La Justicia ordenó reabrir una investigación contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, en el marco de la tensa relación de la diputada de la Coalición Cívica con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien busca iniciarle un juicio político.

La Cámara Federal determinó la nulidad del archivo del expediente dictada por el juez Daniel Rafecas a fines del año pasado y ahora la socia de Macri deberá enfrentar un año electoral con esta acusación en su contra.

La decisión quedó en manos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes entendieron que hubo falencias al notificarle al denunciante que debía presentarse a ratificar su denuncia. Por ese motivo, consideraron que la conclusión a la que arribó Rafecas (el archivo de la causa sustentado en la incomparecencia) fue nula "por fundamentación aparente", publicó este sábado Página 12.

La decisión de reabrir la  causa contra Carrió la tomó Irurzun a quien Lorenzetti puso al frente de la oficina de escuchas. El mismo día que se conoció el fallo, el presidente de la Corte publicó una foto con el camarista.

La decisión se lee como otro round de la pelea entre Lilita y Lorenzetti. Es que cuando Carrió pidió el juicio político a Lorenzetti, lo denunció entre otras cuestiones por el tema de las escuchas, que están en manos nada menos que de Irurzun, quien ahora decidió reabrir la causa en contra de la diputada de la Coalición Cívica.

Cuando Cristina Kirchner aún estaba en el poder, le sacó las escuchas a la AFI y las pasó a la Procuración. El hecho generó un revuelo, y tras la asunción de Mauricio Macri decidió transferirlas por decreto a la Corte Suprema y quedaron en manejo de su presidente, Lorenzetti. 

El titular de la Corte fue quien creó una dirección general para manejar las escuchas y a su cargo puso a la cámara cuyo titular es Irurzún.

En este marco de llamativas casualidades, el Centro de Información Judicial (CIJ) que dirige María Bourdin que responde a Lorenzetti, publicó este sábado en su portada una foto de la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia para el combate del lavado de activos, en la que se ve al titular de la Corte junto al ministro Germán Garavano, y junto a ellos aparece Irurzun y Juan Tomas Rodríguez Ponte, el otro encargado de las escuchas, ex secretario del juez Federal, Ariel Lijo, otro de los apuntados por Carrió.

Télam

La denuncia contra Carrió había sido realizada por Saúl Enrique Paz en noviembre de 2016, al conocerse una serie de viajes al exterior de la líder de la Coalición Cívica que según el denunciante serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional. 

En marzo de este año, otra persona, el abogado Mariano Valdez, presentó una denuncia similar contra Carrió (fundada también en los viajes al exterior) que recayó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, donde continúa su curso sin novedades.

Tras la reapertura ordenada por la Cámara, lo más probable es que ambas causas se unifiquen en alguno de los dos juzgados, estiman fuentes judiciales. 

Carrió consideró que esas denuncias se tratan de una "operación" en su contra y la reapertura de la causa se conoce un día después de que una de las asesoras más cercanas a Carrió, la legisladora Paula Olivetto, arremetió duro contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por su apoyo a Lorenzetti.

"En vez de criticar que explique qué hace. Tiene que rendir cuentas y no ser corporativo", lanzó Olivetto, quien también reclamó a Garavano detalles sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura por los juicios políticos a los magistrados y el avance de la causa AMIA. 

Sus declaraciones fueron también compartidas en Twitter por la santacruceña Mariana Zuvic, otra dirigente del riñón de Carrió, quien agregó: "La cobardía no te salva, te vulnera".

Tanto la denuncia de Paz como la de Valdez se sustentan principalmente en los viajes de la chaqueña al exterior. Sostienen que la diputada estuvo fuera del país 103 días entre febrero de 2013 y mayo de 2015 y, según la denuncia, siempre habría viajado a través de la agencia Fun Time/Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvitky. 

Lilita y Lili incluso habrían compartido varios de esos viajes a Estados Unidos y Europa. La presentación judicial no descarta que la líder de la CC sea "socia no declarada" de la empresa. 

Las denuncias contra Carrió piden que se investigue si la empresa chaqueña Amafrillo Gas financió sus viajes al exterior y si la diputada hizo lobby en el Gobierno para que le adjudiquen a esa firma redes de distribución de gas.

La amiga de Lilita es hija de Herman Miedvietzky, fundador del poderoso grupo empresario chaqueño Amarilla Gas, que maneja el negocio de las garrafas de gas licuado en gran parte del Litoral y posee 17 plantas en 7 provincias. Como se sabe, Carrió es chaqueña y desarrolló buena parte de su vida profesional y política en esa provincia.

La denuncia de Valdez se basa en publicaciones periodísticas para sostener que Carrió realizó tareas de lobby al interior del gobierno de Cambiemos para que Amarilla Gas sea concesionaria de las redes de distribución del Gasoducto del Nordeste Argentino, que se encuentra en plena ejecución. 

En el PRO critican la avanzada de Carrió contra Lorenzetti. El diputado Pablo Tonelli dijo este viernes que el pedido de juicio político "no ayuda al buen funcionamiento del gobierno y al funcionamiento armonioso de los poderes", mientras que el propio Mauricio Macri manifestó que "no comparte" la iniciativa de la líder de la CC.