La intempestiva reacción de algunos empresarios frente a la iniciativa del diputado Héctor Recalde para darle operatividad al articulo 14 bis de la Constitución en lo referido a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, revela hasta qué punto cierto segmento de las patronales argentinas continúa aferrado a una concepción retrógrada, rentística y parasitaria.

Falto de imaginación, el señor Héctor Méndez, empresario plástico y presidente de la UIA, apeló al lugar común de vincular el proyecto del legislador con una supuesta cubanización de la Argentina. La prosaica afirmación contraría las tendencias contemporáneas del derecho laboral, revela ignorancia sobre la vigencia de esta institución en varios de los países socialmente más avanzados y ratifica la naturaleza inmovilista de quienes, por la misma naturaleza de su menester, debieran ser amigos de la innovación y partidarios del progreso.

Esbozado en la Constitución de 1949 -derogada por los golpistas del 55- e incorporado como parte del primer capítulo de nuestra Carta Magna por la Convención Constituyente de 1957, el principio de la cogestión obrera hunde sus raíces en añejas tradiciones del sindicalismo y de la izquierda. No fue casual entonces que el legendario dirigente socialista Alfredo Palacios, pionero de la legislación laboral, fuera uno de sus principales argumentadores en las sesiones que tuvieron lugar en Santa Fe hace 53 años.

Que todavía hoy esté pendiente la aplicación de ésta disposición de rango constitucional es evidencia del atraso en que aún nos encontramos como sociedad, sobre todo porque en jornadas y proclamas históricas, el movimiento obrero viene planteando a través de los años tanto la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, como el control obrero de la producción. Así consta en los programas de La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y de la CGT de los Argentinos (1968). En éste último documento puede leerse una frase diáfana: "Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no sólo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes".

Es por ello que los socialistas bonaerenses llevamos al diálogo político suscitado por el gobierno nacional en 2009, previo a la reforma política sancionada en ese año, la propuesta de darle plena vigencia a aquel dispositivo constitucional. Por eso ahora le damos la bienvenida a ésta iniciativa que, de ser aprobada por el Congreso, significará dotar a los trabajadores de un nuevo derecho que servirá para evitar maniobras perversas, dobles contabilidades, evasiones impositivas, quiebras fraudulentas y despidos arbitrarios. Será un nuevo avance que se inscribe dentro del proyecto de mejoramiento institucional y ampliación de ciudadanía que está en marcha.