La ley de presupuesto de Mauricio Macri está trabada. Aunque sus funcionarios blanquearon un déficit fiscal del 4.3% del PBI, los gobernadores están empecinados e pedir una millonada de fondos para sentarse a debatir y el presidente deberá escucharlos.

Es que sin ellos el proyecto difícilmente atravesará Diputados y será imposible que se trate en el Senado, donde el FpV-PJ reúne mayoría propia, combinada con legisladores de los gobernadores y kirchneristas duros.

Tal como adelantó LPO, los mandatarios exigen varias medidas para engrosar sus arcas, la más novedosa es un fondo de convergencia, destinado a distribuir entre las provincias según sus necesidades básicas insatisfechas (NBI).

La propuesta está en redacción en Diputados, a cargo del salteño Pablo Kosiner, quien adelantó a LPO que el fondo se integraría con la coparticipación que pierdan las provincias por reformas tributarias como la baja de IVA a alimentos o los cambios en Ganancias.

Como se trata de impuestos que se distribuyen automáticamente con las provincias, una baja en la recaudación golpea las arcas de los gobernadores.

El salteño Juan Manuel Urtubey lo dejó claro en la reunión del miércoles, en su visita al bloque justicialista de Diputados. “Es muy fácil bajar impuestos coparticipables”, le reprochó a Mauricio Macri.

El fondo también contendría un porcentaje de deudas que tome la Nación. Si Alfonso Prat Gay insiste en limitar los endeudamientos provinciales, la contrapropuesta será repartir una porción de la deuda que Nación tomará en 2017. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, la calculó en 18500 millones de dólares.

Los gobernadores piden también coparticipar la totalidad del impuesto al cheque (la Nación retiene el 70%) y los ATN, el 1% de la masa coparticipable que el Jefe de Gabinete de turno puede repartir a gusto.

Y redefinir el plan de obra pública. Su mayor bronca es que el presupuesto incluyó avales millonarios para obras en algunas provincias, pero nadie los había consultado.

Así fue que Urtubey supo de la habilitación para endeudarse por más de 3 mil millones de dólares, 2.400 para financiar el “Aprovechamiento Multipropósito del Río Bermejo”.

“Es un disparate. La propia ley de administración financiera de Salta nos prohíbe endeudarnos por esas cantidades. Las tiene que financiar el gobierno nacional”, exigió el salteño Kosiner.

El secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, admitió en Diputados que el 30% de las obras públicas pautadas son para la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y muchos de esos proyectos contemplan un financiamiento de la Nación, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Los gobernadores difícilmente lo dejen pasar.

Para distraer el debate, el Gobierno inauguró la modalidad de enviar a sus ministros a exponer al Congreso y el martes será el turno de Desarrollo Social, de Carolina Stanley.

Pero el plato fuerte será cuando se discuta un dictamen final. Y Cambiemos tenga de ver hasta donde ceder.