Con polémica, el Consejo de la Magistratura aprobó el traslado del ex ministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal, una movida que pone en duda su candidatura para la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Tras su salida como ministro de Justicia, el nombre de Mahiques había empezado a sumar como uno de los candidatos de María Eugenia Vidal para la Suprema Corte bonaerense, donde la definición se daría después de las elecciones, como explicó LPO. 

Pero ahora ocupará un lugar muy importante en el esquema de la justicia y nadie se anima a confirma cuál sería su respuesta si la gobernadora bonaerense finalmente opta por su nombre para el máximo tribunal bonaerense.

Vidal tiene vacante la designación del sillón que dejó Juan Carlos Hitters en octubre del año pasado, luego de 22 años en el máximo tribunal. La segunda vacante será la de Daniel Soria, que tendría preparada su renuncia aunque aún no lo confirma.

Uno de los primeros nombres que surgió en esa carrera fue el de la senadora peronista María Laura Leguizamón. Pero la posibilidad de que se abrieron dos lugares desató la pelea entre las distintas fuerzas y se lanzaron nombres como el del ex ministro Julio Alak; el consejero de la Magistratura, Miguel Piedecasas; el funcionario bonaerense Miguel Berri; el ex presidente de Faca, Carlos Andreucci; el juez de Morón, Jorge Rodríguez; y el también juez Fernando Luis ‘Pipi' Mancini.

El problema de Vidal es que la designación de un juez de la Suprema Corte requiere de dos tercios del Senado, un número que sólo alcanzará con apoyo del peronismo, fragmentado en la Cámara alta bonaerense.

Polémica en la Magistratura

La decisión final sobre el traslado de Mahiques la tendrá Mauricio Macri, que debe firmar el decreto que confirma el pase de uno de los integrantes de la Cámara Nacional de Casación porteña (que atiende todos los casos penales del país que no son materia federal), a la Sala II del máximo tribunal penal del país, donde tramitan entre otros todos los casos de corrupción. 

En caso de confirmarse Mahiques (padre del representante del Ejecutivo en la Magistratura) deberá reemplazar al jubilado Pedro David, integrante de la Sala II. Fuentes del Consejo dijeron que esa sala no es la que debe intervenir en el caso Odebrecht, por lo que desmienten una maniobra de Macri con el objetivo de frenar un revés en ese expediente.

La jugada generó una fuerte controversia en el plenario de la Magistratura, donde los consejeros kirchneristas cuestionaron duramente la jugada, que finalmente se aprobó por 8 votos contra 4. "Para mí es un escándalo que estemos cubriendo una vacante en el cuerpo penal más importante del país que además está con un concurso sin poder terminarse", dijo el diputado Rodolfo Tailhade.

Otro de los puntos que se cuestionó Tailhade es que Mahiques no tenía cuatro años en el cargo de camarista, pero el consejero oficialista Luis Cabral remarcó que en otros casos se hicieron excepciones a esa regla. El representante de los jueces también cruzó el principal argumento en contra de la oposición, que es que no se puede trasladar jueces de un fuero a otro.

Cabral sostuvo que las competencias son las mismas puesto que un juez de Casación Penal nacional y un juez de Casación Penal federal ambos son federales. Es más -agregó- antes que se creara la Cámara Federal de Casación Penal, esas facultades las tenía la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Más allá de la explicación, muchos especialistas argumentan que esa jugada terminará judicializada.

De hecho, la semana pasada hubo un fuerte debate en Casación Federal por este tema. Los camaristas Juan Gemignani y Angela Ledesma discutieron a los gritos cuando la magistrada se quejó por la manera irregular en que se hizo llegar el ofrecimiento de Mahiques para ocupar la vacante. La tensión se elevó tanto que Ledesma sufrió una descompensación y tuvieron que llamar a un médico.

Otro argumento de los consejeros opositores en el plenario de la Magistratura fue que existen otras cuatro vacantes en Casación y ya hay un concurso abierto, aunque la posibilidad de un acuerdo todavía es lejana ya que no hay consenso ni siquiera en el oficialismo. Cabral indicó que indicó que acumular una quinta vacante era improcedente según el reglamento.