La idea de bajar los aportes patronales que hacen las empresas a la seguridad social empezó a perder fuerza en el Gobierno, tras el duro rechazo de la CGT que planea adelantar la reunión del consejo directivo para iniciar un plan de lucha.

Para evitarlo, en el Gobierno ya empezaron a aclararles a los líderes sindicales que no tienen de qué preocuparse, porque no enviarán ningún proyecto de ese calibre que no haya sido consensuado con ellos previamente. Un escenario que sugiere que no habrá proyecto alguno, ya que los sindicalistas fueron clarísimos en su rechazo a cualquier rebaja de los aportes patronales.

Era previsible: como explicó LPO, en la Comisión de Legislación Laboral de Diputados está cajoneado un proyecto sobre primer empleo, justamente porque los diputados sindicales no aceptaron una baja de los aportes patronales mucho más reducida que la que ahora había sugerido el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La decisión del Gobierno fue que no habrá ninguna reforma de las cargas patronales sino cuenta con el visto bueno de la CGT, que fue clarísima en su rechazo a cualquier modificación.

En rigor, Dujovne se limito a dar su opinión sobre lo que consideraba impuestos distorsivos ante una pregunta periodística, e incluyo a los aportes patronales junto al impuesto al cheque. Luego, algunos medios convirtieron esa declaración en un plan del Gobierno.

Al Gobierno no le interesa iniciar otra pelea con la CGT en plena etapa electoral, tras cerrar el álgido debate por el impuesto a las Ganancias antes de navidad.

De todas maneras, en el equipo económico hay acuerdo en que el alto costo de los aportes patronales conspira contra cualquier plan para erradicar el creciente trabajo informal.

Los aporten representan un costo de hasta el 40% sobre cada salario, entre lo que destina a la seguridad social el trabajador (17%) y el empleador (23%).

Su incidencia en el costo empresarial ya fue tratada en 2014, cuando el Congreso sancionó una ley de primer empleo que poco resultado tuvo. Primero porque sólo rige para las pymes y limita la quita de aportes patronales al primer año de la relación laboral. Y segundo porque era únicamente para aquellos trabajadores que tuvieran su primer empleo en blanco.

Esa ley dispone que cuando se trata de una pyme de hasta 15 trabajadores se les reduce por un año los aportes patronales; si la empresa tiene hasta 80 empleados, los aportes bajan un 80%; y, si tiene más, un 25%, pero por dos años. Las estadísticas oficiales no indican que algo haya cambiado en el mercado laboral tras la sanción de esa norma.

Por eso, la única alternativa que evalúan ahora en la Casa Rosada es trasladar el presupuesto de los planes de empleo del Ministerio de Trabajo a subsidiar los aportes patronales de empleados recientes, o sea, en una ampliación de la ley sancionada por Tomada, con un sistema de entregarle vouchers que el empleador puede descargar de aportes.

Claro que al hacerlo por un presupuesto acotado (los planes no llegan a 300 mil), definir las empresas favorecidas no sería una tarea sencilla.

En esa iniciativa avanzaban este viernes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y Sebastián Galiani, asesor de Dujovne y un especialista en estos temas de renombre mundial.