El Gobierno quiere dar de baja el polémico acuerdo con el Correo Argentino pero no sabe cómo hacerlo sin evitar daños mayores a Mauricio Macri y los funcionarios que quedaron imputados en la Justicia.

La estrategia del Ejecutivo para empezar a destruir el acuerdo la inició Marcos Peña el martes, cuando pidió una audiencia "urgente" a la Cámara Federal para "abordar de manera integral" el conflicto por el acuerdo con la firma del grupo Socma, al tiempo que pidió que se convoque a "un panel de expertos independientes" para evitar cualquier "tipo de duda en el conflicto de intereses". 

También indicó que pedirán a la Auditoría General de la Nación (AGN) que entregue "un veredicto técnico" antes de "suscribir una postura definitiva", lo que desató una pelea con el organismo de control y la oposición, que salió a explicarle que a la AGN no la maneja el Ejecutivo.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reconoció esta mañana que el Gobierno intentó "poner en crisis el acuerdo", como una manera previa de que caiga por pedido de otras instituciones.

"Estamos tratando de encontrar una solución: el hecho de que el jefe de gabinete haya dicho que vamos a proponer en la Cámara en una audiencia una situación integral, estamos poniendo en crisis el acuerdo", indicó Aguad en el programa de Marcelo Longobardi.

"Estamos diciendo ‘frente a este hecho nuevo, queremos una solución integral'. En el fondo es ‘conciliemos los juicios a ver de qué se trata'. No va a ser fácil porque lo que vamos a tener que conciliar es una contingencia, una expectativa", deslizó el ministro.

La preocupación mayor que reina en el Gobierno ya no es tanto la batalla en la opinión pública, que ya caló hondo tras una semana en la que el conflicto no paró de escalar, sino las consecuencias judiciales que podría traerle el conflicto a Macri, Aguad y otros funcionarios que comenzaron a ser investigados, como Laura Alonso y Juan Mocora, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, encargado de cerrar la quiebra del Correo y convencido de no haberle "perdonado un mango" a Franco Macri.

En el Gobierno aseguraron a LPO que no pueden anular el acuerdo como pidió Sergio Massa, puesto que estarían reconociendo las irregularidades que denuncia la fiscal Gabriela Boquín y por ende se estarían autoincriminando.

"Nosotros no tenemos capacidad de imponer o de hacer caer el acuerdo, lo decide la Justicia", dijeron a LPO en Casa Rosada.

Sin embargo, en el Ejecutivo reconocen que esa tampoco es una salida agradable y mucho menos predecible: si la Justicia falla en contra, Macri y sus funcionarios podrían pasar de estar imputados a recaer en una situación procesal peor.

Es por eso que sin una estrategia real, en el Ejecutivo apuestan a que la AGN, instruida por el Congreso, "recomiende" dar de baja el acuerdo. Lo que están comprendiendo por estas horas en Balcarce 50 es que la Auditoría podría tomarse meses para dar una definición.