El juez Luis Rodríguez citó a indagatoria a Julio de Vido para el 28 de noviembre y le prohibió salir del país, por la causa que investiga una presunta malversación de 265 millones de pesos para la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.

Rodríguez hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli del 4 de julio, cuando pidió desafuero y detención del ex ministro kirchnerista y de otras 28 personas.

Amplió el listado a 36 imputados, entre los que están el segundo de De Vido, Roberto Baratta, quien según supo LPO podría quedar detenido.

No así De Vido porque continúa protegido por los fueros parlamentarios tras la decisión de la Cámara de Diputados de no quitárselos, ante el pedido de Cambiemos, que insistiría después de las elecciones. 

Los otros llamados a indagatoria fueron del ex secretario de Minería Jorge Mayoral y ex funcionarios de YCRT, como Miguel Larregina y Atanasio Pérez Osuna, algunos de los cuales son funcionarios del gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz.

En su fallo, el juez Rodríguez dijo que fue posible "advertir que la triangulación contractual realizada entre YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), la Facultad (Regional Santa Cruz) y la Fundación -constituida por miembros de la propia Facultad-, permitieron la disposición de fondos públicos sorteando 'los diversos controles en materia de contratación', generando así un perjuicio a las arcas del Estado Nacional".

 Las indagatorias comienzan el 3 de octubre y cierran el 28 de noviembre con De Vido y se activaron luego de un fallo dictado el miércoles pasado por la Cámara Federal, que instó a agilizar las citaciones de los imputados . 

Además, el juez Martín Irurzun llamó a ampliar los parámetros de evaluación a la hora de considerar la excarcelación de un imputado por corrupción.

El 4 de julio pasado el fiscal Stornelli había pedido la indagatoria, desafuero y detención de De Vido y el arresto de otra veintena, pero esa vez el juez Rodríguez entendió que no había elementos para llamarlos a declarar, pero luego impuso el secreto de sumario y dispuso una batería de medidas de prueba en base a más información.   

En base a esos informes, Rodríguez resolvió las citaciones, la prohibición de salida del país y la orden al Ministerio de Interior para no tramitar ningún pasaporte a los 36 imputados que tendrá en el banquillo. 

También ordenó la intervención de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, que dependía de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que aparece en la cadena de convenios celebrados con Yacimientos Carboníferos Río Turbio para asesoramiento, capacitaciones y obras; se supone que a través de esa seguidilla de convenios se pagaron sobreprecios que rondaron los 265 millones de pesos.

La investigación alcanza además a un grupo de contrataciones relacionadas con el "Tren Turístico del Yacimientos Carboníferos Río Turbio", también llamado "Tren Histórico Eva Perón".

"Las pruebas reunidas por este Tribunal han permitido corroborar -con el grado de probabilidad que esta etapa procesal exige- que los contratos celebrados no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre las partes, y habrían sido los instrumentos utilizados por los imputados para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional", dijo Rodríguez.

El juez hizo hincapié en que "el destino que la Fundación otorgó a los fondos que manejaba y, entre otros aspectos, se advirtió que adquirió a fines del año 2013 un inmueble en el partido de San Isidro -que a la fecha destina a locación y percibe un alquiler mensual-; que posee millonarias inversiones en productos bancarios y que emitió numerosos cheques apersonas físicas que fueron cobrados por caja".

Inhibió así los bienes de esa fundación por entender que "los fondos que actualmente tiene a su disposición en sus millonarias cuentas bancarias y la obtención de frutos a través de la locación de inmueble en la provincia de Buenos Aires, se presentan como indicadores de una actuación alejada de sus funciones sociales".

Rodríguez hizo hincapié en la "necesidad de escuchar en declaración indagatoria a todas las personas que se encuentran vinculadas a los hechos objeto de investigación, permitiéndoles cabalmente de este modo un adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio, supuesto ineludible del debido proceso".