CREAR UN NUEVO IMPUESTO AL JUEGO OFICIAL NO ES LA SOLUCIÓN

En el marco de la modificación del impuesto a las ganancias, el gobierno y la oposición buscan reducir la presión impositiva sobre los trabajadores en relación de dependencia, con un nuevo impuesto al juego.

La ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS, QUINIELAS y CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA (A.L.E.A.) advierte que la implementación del impuesto sobre las máquinas tragamonedas y los medios de captura automatizada de apuestas:

1- Afecta directamente a las economías locales, ya que reduce los ingresos que las provincias, Lotería Nacional S.E. y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) obtienen de los juegos de azar a través de los entes reguladores competentes en la materia, en sus jurisdicciones respectivas.

2- Disminuye, en consecuencia, los fondos que se destinan a asistencia social en cada una de las provincias, en territorio nacional y en CABA. La Constitución Nacional, en su artículo 75, crea las atribuciones del Congreso, las contribuciones directas y la ley convenio sobre regímenes de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Y en su art. 121, establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Los juegos de azar forman parte de los poderes no delegados por las provincias.

3- Favorece el crecimiento del juego ilegal/clandestino, al elevar la presión impositiva sobre el sector regulado y controlado. El juego clandestino no posee carga impositiva alguna, emplea personal en negro y aprovecha vacíos legales vigentes para comercializar juegos de azar en todas sus variantes.

4- Atenta contra las fuentes de trabajo de las 240.000 personas que directamente se emplean en esta industria, de las cuales 150.000 pertenecen a las Salas de Juego; 65.000 a las Agencias Oficiales; y otros 25.000 puestos de trabajo en los organismos reguladores y empresas prestadoras de servicios. Además del personal que se desempeña en numerosos sectores económicos como turismo, construcción, gastronomía, transporte, tecnología, seguridad, publicidad, entre otros.

5- Los actores privados del sector, desde las Agencias Oficiales (24.970 en todo el país), la actividad del turf en general, hasta los concesionarios de Salas de Juegos y Casinos, efectúan el pago de los tributos, aportes y contribuciones establecidas por las respectivas leyes nacionales, provinciales y municipales, como sector de la economía formal. Además, por contratos y licitaciones preexistentes, son obligados a aportar cánones, tasas y comisiones; y a realizar inversiones en turismo, entretenimientos y asistencia social, en general.

6- En Argentina, el juego está regulado por el Estado desde 1893, con una carga impositiva muy importante, que es el modelo a seguir por países de Latinoamérica y del mundo.

En suma, ALEA advierte que el crear un nuevo impuesto a los juegos de azar traerá un resultado inverso al fin deseado y que su aplicación favorecerá la proliferación del juego clandestino.

Las utilidades del juego oficial que efectivamente administran los 24 entes estatales del país, son destinadas en forma directa por cada instituto de lotería y casinos, a las áreas de gobierno respectivas para su aplicación a Acción Social.

ALEA es una asociación civil sin fines de lucro creada el 8 de julio de 1970, que nuclea a las 24 loterías estatales que regulan, fiscalizan y administran los juegos de azar en Argentina. Y contamos con información oficial actualizada que fundamenta cada una de las aseveraciones vertidas, la cual está a disposición de las autoridades que lo requieran.