Furioso por la reticencia de Odebrecht a entregar información y por la difusión de acusaciones que entrometen a Gustavo Arribas, Mauricio Macri quiere sacarle a la constructora brasileña la megaobra del soterramiento del Sarmiento y dejar el contrato en manos de Iecsa, hasta hace poco propiedad de su primo Ángelo Calcaterra, y la italiana Ghella, que realizó el entubamiento del arroyo Maldonado.

Esa es una de las razones de la embestida de la Rosada contra Odebrecht, que se suma al intento de dar una respuesta política a las denuncias de Lilita Carrió sobre la presunta protección del Gobierno y la Justicia al ex ministro Julio de Vido. También la avanzada oficial es un mensaje a los fiscales que siguen el caso y que para el Gobierno junto a Alejandra Gils Carbó, buscan proteger al kirchnerismo.

Después de casi un año y medio de pasividad en torno al capítulo argentino del Lava Jato, en los últimos días el Gobierno sorprendió con una fuerte arremetida contra Odebrecht a quien salió a presionar públicamente para que entregue la información sobre los beneficiarios de las coimas por 35 millones de dólares que admitió haber pagado en el país. Incluso, los funcionarios apelaron a algún tipo de acuerdo extrajudicial, que como reveló LPO sería ilegal.

En las últimas horas, los funcionarios hicieron explícito lo que antes deslizaban por lo bajo. Si Odebrecht no "colabora" habrá sanciones y podrían cortarle los negocios en el país, algo que los brasileños pedían mantener resguardado para entregar la información. "Si no contribuye, es una posibilidad cierta" que se le rescindan contratos, afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Pero acaso más evidente fue Juan José Aranguren, quien dijo que "Odebrecht no debería seguir participando en obras hasta que la Justicia resuelva su situación". El ministro de Energía llamó la atención puertas adentro del Gobierno porque -según fuentes internas consultadas por LPO- durante el año y medio de su gestión no le dio demasiado aire una denuncia muy fuerte que salpica a Odebrecht por sobreprecios en los gasoductos de De Vido, que construyó Nación Fideicomisos. 

Si bien es verdad que finalmente Aranguren firmó la resolución 224/2016 -la documentación acumulada era inapelable- rescindiendo el contrato de Odebrecht para ampliar los gasoductos, nunca se había referido públicamente a la multinacional brasileña, pese a que en su despacho se acumulaban los informes de la Sigen y la AGN denunciando irregularidades. Su giro es una muestra concluyente del cambio de humor de la Rosada.

¿Qué provocó este giro? La declaración del arrepentido Leonardo Meirelles donde habló de coimas por 850 mil dólares a Arribas. En esa videoconferencia, el cambista brasileño se largó a hablar sobre el jefe de la AFI sin que le pregunten los fiscales, que igual preveían hacerlo.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren.

DyN

Ese entusiasmo de Meirelles por el tema Arribas hizo pensar que en realidad Odebrecht le estaba mandado un mensaje a Macri a través de él. En el mundo empresario creen que efectivamente se trató de una advertencia de la constructora ante los rumores sobre la interrupción de contratos. Se sabe que en la trama brasileña del Lava Jato los empresarios han utilizado las "delaciones" en función de sus intereses. No sería extraño que también aquí liberen la información que les convenga. Eso cree también Macri, que furioso por la acusación contra su amigo Arribas ordenó ir con todo y analizar los contratos.

Odebrecht tiene varios contratos en el país, pero ninguno como el de la megaobra del soterramiento del Sarmiento. El año pasado, Macri decidió dejar de esperar el financiamiento externo (tras fracasar en una gestión con el gobierno de Italia) y decidió que el Tesoro pague la obra. Destinó para eso 45 mil millones de pesos, unos 3 mil millones de dólares al precio de ese momento.

La idea de Macri es agarrarse de una condición inicial del contrato que el propio Gobierno decidió el año pasado dejar de lado. Es que en la licitación estaba establecido que Odebrecht debía traer el financiamiento del BNDES, pero el banco brasileño nunca terminó de aprobarlo y la caída de Dilma Rousseff terminó de enterrar esa posibilidad.

Macri desechó el financiamiento externo pero mantuvo a la constructora. Ahora la idea sería reformular el contrato y que la obra quede en manos de Ghella, que aporta la ingeniería y la tecnología, Iecsa (ahora en manos de Marcelo Mindlin) y la española Comsa, también parte de la UTE que ganó la licitación hace una década. Siempre con el Tesoro como pagador.

Esa alternativa acaba de sumar un nuevo inconveniente. En una columna en Página 12, Axel Kicillof reveló que un informe interno del gobierno kirchnerista determinó que el valor de la obra es en realidad de 2.250 millones de dólares y no 3.000 millones como exigen las empresas que ganaron la licitación. El ex ministro dice que esa fue una de las razones por las que la obra no se reactivó.