Entrevista
La candidata de López Obrador para gobierno explica el proyecto de amnistía a narcos
LPO entrevistó a Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte.

En las oficinas de su notaría, Olga Sánchez Cordero dedica horas junto a su equipo en los trazos gruesos de las iniciativas que impulsaría desde la Secretaría de Gobernación. En los últimos días, un tema en particular ocupa de manera obsesiva su cabeza: una propuesta de amnistía que ayudaría a pacificar la violencia descontrolada.

Con solidez técnica, la ex ministra de la Suprema Corte dedicó casi dos horas de conversación exclusiva a La Política Online, en donde explicó los fundamentos jurídicos de una ley de amnistía, pero reveló al mismo tiempo algunas de sus posturas políticas, como el ajuste de curules en la Cámara de Diputados, la eventual reforma de la Fiscalía General y el peligro que implicaría para AMLO en caso de quedar sin fuero.

Usted siempre se ha definido por los derechos de las minorías, las mujeres, el aborto, el matrimonio igualitario... Uno puede preguntarse cómo convivirá esa mirada netamente progresista con la indefinición histórica de AMLO o incluso con aliados conservadores como el PES. En concreto, ¿qué debemos esperar si gana AMLO: avances o status quo respecto a estas temáticas?

Esperaría que siguiéramos avanzando. Y en esa línea también está Andrés Manuel. Él ha dicho más de una vez -independientemente de su manera de pensar- que respetaría los derechos de la comunidad lésbico-gay, y también el avance en la despenalización del aborto.

Los fueros son una protección muy importante para el Presidente. Un sistema de contrapeso elemental para la democracia. Respeto la opinión de AMLO de querer quitarlos, porque es una bandera de vida. Pero yo no opino de la misma forma.

Desde luego en materia de derechos humanos tiene una idea clara de ir avanzando. Porque no es nada más el respeto a la comunidad lésbico-gay, el matrimonio igualitario o incluso su derecho a adoptar, hay temas de derechos humanos que está vislumbrando como prioridad.

Sólo pongo un ejemplo: las violaciones a los derechos de los migrantes. Pareciera que ellos son personas de segunda. Pareciera que en los países, incluyendo México, los derechos no son universales, porque no son aplicables a los migrantes. Hemos conversado con Andrés Manuel que eso será una prioridad.

La he escuchado en más de una oportunidad hablar sobre una serie de reformas que sí necesitaría la Constitución (por ejemplo, la reforma a la calidad de mexicano). López Obrador, en cambio, repite que el andamiaje jurídico actual alcanza para modificar la realidad de los mexicanos. Misma pregunta: ¿Debemos esperar o no reformas constitucionales en este eventual sexenio?

A lo que se refiere Andrés Manuel -y lo voy a decir de manera muy coloquial- es que no hay que avanzar por la vía de una "reformitis", ni tampoco de la expedición exagerada de leyes. Si hacemos realidad todas las que tenemos -y le sumamos las que sí se tendrán que expedir en su momento- podemos modificar la realidad.

Sucede que los diputados ya tienen en sus cajones, o más que cajones ya son bodegas o archivos enormes, guardadas iniciativas. A eso se refiere AMLO. Si no tenemos la posibilidad de desahogar todo lo que está pendiente, ¿para qué mandarles más y más? Es un acto de realismo.

Ahora bien, se aprobó una reforma para incluir las iniciativas preferentes que envía el Presidente de la República. Entonces, a lo mejor haremos uso de esa herramienta para temas muy particulares. Pero no estar reformando porque sí.

La candidata de López Obrador para gobierno explica el proyecto de amnistía a narcos

La única reforma que él menciona siempre es la del Artículo 108, que le da fuero al Presidente y sólo permite que se lo enjuicie por traición a la patria. AMLO dice que debería quitarse esa protección para que lo puedan investigar también por casos de corrupción. ¿No es un riesgo para su propia gobernabilidad, en caso de ganar las elecciones?

Sí, Andrés Manuel quiere quitarle el fuero al Presidente. Hace unos días, leía un artículo de Diego Valadés (experto en Derecho Constitucional) en donde explicaba que el fuero es, en rigor, un elemento muy importante en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia. Y decía también que no podíamos irnos con la ola política de las campañas. El fuero presidencial se determinó para la protección del Poder Ejecutivo, entonces quitárselo al Jefe de Estado lo dejaría en una posición muy vulnerable.

El Presidente no puede quedar en ese estado de vulnerabilidad, sin fueros. ¿Cómo se defendería AMLO de un eventual ataque de factores reales de poder? El ejemplo de Brasil con Lula es efectivamente es muy claro: lo metieron en prisión sin pruebas.

Pero, ¿usted qué opina?

Coincido. Es una protección muy importante para el Presidente. Un sistema de contrapeso elemental para la democracia.

¿Y se lo ha comentado a López Obrador?

No. Porque Andrés Manuel trae esta bandera desde toda su vida.

