Mauricio Macri volvió de sus vacaciones con la decisión de gobernar sin pasar por el Congreso, pero en las próximas semanas su estrategia podría tener el primer revés: la oposición comenzó las primeras gestiones para rechazar sus decretos de necesidad y urgencia.

El primero que está en la mira es el que eliminó el reembolso para las exportaciones desde puertos patagónicos, vigente desde 1984 y prorrogado por Cristina Kirchner un mes antes de irse, por un decreto ahora borrado por Macri.

El beneficio permitió la expansión de empresas como Aluar en Puerto Madryn, donde el reembolso alcanza a 8%. La alícuota sube cuanto más austral es el puerto: Comodoro 9%, Puerto Deseado y San Julián 11%, Río Gallegos y Río Grande (12%) y Ushuaia (13%).

El Gobierno lo eliminó con el DNU 1199, por considerarlo incompatible con las reglas del comercio internacional. Cedió a la presión de los puertos de la provincia de Buenos Aires, los principales perjudicados con los premios a la Patagonia.

El decreto fue rechazado por la bicameral de trámite parlamentario, pero como ocurrió con otros 7 DNU, los dictámenes nunca se trataron en el recinto y por lo tanto sigue vigente.

Es la veta reglamentaria que usa Macri para gobernar por decreto aún en minoría parlamentaria.

Mientras ambas Cámaras no lo rechacen puede aplicarlo libremente y hasta ahora la oposición nunca coordinó para arruinarle la estrategia. De hacerlo, sería necesaria otra foto de Massa con Axel Kicillof, un aporte a la polarización promovida por Marcos Peña y esquivada por el tigrense, perjudicado con la baja actividad legislativa.

El miércoles, antes de la reunión de labor parlamentaria, el senador chubutense Alfredo Luenzo, ladero de Mario Das Neves, pidió tratar los dictámenes del DNU 1199 en la próxima sesión y reiteró el planteo en el recinto.

Para sorpresa de muchos, Federico Pinedo no lo descartó. "Ya hablamos en labor de analizar la posibilidad de tratarlo en la próxima sesión. Votemos una preferencia", dijo el vice primero del Senado.

En diciembre, mientras la bicameral rechazaba el polémico DNU, Luenzo reunió a los senadores patagónicos de todas las fuerzas para repudiarlos, entre ellos al radical Alfredo Martínez. 

Cree que no tendrán problemas en conseguir el apoyo del FpV-PJ, pero llegado el momento no faltarán los habituales llamados de la Casa Rosada a los gobernadores para que cambien de planes.

En Diputados, el kirchnerismo, que domina el bloque del FpV-PJ, empezó a sondear apoyos pero por ahora no logra hacerse escuchar.

El encargado de las gestiones es el camporista Santiago Igon, de Chubut, y aunque Das Neves es aliado de Massa en el Frente Renovador aún no dieron señales de ir a la carga.

El FR y el Bloque Justicialista (referenciado en gobernadores y sindicatos) son claves para sumar una mayoría que venza a Cambiemos en la Cámara baja.

De haber un acuerdo, será necesario convocar a una sesión especial para tratarlo: como explicó LPO, Emilio Monzó sólo reúne al recinto con temas propios que le permitan confrontar con el kirchnerismo.

Los otros decretos en la mira

Si la oposición logra anular el fin del reembolso de tasas portuarias en la Patagonia habrá abierto una puerta desconocida para la historia democrática, como sería derogar el DNU que ya se está aplicando.

Los juristas del Congreso que estudian el tema y esperan ansiosos este momento, aclaran que el Congreso derogaría y no anularía el DNU, o sea, no tendría efecto retroactivo.

Por ejemplo, los reembolsos por exportaciones a los puertos patagónicos volverían a aplicarse pero nadie podrá reclamar por los meses anteriores.

De esta manera, entre los siete decretos con dictamen de rechazo en comisión, hay varios que poco sentido tiene tratar, como los cambios al sistema de ART o Ganancias, que luego fueron reformulados por ley.

Pero en otros casos el efecto sería inmediato y severo para el Gobierno, como en el reciente que prorrogó los mandatos de Martín Irurzun (presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) y Javier Leal de Ibarra (presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia) al frente de la Oficina de escuchas judiciales, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

Situación similar ocurriría con el decreto 797, con dictamen de rechazo en agosto, que desvía 70 mil millones para obras públicas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, muchas a cargo de constructoras cercanas como Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

Gracioso sería que la oposición se una para derogar el nuevo régimen de feriados, como ya hizo en Comisión, presionado por las Cámaras turísticas. Si lo hace en los recintos, el país se quedaría sin días no laborables de aquí a fin de año.

Hubo otros decretos que no fueron rechazados en comisión pero Cambiemos tampoco logró las firmas para emitir un dictamen, como las restricciones migratorias. Claro que no hay panorama como para imaginar sesiones especiales.

Aunque Macri firme DNUs con total soltura a sus legisladores le resulta cada vez más difícil no perder votaciones en la bicameral, donde suman sólo 6 de 16 votos y requieren de al menos a un legislador del FpV-PJ (hay 4 senadores y 3 diputados por esa fuerza).

O persuadir al senador pampeano Daniel Lovera (que suele votar con el FpV-PJ), al par Adolfo Rodríguez Saá o al diputado Raúl Pérez, del Frente Renovador.

La cercanía a la campaña electoral los tiene a todos díscolos. Y tarde o temprano pueden unir broncas en el recinto y obligar a Macri a no gobernar más por decreto.