Siempre evitando el conflicto", repitieron esta semana los referentes legislativos de Cambiemos, cuando hablaron con sus pares sobre la agenda parlamentaria de 2018, que Mauricio Macri empezó a definir con su gabinete.

Temerosos de repetir una tensión similar a la generada por la reforma previsional, en el Gobierno piensan en debates sin prisa con proyectos que no sean letales para el futuro inmediato, como los jurídicos.

Hay varios pendientes, pero ninguno tan relevante como la reforma del Código Penal, que diseña hace dos años una comisión especial en el Ministerio de Justicia, presidida por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Macri quiere debates tranquilos en el Congreso y los temas jurídicos podrían resolverse sin  conflictos en las calles. La reforma penal la debaten especialistas en el Ministerio de Justicia. Está pendiente la de Ministerio Público y la ley de subrogancias, que podría incomodar a Cristina. 

Su equipo viene trabajando en varios cambios, como la precisión de la figura de asociación ilícita (serviría para apresar barras bravas), delitos que afecten el medio ambiente, lesa humanidad (con figuras como genocidios y desaparición forzada) y nuevas tipificaciones por corrupción e hidrocarburos. 

Claro que no podrá evitarse la taquillera discusión de "mano dura" o "mano blanda", que frustró el Código en tiempos de kirchnerismo. Es que los parches como las recordadas "leyes Blumberg" dejaron un sistema penal incongruente y los especialista, de mínima, quieren emprolijarlo. 

"No habrá prisa. Habrá un largo debate, con opiniones de todas las organizaciones", anticipó a LPO un legislador de Cambiemos, que sigue de cerca los temas de la justicia. El objetivo de Cambiemos no variará: que las leyes se sancionen sin tensar la cuerda. Si la discusión conlleva riesgos, Macri apelará a decretos.

En febrero se sabrá quién preside la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que hasta ahora estuvo a cargo de entrerriano Pedro Guastavino. "Quiere seguir, pero la queremos para nosotros", admitieron en Cambiemos.

 Mariano Borinsky., a cargo de la comisión que estudia un nuevo Código Penal. 

Los temas jurídicos disparan rigurosos debates en el Congreso, donde nunca faltan abogados, pero no siempre en crisis políticas, porque los gobernadores suelen desinteresarse por los avatares de la justicia federal. Miran de cerca los Tribunales de sus provincias.

Sí le interesan a Elisa Carrió, que parece ser la oveja negra cada vez que Macri quiere reformar el Ministerio Público: frenó la ley en 2016 que sellaba el destino de Alejandra Gils Carbó y ahora no estaría conforme con el proyecto presentado por Federico Pinedo y Miguel Pichetto.

Macri lo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre, pero la violenta reforma laboral redujo la agenda al mínimo. El texto consensuado borra dos pesadas herencias de Gils Carbó: elimina sus procuradurías especializadas y habilita a remover empleados, ambas cuestionadas por el kirchnerismo.

Claro que el punto principal de la ley no es ese, sino la posibilidad de darle un mandato de cinco años al procurador y removerlo por decisión del Poder Ejecutivo o la mitad más uno de los miembros del Senado y Diputados.

Ya con el proyecto presentado, los senadores habían consensuado que sólo pueda echarse a un procurador con dos tercios de la Cámara baja y la mayoría del Senado, pero nadie contempló que Carrió pudiera aparecer y en 2018 es una opción certera.

Ahora tiene quien le escriba: Fernando Sánchez, flamante Secretario de Fortalecimiento Institucional, habla a diario con Mario Quintana y con los principales legisladores de Cambiemos.

Con o sin reforma, Macri deberá enviar tarde o temprano el nuevo candidato a procurador y para llegar a los tercios alcanza con el bloque justicialista. Será una negociación más.

Quedaron pendientes en el Senado proyectos aprobados en Diputados como el nuevo régimen de subrogancias, que cubre un vacío aprovechado por Cristina Kirchner para ocupar juzgados con abogados afines. Sus diputados no se molestaron en impedirla y será curioso escuchar su opinión en el Senado, donde dicen que el debate no pasará de marzo.

Claro que el tema jurídico que tendrá a la ex presidenta de protagonista será su desafuero, pedido por el juez Claudio Bonadío y hasta ahora ninguneado por Pichetto. "Será un tema prioritario", ratificó esta tarde Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos en el Senado. 

Sin ayuda, su bloque no llega ni a emitir dictamen de comisión de Asuntos Constitucionales, que ya no presidirá el kirchnerista Marcelo Fuentes. Pinedo y Pichetto se dirimirán el reemplazante, pero Cambiemos tiene una carta de negociación: prometió respetar la presidencia de Acuerdos para Rodolfo Urtubey, pero como nunca se reunió el trámite no se completó. 

Ya llegará el tiempo del toma y daca pero ni el presidente previsional del Senado ni el jefe del Bloque Justicialista parecen interesados en pedirle al kirchnerismo desempatar a su favor. 

Está pendiente en el Senado desde 2016 la ley de extinción de dominio, aprobada en Diputados, que apunta a la expropiación de los bienes obtenidos por corrupción. El texto nunca le dio garantías jurídicas a Pichetto y sus pares y quedó cajoneado.

La agenda jurídica se sumará a la institucional, con proyectos como el financiamiento de la política o el sistema electoral, emblemas de Cambiemos que logran incomodar al peronismo, en todas sus facetas. Aunque no buscarán que la sangre llegue al río por ningún tema. Ya no.