¿No le da temor que si AMLO se quita el fuero, pueda sufrir algún tipo de embate político-judicial, similar al que ocurrió -por citar un ejemplo- con Dilma Rousseff o Lula Da Silva en Brasil?

Ese es precisamente el problema, y por eso hablamos del sistema de contrapesos. Pero debo admitir que no lo conversé con él, es la primera vez que me expreso en este sentido. Siempre lo pensé como constitucionalista, eso sí. El Presidente no puede quedar en ese estado de vulnerabilidad. ¿Cómo se defendería de un eventual ataque de factores reales de poder? ¿Contra el poder económico, poderes políticos?

El ejemplo de Brasil efectivamente es muy claro: ese país se va hacia la derecha y le incomoda enormemente que Lula pueda regresar. Yo vi su juicio y el juez Sergio Moro sólo por indicios lo encarceló. No tenía ni siquiera la documentación fundamental, ni las evidencias sustentadas del famoso departamento. Lo mete a la cárcel para que no compita en la elección.

Queda entonces la tarea de conversarlo con AMLO...

Sería, como dicen los americanos, useless [inútil, en inglés]. No lo convenzo en ese tema, eh. Es un tema de vida, entonces sería absolutamente infructuoso. Respeto su opinión, pero la mía es otra.

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La escuché repetir en muchas entrevistas sobre la importancia de recuperar la cultura de la legalidad en México. Le pregunto ya no en términos políticos, sino desde una mirada conceptual y académica, ¿la idea de una Ley de Amnistía no atenta o se contrapone a esa cultura de la legalidad? ¿Es posible, en términos teóricos, la coexistencia de una amnistía con una sociedad apegada a derecho?

Por supuesto. Hay un tema muy interesante, el cual es el concepto de "justicia transicional", que se aplica cuando en un país tienes graves y extendidas violaciones a derechos -sea por una guerra civil, por una dictadura, rebelión, pobreza, violencia o narcotráfico- y tienes que transitar hacia una paz social, hacia un estado de derecho y una democracia.

En esta justicia transicional tienes dos ejes. El primero, son los derechos de las víctimas, y esos hay que protegerlos porque son irrenunciables: el derecho a la verdad, al acceso de justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición.

Pero por otro lado, tienes instrumentos que te dan la posibilidad de lograr esa transición a la paz social. La Ley de Amnistía es una de esas poderosas herramientas. Garantiza que no perseguirás, que podrás cerrar causas a quienes ya estén bajo proceso o incluso de quien ya esté sentenciado para que recupere su libertad.

Ahora bien, por tratados internacionales, no se puede dar la amnistía a quien cometió delitos de lesa humanidad: desaparición forzada, genocidio, tortura, violencia contra las mujeres, esterilización forzada, embarazo forzado, trata de personas... Todos esos delitos quedan excluidos.

Hubo siete presidentes mexicanos que ya aplicaron la amnistía. Benito Juárez con los perseguidos políticos, Avila Camacho, López Portillo con la guerrilla de Lucio Cabañas, Echeverría con el movimiento del 68, Salinas de Gortari con el movimiento zapatista.

Uno de los temores es que en un país con impunidad, desconfianza en las autoridades y falencias en la procuración de justicia, existan personajes del crimen organizado -incluidos capos- que no tengan ninguna denuncia o causa de esas que menciona, aunque sí hayan cometido delitos aberrantes, y que puedan entonces "colarse" en la amnistía por un delito común. ¿Existe ese riesgo?

La Ley de Amnistía es un tanto complicada de elaborar. Primero, tienes una temporalidad. ¿Qué haría yo? Se lo dije a Andrés Manuel: haría que abarque desde el 1 de diciembre de 2006 -cuando Felipe Calderón declara la guerra contra el narco- y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Por otra parte, tienes que determinar tu universo destinatario. Quiénes van a estar, quiénes van a ser los beneficiarios: jóvenes, campesinos, mujeres reclutadas a la fuerza. Hay una serie de definiciones que marcan cómo se aplicaría esta ley.

Hubo siete presidentes mexicanos que ya aplicaron esta herramienta. Y todos delimitaron el beneficio a una temporalidad, a un universo e incluso a regiones específicas del territorio nacional. En este caso debería ser general porque: ¿en qué lugar del país no hay violencia y crimen organizado?

Sólo por mencionar algunos antecedentes: Benito Juárez usó la amnistía para los perseguidos políticos, y para hablar de mandatarios más contemporáneos, tenemos a Manuel Ávila Camacho, el presidente José López Portillo con la guerrilla de Lucio Cabañas, Luis Echeverría con el movimiento estudiantil del 68, Carlos Salinas de Gortari con el movimiento zapatista...

Aun así, parece razonable el argumento de quienes creen que la amnistía implica un acto de injusticia frente a aquellos que sí cumplen la ley. Un ejemplo menos dramático que ilustra esta sensación son las moratorias fiscales. Los que sí pagaron sus impuestos sienten que hubo una estafa...

