, la más afectada por la pandemia. También se garantizan fondos para reanudar las obras para la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), un reclamo de formoseños y chaqueños. 

 "Las restricciones de gestión derivadas del funcionamiento con una Ley de Presupuesto prorrogada se han visto profundizadas por la irrupción de la pandemia, que ha requerido y aún requiere una decidida respuesta del Gobierno Nacional para implementar con celeridad una serie de políticas públicas de contención de la emergencia sanitaria, social y económica", justifica el proyecto los nuevos gastos del 33,6%, con un 17.2% de aumento de los recursos. El resto se financiará con deuda en pesos y refinanciación de los títulos locales. 

El aumento de los ingresos se explica con las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y las del Banco Central, además de aportes tributarios superiores a lo estimado en el presupuesto 2019, que es el que está vigente. Ni bien asumió, Fernández prefirió prorrogarlo y no enviar uno propio.

Habrá un refuerzo 626 millones de pesos a partidas de seguridad social, destinadas a los programas para asistir a los sectores golpeados por la crisis económica, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el plan que permite fiananciar el 50% de los salarios, que demandarían 218.295,2.  El aporte total para gastos corrientes es de 978.219, e incluye sectores "privado, público y externo".  

Hay un refeurzo de $ 11.088 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), para el pago de deudas correspondientes a medicamentos oncológicos y tratamientos especiales, otra caricia a los gobernadores. 

La ley dispone la emisión de títulos por u$s1.500 millones para cambiar deuda corta en pesos por otra a pagar en plazos más largos en dólares, una oferta apetecible para el acreedor y suficiente para aliviar el déficit fiscal de este año. Y se habilita la emisión de títulos públicos en pesos "al valor técnico calculado a la fecha de liquidación de cada una de las colocaciones". 

Una polémica será el artículo 19, que grava con 10.5% la venta de leche en polvo, fluída, entera o descremada, que estuvieron exentas después de las primarias y hasta fin de año. "Esto impacta en el precio final. Encarecen los productos de consumo popular masivo, que están exentos para no dificultar su acceso a los sectores de menores ingresos. Sólo les queda solo ir por el agua y los medicamentos", protestó el radical Luis Pastori.