Laura Alonso se paseó por el Congreso con técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y reclamó bajar las sanciones previstas en el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, aprobado en Diputados y en tratamiento en el Senado.

Apoyada en los expertos internacionales, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) exigió tres cambios urgentes al texto: limitar los delitos a cohecho internacional, no fijar multas vinculadas a la última facturación de la empresa y eximirlas de penas si tuvieran vigentes programas de integridad, conocidos como "Compliance".

Esta última consideración estaba en el proyecto original enviado por Mauricio Macri, pero lo eliminaron los diputados de Cambiemos. Prefirieron hablar de atenuantes de penas pero nunca de eximiciones.

Tomaron en cuenta un antecedente peligroso: Odebrecht, la constructora brasileña que confesó haber pagado 35 millones de dólares en el país, tenía un programa de "compliance" que no le impidió sobornar a funcionarios públicos.

No fue el único tema por el cual el affaire Odebrecht complicó el diálogo entre Alonso y los diputados oficialistas: también se trenzaron en una fuerte discusión cuando la funcionaria exigió habilitar un proceso penal retroactivo a los ejecutivos de Brasil.

Consensuaron hacerlo por una vía administrativa, coordinada por el procurador del Tesoro. Pero la aposición eliminó ese artículo en el recinto y aprovechó el desorden de la sesión para reescribir los demás.

Lejos de rendirse, Alonso ya pidió en la reunión de comisión del Senado retomar el artículo Odebrecht y dedicó este jueves a pedir menores penas a las empresas, un reclamo que ya hicieron las compañías argentinas.

En el Senado la funcionaria lo planteó en un desayuno privado organizado por Federico Pinedo, con la presencia de senadores de todos los bloques: Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Mario Pais (PJ-FpV), Ángel Rozas (UCR), Ernesto Martínez y Néstor Braillard Poccard (Pro).

"Vamos a empezar a definir el proyecto de responsabilidad penal de las empresas para devolverlo a Diputados con modificaciones", anticipó Pinedo. Pichetto y Urtubey se comprometieron a ayudar y Alonso llevó ese trofeo a la Cámara baja, acompañada de los expertos.

Su comitiva la integró Patrick Moulette y William Loo, miembros de la División Anticorrupción de la OCDE; Ignacio Castillo Val, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile; David Green, director de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y Paul Leder, director de la Oficina de Asuntos Internacionales y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En Diputados la reunión fue abierta al público, coordinada por las radicales Gabriela Burgos y Patricia Giménez. Los invitados remarcaron que la ley es una deuda de Argentina con la OCDE, pero que los cambios de esa Cámara habían sido demasiados severos.

"En Chile aplicamos sanciones paulatinas y no las vinculamos a la facturación, que no tiene nada que ver con el delito", se alarmó Castillo Val. También realizó una defensa de los programas de integridad, un punto de conflicto con los diputados de Cambiemos. "Mantengan un diálogo con el Senado para estar al tanto de las modificaciones", les pidió Alonso. La discusión parece seguir un buen tiempo.