Tal como anticipó LPO, el pedido de juicio político de Elisa Carrió a Ricardo Lorenzetti clausuró el que el Gobierno impulsaba contra Alejandra Gils Carbó, con el único objetivo de presionarla hasta lograr su renuncia.

La sola idea de escuchar a Carrió pedir su proceso en contra del presidente de la Corte Suprema al inicio de una sesión de la Comisión de Juicio Político obligó al Gobierno a replantear su estrategia, que será despotricar a la procuradora a la Bicameral de Seguimiento y control del Ministerio Público, conformada el año pasado y presidida por Graciela Camaño, jefa del Frente Renovador de Sergio Massa. 

La bicameral está prevista en la Constitución pero recién se creó el año pasado, testigo de permanentes acuerdos en el Congreso, tal vez como pocas veces en dos décadas. Cambiemos tiene 6 de los 16 miembros y 7 son del FpV-PJ (5 senadores y 2 diputados), cuya interna terminará definiendo el destino de la procuradora.

Entre los primeros hay sólo uno leal a Cristina Kirchner (la entrerriana Sigrid Kunath) y tal vez al oscilante chubutense Juan País. El resto tiene sus terminales en las provincias: el entrerriano Pedro Guastavino, Walter Barrionuevo (ladero del ex gobernador Eduardo Fellner) y el salteño Rodolfo Urtubey.

Los diputados del FpV ya anticiparon el año pasado que protegerán a Gils Carbó: la rionegrina María Emilia Soria y el bonaerense Luis Cigogna.

La comisión la completan el senador Carlos Caserio (leal a José Manuel de la Sota) y el diputado Pablo Kosiner, salteño y cercano a su gobernador.

Para Cambiemos, la bicameral siempre fue un foro más para despotricar contra Gils Carbó, pero ahora se convirtió en el único, porque Carrió frenó las dos instancias anteriores para mandarla a la casa.

La primera el año pasado, cuando pidió no votar la reforma de la ley Ministerio público que acortaba su mandato; y en estas semanas obligó a cajonear el pedido de juicio político para no mezclarlo con su guerra con Lorenzetti.

Es que la estrategia de Macri era al menos tener dictamen para acusar a la Procuradora en el recinto, aunque no alcance los dos tercios para enviar el juicio al Senado. Se conformaba con exponer a sus protectores y pedirle a Massa definir de qué lado está.

Pero la escena podría ser perjudicial si en el medio aparece la chaqueña hablando del presidente de la Corte y por eso el macrista Álvaro González jamás convocó a la Comisión de Juicio Político.

Este jueves los seis legisladores de Cambiemos que integran la bicameral del Ministerio Público le pidieron a Camaño citar a Gils Carbó para su primera reunión, que será el jueves a las 11. Se trata de los diputados Mario Negri, Lucas Incicco, Silvia Lospennato y Diego Mestre; y los senadores Silvia Elías de Pérez y Laura Rodríguez Machado.

En una carta de cuatro carillas, a la que accedió LPO y que habría sido revisada por el ministro de Justicia Gemán Garavano, los legisladores de Cambiemos adelantaron que pedirán indagar a la Procuradora por los mismos cargos que motivaron sus ahora archivados pedidos de juicio político, como las "supuestas irregularidades que se le atribuyen en el proceso de designación de fiscales". Y la consultarán sobre la presunta compra irregular del edificio de la Procuración, por el que pagó 43,8 millones en 2013.

También quieren citar a Santiago González Warcalde, ex procurador interino tras la salida de Esteban Righi (presionado por su Amado Boudou); y a los representantes del Colegio de Abogados de la Ciudad y de la ONG Será Justicia, que denunciaron irregularidades en los concursos.

Además, esperan escuchar a los fiscales enfrenados a la Procuradora como Germán Moldes (fiscal general ante la Cámara Federal de la Ciudad), Raúl Pleé (para hablar sobre el nombramiento de Carlos Gonella en la Procelac) José María Campagnoli (desplazado por Gils Carbó) y Guillermo Marijuán, para interrogarlo sobre las vacilaciones de la causa contra Lázaro Báez.

Otras invitaciones anticipadas por los legisladores de Cambiemos son las de Carlos Rívolo y Carlos Castex, presidente actual y anterior de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, para hablar sobre la designación de los titulares de fiscalías federales que aún se estaban creando, como General Pico, La Pampa, Goya, Corrientes, Tartagal, Salta y Santiago del Estero.

Exigen que hable Ricardo Sáenz, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, sobre su amparo que frenó designación de fiscales subrogantes. Y Julio Piumato, jefe del gremio de empleados judiciales. Resta saber qué opina el resto de los legisladores, o como resiste el kirchnerismo.