Hasta el viernes a la tarde, no había legisladores que pudieran encontrar la versión definitiva de la ley de responsabilidad penal empresaria, sancionada el miércoles en medio de un escándalo, con el rechazo de un polémico artículo que le permitía al gobierno indagar a los empresarios de Odebrecht que confesaron haber pagado coimas en el país.

El texto fue reescrito en la votación en particular y como cada vez que eso ocurre, la redacción no es la más prolija y los senadores peronistas ya hicieron saber que no dudarán en devolverlo con correcciones si hace falta.

Lo anticiparán el martes a las 15 en la Comisión de Asuntos Penales presidida por Pedro Guastavino (FPV-PJ), que empezará a tratar el proyecto y recibirá al ministro Germán Garavano, para escuchas sus explicaciones.

Garavano deberá repasar el proyecto porque no quedó tan parecido al que envió en octubre, cuando se buscaba una ley para cumplir con el reclamo de la OCDE, en su lucha contra el delito trasnacional. La irrupción del caso Odebrecht cambió los planes pero el final no dejó conforme a nadie.

Uno de los cambios que más ruido hizo en el Senado es la ampliación de los delitos a considerar en las empresas.

Tampoco está claro si no son demasiado leves las multas (de 0.5 a 10% de la facturación) y Cambiemos estará atento a su reacción sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, incorporada a último momento por pedido del Frente Renovador.

Para los diputados del FpV-PJ es inconstitucional, porque un delito de corrupción no puede ser igual de severo que el que atenta a la vida. Los senadores no pensarían diferente.