Las deudas provinciales son un capítulo aparte en la historia de la reestructuración de la sostenibilidad de la deuda nacional. Con un peso conjunto equivalente al 7% del PBI, la situación de unas difiere notoriamente de las de otras y como tal también difieren las estrategias que pueden encarar en el actual contexto de ausencia de financiamiento.

En líneas generales ninguna provincia quedó bien parada tras la fuerte devaluación del peso desde 2018 y la fuerte caída de reservas durante 2019 dificultó la capacidad de pago de todo el país. Por eso, Guzmán les pidió a las provincias que eviten pagar y reperfilen los vencimientos.

Radiografía de las provincias más complicadas por la deuda en 2020

Este pedido tiene doble fundamento. En primer lugar, con el mercado de divisas tan reducido por el cepo, lo más probable es que los dólares salgan de las magras reservas internacionales. Y en segundo lugar, porque si los gobernadores se agotan los recursos propios, el Tesoro nacional no está en condiciones de asistirlos con adelantos.

El caso de Chubut es sin duda el más grave, por eso durante 2019 ya había adelantado que renegociaría su deuda. Pero el de la provincia de Buenos Aires es el más altisonante: el episodio con los bonistas que se negaron a postergar el vencimiento del pago de capital que pidió Kicillof evidenció que las provincias no pueden anticiparse a la renegociación de Guzmán.Kicillof confirmó que Fidelity le bloqueó la negociación y pagará la deuda con fondos propios

Así lo destacó el economista y profesor de Finanzas de la UTDT Federico Furiase en una conferencia en la Universidad de San Andrés este martes: "Las provincias van a tratar de acoplarse a los parámetros de la reestructuración soberana. Tuvimos el problema de que hubiese un vencimiento de capital de la provincia de Buenos Aires ante de que estuviesen los lineamientos de reestructuración y toda la novela que se generó entorno al vencimiento del BP21 que era de unos 250 millones de dólares. Esa novela nunca tendría que haber estado porque quitó poder de negocación y generó un ruido innecesario".

"El problema de déficit fiscal está concentrado en la Nación y no en las provincias. Sus números son mucho más manejables y por eso es tan importante tener la reestructuración rápido para que las provincias puedan evitarse dificultades con los vencimientos que vengan", agregó.

En ese mismo panel, el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, discrepó y dijo que en su opinión hay un valor reputacional que cuidar para las provincias que tengan la posibilidad de marcar la diferencia respecto de la indisciplina financiera nacional. De hecho, esa fue la estrategia de Córdoba hasta el momento. El gobernador Schiaretti fue el primero en desmarcarse y señalar que él seguiría cumpliendo con los vencimientos. Al fin y al cabo, su provincia no enfrenta vencimientos de capital en 2020 y por ahora cumplir con los intereses le insume cerca de $4 por cada $100 de ingresos corrientes.

"Yo creo que es un problema acoplarse. Creo que las provincias son entidades jurídicas autónomas y distintas. Hay provincias que tienen mucha más relación con el Gobierno nacional y correlación con la evolución de sus finanzas y otras que no. Me parece que hay que contemplar estas cosas. Si uno quiere dar méritos individuales de una reputación a defender, de un manejo fiscal y financiero responsable, hay una posibilidad de que tenga su correlato en el manejo de su deuda y las consecuencias de eso".

"Me parece que esta idea de que ‘el gobierno nacional tiene un problema, generalicemos más el problema' dificulta la solución. Por eso destaco tres categorías: algunas provincias han tenido manejos responsables y que además no dependen tanto de las finanzas nacionales y una reputación a defender y creo que eso hay que valorarlo. Hay otras que están en el otro extremo y en el medio hay otras que están más asociadas a la Nación. Y si bien sabemos que el ‘código postal' nos afecta a todos, no somos todos iguales ni deberíamos serlo", agregó.

En este sentido, el único distrito que ha logrado un desacople en materia de ratings de deuda es la Ciudad de Buenos Aires, que encaró un proceso de pesificación de su deuda durante 2017 que le permitió que el ratio en moneda extranjera se redujera a la mitad. Así y todo, $7 de cada$100 pesos que ingresan a la Ciudad se destinan al pago de intereses.

Para el resto de las provincias, las condiciones de emisión de cada uno de sus bonos serán determinantes a la hora de entender lo que más les convenga: "Hay que hilar finito y ver hasta qué punto cada papel permite defender la reputación en un contexto en el que todavía no hay un default nacional. Por ejemplo, no es menor el tema de las garantías: la tienen muy complica para reestructurar aquellas que pagan la deuda de forma automática mediante fideicomisos con regalías o coparticipación que reciben el dinero antes de que llegue a manos de las provincias. La provincia de Buenos Aires no tenía garantías y así y todo tuvo que dar marcha atrás, ni pensar aquellas en las que los bonistas tienen garantías y no tienen ningún incentivo para renunciar voluntariamente a un derecho por el que pagaron", explicó a LPO el economista y ex director nacional de Asuntos Provinciales Félix Piacentini.

"Las cláusulas de ‘cross default' también son un problema porque podrían obligar al pago no solo del bono en cuestión sino de otros bonos. Por eso, me parece que las reestructuraciones provinciales tienen que ir coordinadamente o en paralelo con la de la Nación. Se pueden postergar algunos bonos, pero no tiene sentido que La Rioja defaultee por 15 millones de dólares, más cuando las provincias tienen la ventaja de poder comprar los dólares a $63 y no tienen que recurrir al contado con liquidación como los privados. Sería meter un ruido innecesario. En total en 2020 las provincias tienen vencimientos por unos 1.500 millones de dólares".

"Los años siguientes es un poco más complicado, pero no por el stock de la deuda sino porque está muy concentrada en los siguientes 2 a 3 años. En este sentido y en este contexto de tasas bajas, a un acreedor se le puede pedir un estiramiento de los plazos, pero manteniendo más o menos las mismas tasas", concluyó el economista consultado.