El proyecto de ley penal para empresas, aprobado en Diputados en medio de un escándalo por un fallido artículo para controlar la causa Odebrecht, se debatirá en cuatro sesiones de comisión del Senado y ya dan por hecho que lo devolverán con cambios.

Para definirlos, funcionarios y especialistas pasarán martes y miércoles de las próximas dos semanas por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde hace 15 días echaron a Germán Garavano porque fue a presentar el proyecto y Diputados todavía no lo había enviado.

La demora se debía a que los redactores oficiales tardaron varios días en encontrar una versión fidedigna, porque los artículos fueron reescritos en el recinto en medio de fuertes discusiones de Cambiemos con la oposición. Y cuando lo lograron, no estaba Emilio Monzó para firmarla. 

"Es poco serio tratar una ley que no conocemos", destrató a Garavano Ángel Rozas, el jefe del interbloque Cambiemos. Amplió el reproche el siempre beligerante Miguel Pichetto, líder del peronismo.

Finalmente el proyecto llegó con una aclaración expresa de Monzó sobre los artículos 35 y 38, incorporados al final de la sesión por la massista Graciela Camaño, que proponen declarar su imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y ampliar la penalidad a 4 años de prisión, para que no sean excarcelables.

"En esos artículos se sustituye el artículo 258 bis del Código Penal de la nación con textos que difieren entre sí, habiendo sido aprobado por el pleno de esa manera", aclara la carta de Monzó.

Con esa confirmación, la ley, promovida por Mauricio Macri ante un reclamo de la Ocde, tardará un buen tiempo en ser sancionada, porque la próxima sesión del Senado es el 16 y no está claro si habrá dictamen para ese día.

"Con el error que ya es reconocido y otros que vimos, está claro que habrá muchos cambios", anticipó a LPO el peronista Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

En pleno receso invernal, los empleados del Senado comenzaron a definir el cronograma de invitados que incluirá funcionarios, jueces y especialistas y podría derivar en un proyecto bien distinto al que por meses se discutió en Diputados.

Una de las primeras invitadas sería Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción y gestora en Diputados de muchos de los cambios al proyecto original tras el escándalo de Odebrecht, la constructora brasileña que confesó haber pagado 35 millones de dólares en Argentina.

El más polémico fue sumar un artículo para que el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, pueda tomar declaración administrativa a los ejecutivos brasileños y a cualquier empresario involucrado en causas de corrupción anteriores a la ley.

La oposición lo abortó en el recinto y en una anárquica sesión Camaño logró incorporar penas de corrupción, pero era tanto el griterío que la versión final del proyecto fue contradictoria y deberá ser corregida por los senadores.

Entre los invitados aún no está definido si estará Garavano, aún golpeado por la furia de Rozas y Pichetto. "Vamos a ver al final de los debates. Si hace falta lo llamamos de nuevo", anticipó Guastavino.