La Corte Suprema rechazó la acción de amparo presentada por la provincia de San Luis, en donde pidió se declare la inconstitucionalidad del decreto 2010/09, que creó el Fondo del Bicentenario para el pago de deuda pública con reservas del Banco Central.

El Máximo Tribunal, sin pronunciarse sobre el fondo del reclamo, entendió que la provincia no tiene legitimación para accionar en nombre de sus ciudadanos.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Helena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi consideraron que la provincia no tiene legitimidad para representar a sus ciudadanos y que el perjuicio que dice padecer por el uso de los fondos es general y no afecta un interés directo.

Altas fuentes del máximo tribunal sostuvieron, aunque la Corte no lo expresó en su resolución, que las provincias tienen el Congreso para defender a sus ciudadanos.

"La Constitución Nacional prevé que las provincias, si tienen que defender a sus ciudadanos, tienen a sus diputados y senadores", explicaron.

Los voceros insistieron en que no se deben judicializar los conflictos políticos y que "la imparcialidad del tribunal es ser independiente de todo el mundo".

La Corte Suprema sostuvo en su fallo que San Luis "carece de legitimación para actuar en autos, en tanto dice proteger los intereses de los ciudadanos de la provincia".

"En este sentido, varias de las razones en las que intenta sustentar su demanda, antes de demostrar los perjuicios concretos que se le acarrearían a la provincia, pretenden proteger una supuesta afectación de los intereses de aquéllos, circunstancia que descarta la posibilidad de que se trate de un interés directo de la actora (San Luis) que la transforme en parte sustancial", agregó.

En el máximo tribunal explicaron que de aceptar ese argumento "las provincias podrían reclamar cualquier cosa en nombre de sus ciudadanos".

La Constitución Nacional establece en su artículo 43 que no legitima a las provincias a actuar en nombre de sus ciudadanos sino que sólo pueden hacerlo un afectado directo, el Defensor del Pueblo o las asociaciones civiles.

Por otra parte, el máximo tribunal también rechazó la afectación que San Luis alegó que la provincia padecería por el uso de las reservas.

Al respecto, los jueces entendieron que San Luis "ha delegado en el Gobierno Central el ejercicio de dichas facultades, y en ese marco no puede reconocérsele la potestad de ejercer un control pormenorizado del ejercicio de aquellas por parte de la Nación, sin un interés directo claramente demostrado".

Los voceros se ocuparon de resaltar que en el caso del uso de las reservas "no hay un perjuicio actual y directo, sino general" y que San Luis no sufre "una afectación directa".

El Gobierno criticó la legitimidad de San Luis para actuar en la causa cuando contestó la demanda y el criterio fue compartido por la Corte.

La Corte no se pronunció sobre la legalidad o no del decreto, ya que al rechazar la legitimación de San Luis para actuar no analizó el contenido de la norma. En otros tribunales se tramitan causas contra el uso de las reservas.

"El tema de fondo va a llegar porque hay varios juicios", explicó un vocero de la Corte. La referencia es a la causa que diputados nacionales del PRO, la UCR y la Coalición Cívica iniciaron en el fuero Contencioso Administrativo Federal y que a través de dos medidas cautelares ordenaron frenar el uso de las reservas.

Esa causa podría llegar a la Corte Suprema si el Gobierno nacional apela, aunque la jurisprudencia del máximo tribunal no acepta tratar medidas cautelares ya que sólo analiza fallos con sentencias definitivas, lo que no es equiparable a una cautelar.