Los abogados de la oposición cuentan los días y ya intuyen una derrota. El procurador del Tesoro Joaquín da Rocha apeló hoy ante la Corte Suprema el amparo que trabó el Fondo del Bicentenario con el voto de las camaristas Clara do Pico y Marta Herrera.

Como esas magistradas eran las jueces de feria y esta concluyó, la decisión de conceder o no el recurso ahora está en manos de los integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Jorge Morán, Luis Márquez y Sergio Fernández.

El primero de ellos es el presidente de la Cámara y un juez con fama de independiente. Los otros dos camaristas son subrogantes en esa sala porque el gobierno se demora en designar postulantes para esas vacantes, una particularidad que en esta instancia podría favorecer a la Casa Rosada.

Es que Sergio Fernández tiene dicho en varios pronunciamientos y escritos que la Justicia no debe inmiscuirse en temas políticos. Es un férreo seguidor de la línea que bajó con indignación desde la Casa Rosada, cuando la jueza María José Sarmiento se atrevió a trabar el Fondo del Bicentenario y la remoción de Martín Redrado. No hay que especular mucho para intuir que este magistrado seguramente concederá con gusto la apelación con tal de sacarse de encima un tema demasiado urticante.

Sergio Fernández es además hermano del auditor Francisco Javier Fernández, un abogado peronista en torno de quien se tejen historias y mitos sobre sus profundas influencia sen el fuero federal, tanto el penal como el contencioso administrativo.

Como sea uno de los abogados de la oposición que batalla en tribunales para bloquear el Fondo del Bicentenario se sinceró ante La Política Online: “Me parece que estamos listos, Sergio Fernández y Luis Márquez van a conceder la apelación”.

Márquez también aparece alineado con los intereses del Gobierno para la oposición, sobre todo por la excelente relación que mantiene con su par Sergio Fernández. Esta amistad le valió incluso en su momento una denuncia ante el Consejo de la Magistratura a Fernández (ver documento adjunto), a quien el juez Ernesto Marinelli acusó de parcialidad. Es que este magistrado que aspiraba a ser camarista competía por el cargo con Márquez y Sergio Fernández integraba el comité de evaluación. El Consejo de la Magistratura consideró que no estaba probada la alegada parcialidad.

Plazos y jurisprudencias

Como la juez Sarmiento transformó en ordinario el proceso del amparo contra el Fondo del Bicentenario, luego de la apelación presentada hoy por el procurador Da Rocha, la contraparte –es decir la oposición- tienen diez días hábiles para presentar su descargo. Recién entonces los camaristas estarían habilitados para decidir si conceden o no la apelación ante la Corte Suprema.

El problema para la oposición es que ese plazo coincide con el final de febrero, es decir no comenzaron las sesiones ordinarias y en consecuencia si la Corte resuelve de inmediato y a favor de la Casa Rosada, el Gobierno podría ver liberado el camino para tomar las reservas antes que el Congreso trate el decreto de creación del Fondo del Bicentenario y eventualmente lo derogue (objetivo de todas maneras difícil de alcanzar sobre todo en el Senado).

Como sea, lo cierto es que la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo es reacia a conceder apelaciones ante la Corte Suprema de medidas cautelares como el amparo que interpuso la oposición. Sin embargo, fuentes del fuero afirmaron a La Política Online que en este caso “no sería extrañó que invoquen razones de gravedad institucional” para conceder el recurso.

Incluso las fuentes recordaron que en casos de envergadura como los juicios por Cablevisión, Telecom o el IVA a los medios de comunicación se condecieron recursos extraordinarios en apelaciones a medidas cautelares.

También para el debate legal queda resolver si en caso de que concedan el recurso este tiene efectos suspensivos –y entonces el Gobierno podría apropiarse de los fondos- o no. En principio, las fuentes consultadas afirmaron que “de ninguna manera tiene efectos suspensivos”, pero habrá que ver, ya se sabe que flexible es la biblioteca cuando presiona el poder. De tomas maneras, sera la Corte quien decida si corresponde o no otorgar efectos suspensivos a la apelación, hasta que se pronuncie.

La importancia de los camaristas estriba en que si estos negaran la apelación, el procurador Da Rocha sólo podría ir en queja ante la Corte y en este caso no hay dudas: en ningún caso tiene efectos suspensivos. Además de tratarse de un trámite más largo lo que le daría a la oposición más margen para tratar el decreto en el Congreso, mientras los fondos siguen bloqueados.