Alberto Fernández sobreactuó este miércoles su presunta pasión por Raúl Alfonsín en un homenaje que encabezó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde se propuso ser "un pedacito" de lo que fue el ex presidente.

No fue sólo un reconocimiento con su ahora ex colega sino una necesidad: en diciembre, algunos radicales pueden ayudarlo a alcanzar la mayoría que no tiene en la Cámara de Diputados y serán necesarios para llegar a los dos tercios del Senado, requeridos para nombrar el procurador general, el jefe de los fiscales.

Alberto ya dejó trascender que quiere en ese lugar al juez federal Daniel Rafecas y ya habría pasado el filtro de Cristina Kirchner, según confirmaron a LPO fuentes kirchneristas con experiencia en los pasillos de tribunales.

No olvidan el allanamiento a Amado Boudou, al inicio de la investigación de la causa por la expropiación de Ciccone Calcográfica, pero lo compensan con su rápida desestimación de la denuncia contra la ex presidenta  del fallecido fiscal Alberto Nisman, por supuesto encubrimiento de los acusados de volar la Amia. Su posición le costó una sanción del 50% de sus haberes del Consejo de la Magistratura, aminorada a la mitad por la Corte Suprema.

Fernández lo conoce de siempre y lo promovió como juez federal en 2004, con sólo 37 años. Pero su primera misión le puede complicar su futuro: llevó adelante la causa por sobornos en el Senado en la presidencia del recientemente fallecido radical Fernando de la Rúa, con la confesión del ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto.

Mientras no se elija un nuevo procurador seguirá a cargo Eduardo Casal, quien este año frenó una investigación contra Stornelli, que seguirá protegido además por el jury de ese organismo. 

Su actuación no es bien recordada en el Senado. "Maltrató a los senadores y hasta los empleados, que llamaba a declarar para movilizar el expediente y los sometía preguntas insólitas como si conocían a Pontaquarto, que era un funcionario que participaba de las sesiones", rememoran.

Los radicales nunca le perdonaron aquella gesta y hasta tienen cómo defenderse: la causa, que por aquellos años Alberto fogoneaba como jefe de Gabinete estelar, se cerró 9 años después sin ninguna condena. "Lo más impresionante, es que el fallo señala que el pago de sobornos no existió, por lo tanto sus medidas en primera instancia fueron erróneas y no podríamos aprobar el pliego de un inepto", explicaron a LPO desde el oficialismo.

Los juristas que caminan Comodoro Py dan como un hecho que Rafecas será propuesto como procurador, lo ven "entusiasmado" y aseguran que Marcela Losardo, la elegida de Alberto para ser ministra de Justicia, ya le anticipó que deberá volver a caminar los pasillos del Senado.

Pero no será fácil aprobar el pliego sin los radicales, descartada la ayuda del PRO. Entre ambos reunirán 24 votos (8 macristas y 16 de boina blanca), uno menos que lo necesario para bloquear los dos tercios.

Eduardo Casal, actual procurador interino. 

HCDN

Pero confían en que serán parte de su interbloque la neuquina Lucila Crexell, el sanjuanino Roberto Basualdo, el puntano Claudio Poggi y el salteño Juan Carlos Romero, todos con bancas ganadas por el PRO pero con pasados en otras terminales.

Alberto debería sumar además a Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Saá, al ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y contener muy bien a los misioneros y santiagueños, que empezaron a pedir dividendos para sumarse al interbloque oficialista.

Sorpresivamente, Maurico Macri envió este miércoles al Senado el pliego de Rafecas como juez de la Cámara de Casación en lo criminal y correccional, un cargo que había ganado por concurso.

Germán Garavano pisaba el expediente en su despacho pero perdida la elección lo giró a la Comisión de Acuerdos, presidida por el salteño Rodolfo Urtubey y cerrada a mitad de año por presión de Cristina Kirchner. Los senadores del PJ recién la obedecieron cuando se los pidió Alberto.

Fuentes de la UCR en el Senado señalaron a LPO que en el bloque desconocen los motivos del pliego de Rafecas que llegó a mesa de entradas y negaban cualquier intención de tratarlo en este mes.

En el macrismo cuentan otra versión. "Era un pliego pensado para liberar un juzgado federal si ganábamos la elección presidencial. No entiendo porqué lo mandaron igual", se preguntan. 

La pelea por Stornelli

El fiscal Carlos Stornelli es el más interesado en el futuro de la procuración, donde un Consejo evaluador duerme una investigación sobre los motivos que lo llevaron a faltar cinco veces a declarar al juzgado de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, en la causa sobre presunto espionaje ilegal que tiene detenido al falso abogado Marcelo D'Alessio.

El actual jefe de los fiscales es Eduardo Casal, un funcionario de carrera que asumió en 2017 cuando Alejandra Gils Carbó cedió a la presión de Macri y renunció, después de la victoria electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas de las principales provincias.  

Macri no logró acordar con el peornismo un sucesor. Había negociado con el entonces jefe peronista Miguel Pichetto al fiscal Raúl Pleé, pero no terminó de confiarle y prefirió proponer a Inés Weinberg de Roca, quien alcanzó a ir a una audiencia pública pero no consiguió siquiera que su pliego sea discutido.

El problema que tendrá Alberto es que mientras no logre consenso para designar a un procurador no podrá echar a Casal, a quien los abogados kirchneristas ya imaginan presionado para que de un paso al costado. No tardarán en citarlo a la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, donde Gils Carbó fue denostada por sus colegas durante un año.

Casal fue en junio y reconoció que prefirió no inciar un jury contra Stornelli por negarse a declarar. Su decisión aún sorprende a los futuros oficialistas, porque el jury de enjuiciamiento está dominado por el Gobierno y no será fácil que Alberto logre controlarlo sin un procurador propio. 

De esta manera, aunque fuera procesado por Ramos Padilla, este ignoto tribunal podría proteger a Stornelli, protagonista de la mayoría de las causas sobre corrupción del kirchnerismo y de la investigación de los "cuadernos", que la semana pasada tuvo un curioso capítulo pre electoral. 

El jury lo componen siete miembros: dos por la Procuración, un delegado del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno por la federación de colegios de abogados y uno por el Colegio Público de Abogados por Capital Federal.  

El único kirchnerista es el académico Federico Thea, cercano a Axel Kicillof, encargado de llevar la transición en la provincia con María Eugenia Vidal y con destino asegurado en el Gabinete bonaerense. Para destituir un fiscal se requieren cinco votos. 

Cuando el caso D'Alssio dejó contra las cuerdas a Stornelli, el Gobierno se movió rápido para sumar presencias. Gabriela Michetti nombró por decreto del Senado a Mario Laporta, cercano a Daniel Angelici, quien también lo ubicó como presidente del Tribunal de Disciplina de la Superliga de fútbol. Pichetto, que ya hablaba seguido con Macri, nunca le contó a sus entonces dirigidos de está maniobra. 

En el peronismo aseguran que jamás supieron cuando fue el sorteo de la Procuración por el cual fueron elegidos  Juan Carlos Paulucci y  María Alejandra Obregón, pero no le será fácil reclamar si no consiguen tener un jefe del organismo que les atienda el teléfono. Tarea nada sencilla.