La novedad de que bodegas mendocinas importan vino desde
Chile cayó como una bomba en San Juan. Tanto es así que el gobernador Sergio
Uñac y entidades de productores de la provincia salieron a criticar la actitud
y a lamentar la decisión.
“La uva tiene que valer y estamos haciendo todo para que valga. Si fuera así (la importación de vino chileno), es una pésima noticia”, respondió el mandatario ante una pregunta del periodismo.
Más directo fue su antecesor, el diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, quien advirtió: "Nos preocupa sobremanera que se esté importando indiscriminadamente vino chileno y desde el gobierno no se haga nada para impedir la destrucción de una de las economías regionales que mueve a la zona de Cuyo".
Es que como reveló LPO, se conoció en los últimos días que bodegas mendocinas importaron más de 15 millones de litros de vino a granel de Chile, con la complacencia del gobierno nacional. Medida que agudizó la crisis del sector que viene batallando para subir los precios de la uva a granel y lograr que la vitivinicultura vuelva a ser rentable.
"Vamos a presentar un pedido de informes al Gobierno para que responda, a través de la Secretaría de Comercio y sus organismos correspondientes, los motivos de la autorización de semejantes niveles de importación de vino", agregó el diputado, quien advirtió que "el peligro más grande de esta maniobra es tirar el precio de la uva de la próxima cosecha al piso".
La industria también reaccionó
Juan Ramos, de la Asociación de Viñateros de San Juan, advirtió este martes que “esto atenta contra la recuperación del productor al que hace años se le vienen pagando precios irrisorios”; mientras que Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros de San Juan, agregó: “Nuestro rechazo es total a este tipo de prácticas”.
“Con la flexibilización de las importaciones del modelo macrista, Baggio se apuró a comprar vino barato en Chile, un país que compite con Argentina, recordemos que se trata de una firma que siempre ha sido apuntada de prácticas oligopólicas”, agregaron los productores sanjuaninos.
Baggio es el Grupo RPB, que controla el mercado local de vino de mesa con tres mega bodegas en Mendoza. Sólo está firma compró en Chile nada menos que 10 millones de litros de vino a granel. El otro cliente para los vinos chilenos fue Fecovita, con 5 millones de litros, aunque en este caso no ingrasarían al país, sino que se los vendería al exterior en nombre de Fecovita pero desde los puertos chilenos.
La contradicción que marcaron los viñateros es que el Estado, tanto nacional como provinciales, en el caso de San Juan y Mendoza, está destinando fondos para sostener el precio de vino por un marcado sobre stock, pero por otro lado el Gobierno nacional habilita la importación.
En lo que va del 2016, la Nación compró 150 millones de litros a 3 pesos cuando en el mercado no superaba el peso 80. Tras la caída interanual de 35% en la cosecha este año respecto al 2015, los productores esperaban recuperar algo de lo perdido, ya que estaban subiendo los precios. Pero ahora, con la posibilidad de las grandes bodegas de importar vino más barato de Chile, la situación pasa de crítica a alarmante.
Por el lado de las autoridades nacionales, Carlos Tizio, titular del Instituto Nacional de la Vivienda, admitió la operación de importación por parte del Grupo RPB.
“Ya han ingresado –de Chile– 14 camiones por un poco más de 400 mil litros de vino para RPB, quien presentó los papeles correspondientes a los permisos para la importación”, relató Tizio al Diario de Cuyo, aunque aclaró que no tiene conocimiento de un volumen mayor por parte de esta firma.
El funcionario admitió que “hay consultas sobre importación de vinos de todos lados, pero negó que otras bodegas lo hayan solicitado”. De todos modos, Tizio dejó en claro que el INV “no tiene potestad de prohibir la importación de vinos, tarea que es competencia exclusiva de la Secretaría de Comercio de la Nación”, en referencia a la repartición encabezada por Miguel Braun.
Y completó el titular del INV: “Nosotros debemos hacer los análisis correspondientes, como hace cualquier otro país cuando recibe nuestros productos; controlar que sean productos genuinos y que estén dentro de las normas para proteger al consumidor”.
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