Con el Gobierno desinteresado en correr riegos y el peronismo envuelto en su interna, el Senado sólo tuvo una sesión ordinaria este año y entre los proyectos cajoneados hay uno aprobado en noviembre en Diputados que impedía el beneficio de salidas transitorias y libertad condicional a condenados por homicidios, robos con armas de fuego y violaciones.

El proyecto fue impulsado por la massista Mónica Litza y aprobado en diciembre con respaldo de Cambiemos, a través del presidente de la comisión de Legislación Penal, Luis Petri. 

Aunque Mauricio Macri lo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias de diciembre, el Senado no parecía apurado en tratarlo hasta este fin de semana, cuando se conoció la muerte de Micaela García, una joven de 21 años asesinada en Gualeguay por un violador excarcelado antes de cumplir su condena. Su caso provocó protestas en todo el país. 

La noticia motivó a los jefes de bloques a impulsar la ley de Petri, pero tan improvisada fue la decisión que aún no hay agenda formal prevista.

Recién el martes próximo la acordarán Federico Pinedo (PRO), Ángel Rozas (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (FPV-PJ), junto a los presidentes de las comisiones de Seguridad Interior, Sigrid Kunath, y de Justicia, Pedro Gustavino y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero recién podría empezar a tratarse a fin de mes y no faltarán chicanas de Cambiemos por la tardía reacción de los senadores peronistas, que recién este martes en medio de las marchas en todo el país por Micaela, se interesaron por el tema. 

Protesta por MIcaela en el Obelisco.

Télam