El ministro de Justicia, Germán Garavano, se comunicó este domingo con Sergio Massa
para
informale
los trazos centrales de la reforma migratoria que
el lunes se publicará en el Boletín Oficial. El decreto del presidente Macri
coincide en líneas generales con la propuesta que había hecho el líder del
Frente Renovador en la campaña del 2013.
Básicamente se trata de aumentar la restricción al ingreso de extranjeros, incrementando los controles de antecedentes penales y acelerar la expulsión de los que estén presos con condena firme.
El primer punto no es sencillo con los países del Mercosur porque el chequeo de antecedentes se hace sobre la base de las visas y en los países que integran el bloque no son necesarias.
Respecto al segundo punto, el sistema carcelaria argentino tiene unos 70 mil presos, de los cuales 3.000 son extranjeros. Pero cuando se analizan las cifras de presos en el sistema federal la proporción explota: Sobre un total de 11 mil presos, unos 2.100 son extranjeros y de esos 800 tienen condena firma. Estos últimos con la nueva normativa podrían ser expulsados de inmediato.
Massa cumplió con Garavano y durante una visita que hizo este domingo al pueblo bonaerense de Tordillo, defendió la reforma: “La reforma migratoria está plasmada en el Proyecto de Código Penal que presentamos en el 2013. En la Argentina, los delincuentes tienen que tener vedado el ingreso, y los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados”, afirmó el diputado y anticipándose a críticas de los sectores de Derechos Humanos, agregó “esta idea también es lo que prevé el Pacto de San José de Costa Rica”.
Este tema y la eventual contradicción de la reforma con la Constitución –en especial el Preámbulo-, fueron motivo de ajuste fino durante el fin de semana en el Ministerio de Justicia. “Se trabajó para reducir las posibilidades de impugnación por contradicciones con la Constitución o los pactos internacionales”, explicó a LPO una fuente de esa cartera.
El director Nacional de Migraciones, Horacio “”Toto” García, fue quien piloteó más de cerca la reforma. Cerca de Massa explicaron a LPO que si bien él propuso incorporar este endurecimiento de las normas como una reforma del Código penal, por tratarse de temas migratorios, era posible modificarlas vía decreto.
“No vamos a impugnar el decreto, contiene lo mismo que proponíamos”, agregaron las fuentes. Massa tiene en la comisión bicameral que debe revisar los decretos un voto clave a través del diputado Raúl Pérez.
Esta comisión está convocada para el jueves, pero Massa y otros sectores de la oposición están tratando de llegar a un acuerdo con la Casa Rosada -que como reveló LPO incluye tratar en extraordinarias la ley de reforma de las ART- para evitar tener que rechazarlos.
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