Los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del "2 x 1" a represores de la última dictadura fueron denunciados penalmente por "prevaricato", al mismo tiempo que se pidió la suspensión del fallo.

Por un lado, el abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli, que integra el partido de Luis D'Elía, denunció a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco por presunto "prevaricato". La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

Parrilli sostuvo que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos excede los alcances previstos por la legislación. Además, sostuvo que los tres jueces firmantes del fallo tendrían "fuertes vínculos con el gobierno nacional".

La objeción apunta al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.

Por otro lado, el abogado Daniel Igolnikov, habitual denunciante en Comodoro Py, le pidió a la Corte Suprema que revise su propio fallo. El letrado interpuso un "recurso de reposición in extremis", una herramienta contemplada en el código de procedimientos aunque rara vez receptada por el máximo tribunal.

"Solicito que se revise por contrario imperio el referido resolutorio, suspendiendo su aplicación, atento las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente por el efecto en los delitos que implicaron violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes", sostiene la presentación.

El escrito, que ingresó por Mesa de Entradas de la Corte a las 8.04 de hoy, reclama además que la jueza Highton de Nolasco, una de las firmantes del fallo de mayoría, no intervenga en la revisión.

"La reposición in extremis es un recurso de procedencia heroica o excepcional, cuya interposición, sustanciación y resolución se corresponden con los parámetros legalmente previstos para el recurso de revocatoria, a través del cual se puede intentar subsanar yerros esenciales, groseros o evidentes, deslizados en un pronunciamiento judicial", explica el escrito.