El cadáver del policía de Drogas Peligrosas Juan Alós, quien apareció muerto el 7 de septiembre del año pasado con un balazo en la cabeza dentro de su propio auto, fue exhumado este jueves del cementerio de Alta Gracia.

Bajo una estricta vigilancia policial y judicial, el féretro quedó en una cámara de frío del Hospital Nacional de Clínicas hasta que se le realice una nueva autopsia.

La exhumación se realizó para finalizar una semana que incluyó un inédito respaldo del fiscal General de Córdoba, Alejandro Moyano, a la labor de la Policía Judicial provincial, y una pública pero secretísima en su contenido reunión entre el gobernador José Manuel de la Sota y el fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga el caso.

En torno a la muerte de Alós hay muchas dudas. El fiscal provincial Emilio Drazile tuvo a cargo la instrucción y concluyó que la causa había sido suicidio. Para los familiares del policía la conclusión del fiscal no fue suficiente.

La muerte ocurrió pocos días después de que estallara el narcoescándalo en la provincia de Córdoba, vinculando a policías locales con los traficantes de drogas.

El agente de Drogas Peligrosas debía declarar en la Justicia Federal, y se supone que haría algunas revelaciones resonantes. Por eso, para la familia se trató de un crimen.

Golpes al poder

Este escándalo fue un profundo golpe para el gobierno de José Manuel de la Sota, lo que se advirtió en la caída del caudal electoral del justicialismo en las elecciones de diputados nacionales.

Luego, en diciembre, se produjo un “paro” de policías en reclamo de aumento salarial, que desencadenó una noche de furia y saqueos en Córdoba entre el 3 y el 4 de diciembre, que para algunos observadores pudo estar vinculado al problema de fondo de los presuntos vínculos de algunos funcionarios y agentes de la fuerza con los narcotraficantes.

La causa de Alós dio un giro cuando la Corte Suprema ordenó que el expediente pase de la Justicia Provincial a la Justicia Federal, justamente en el marco de la investigación de los narcopolicías.

El fiscal Enrique Senestrari acusó que el expediente no llegó completo a su despacho. También cuestionó la autopsia realizada al cadáver del policía que instruyó el fiscal Drazile. Por eso, ahora se realizará una nueva investigación, para que el cadáver “hable”.

Senestrari apuntó fundamentalmente al hecho de que Drazile contaminó la escena del crimen ni bien llegó.

Por ejemplo, apagó el motor del auto, que aún estaba encendido, y apagó las luces. Se sospecha también que el auto, una vez colocado en un depósito judicial, fue lavado. Además, en algunas fotografías aparece un orificio en el techo del auto y en otras no.

Drazile sostuvo que Alós se disparó y consideró pruebas suficientes que no había signos de defensa, la posición del cuerpo, y una carta que presuntamente escribió el policía para despedirse de su familia.

En ella decía no haber superado la reciente muerte de su padre y el descrédito que le habría causado que se lo mencione en un programa de televisión como un narcopolicía. La familia no cree que la carta haya sido escrita voluntariamente por él.

Drazile quedó tan señalado que los legisladores provinciales del Frente Cívico (juecismo), encabezados por Liliana Montero, y uno de la Unión Cívica Radical, el aguadista Rodrigo de Loredo, pidieron que la actuación del fiscal sea investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.