Imagina a un sicario de 13 años. ¿Qué hacemos con él? Detrás de una ley de amnistía hay un problema de justicia social. Detrás de la moratoria fiscal, no. Y menos aún cuando prácticamente les perdonan la deuda. Ahí sí da coraje.

Suponiendo que ingresa en la ley de amnistía, ¿qué sigue para ese sicario de 13 años?

Tienes que recomponer el tejido social, mostrarle una salida. Darle una oportunidad laboral, económica y una alternativa académica. Esa herramienta es clave. Por eso no entiendo la critica a López Obrador por querer darles un piso mínimo de 2,000 pesos a los jóvenes. Es justamente para que desde allí despeguen.

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AMLO plantea un fuerte ajuste al gasto corriente, además de ahorrar gracias al destierro de la corrupción. ¿Estarían de acuerdo con reducir el número de diputados y senadores en el Congreso?

Reduciría el número de la Cámara de Diputados. Estados Unidos, que es mucho más grande que nosotros, tienen muchos menos diputados. Sí reduciría la Cámara Baja, pero sin quitar todos los pluris. Generalmente, los pluris son la crema y nata de los partidos, muchas veces gente con prestigio, que no ha hecho trabajo territorial pero sí tiene enormes calificaciones.

Reduciría entonces en una mezcla. Quitaría un poco de pluris y un poco de mayoría. Tendría un costo económico por la redistritación y también un costo político, pero conceptualmente creo que sería lo correcto. Una Cámara Baja con unos 300 o 350 diputados sería razonable.

Reduciría el número de la Cámara de Diputados, pero sin quitar todos los pluris. Lo haría en una mezcla. Una Cámara Baja con unos 300 o 350 diputados sería razonable. El Senador lo dejaría como está.

¿Avanzarían en una reforma político-electoral?

[Se ríe efusivamente.]

No lo pregunto por la reelección, sino por otros asuntos controversiales como los spots, las condiciones para los candidatos independientes...

Te voy a decir algo. En México es muy común que termina un proceso electoral presidencial y todo mundo quiere volver a hacerle ajustes a las leyes electorales. Que no sirvió esta cosa, que no fue eficaz esta otra cosa. Siempre tenemos el pretexto de los nuevos ajustes. Y siempre hay esa tentación.

Más allá de eso, no te puedo decir ni adelantar nada, porque van a decir que yo quiero una reforma electoral para la reelección y demás acusaciones en medio de la campaña.

Entiendo que el colectivo de ONG's que encabeza Claudio X. González ya se acercó para conversar con usted sobre el artículo 102 de la Constitución, para dotar efectivamente a los fiscales -general, anticorrupción y electoral- de un mayor grado de autonomía. ¿Cuál es su postura al respecto?

Así fue. Ellos piden un mecanismo que -yo se los dije con todas las letras- es complicadísimo. Quieren nombrar ellos a un comité, que a su vez elige a diez potenciales candidatos, que van al Senado para ser ratificados, la Cámara Alta los remite al Presidente, Los Pinos nombra una terna de esos diez, ese trío vuelve al Senado, y finalmente los senadores seleccionan a uno. Imagínate. Me parece muy rebuscado.

Ahora bien, como ellos, no estoy de acuerdo con que el Fiscal General dure nueve años en su cargo -podría durar 6 años pero de forma transexenal-, ni que pueda nombrar y remover a los fiscales especiales en delitos electorales y de corrupción. Con esos cambios sí estoy de acuerdo.

Andrés Manuel quiere directamente mandar una terna al Senado y que ellos designen libremente. Yo voy más allá todavía: digo que con Fiscal General y ministros de la Suprema Corte ni siquiera debería ser una terna. Miremos a Estados Unidos: el Presidente manda una sola opción de Fiscal. Por supuesto, esa opción viene revisada por el FBI, por la CIA y por todos los organismos de control.

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Sin dar nombres, ¿la composición actual de la Suprema Corte tiene una mayoría conservadora o liberal?

No podría definir en este momento si la Corte es liberal o conservadora. Creo que sería muy tajante definirla así. En algunos casos, muchos de los ministros votan en un sentido, y en otros no. Por ejemplo, en matrimonio igualitario votaron casi unánimemente a favor. Quizá en otros temas hay más conservadurismo, como en materia fiscal o telecom.

¿La conformación de 11 ministros es funcional o estaría de acuerdo con una reforma?

No. Su conformación es correcta. Pienso además que no sería necesario la creación de un Tribunal Constitucional, creo también que hoy la Suprema Corte es un Tribunal Constitucional del Estado mexicano.

Cuando AMLO designó a su eventual Gabinete hubo lecturas políticas sobre su integración. Esteban Moctezuma, por ejemplo, tiene fuerte lazos con TV Azteca y fue parte del Gabinete de Ernesto Zedillo. De usted también se recordó cierta cercanía con el expresidente. ¿Se definiría como zedillista?

A ver. Al expresidente lo respeto mucho y le tengo afecto. Pero, ¿estamos hablando de cuántos sexenios atrás? No sé si con eso te respondo. Ahora, que le tengo afecto todavía, por supuesto.

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