Mauricio Macri tomó una decisión arriesgada. En medio del caso por el espionaje, decidió no sólo apuntar contra la Policía Federal, sino denunciarla penalmente por haber, presuntamente, infiltrado a Ciro James para perjudicarlo.

Sin embargo la jugada no fue compartida por todos los funcionarios y legisladores que rodean al jefe de gobierno.

Según pudo saber LPO detrás de la decisión apareció una fuerte interna en el seno del gabinete macrista y, en especial, en el ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Guillermo Montenegro.

El debate era, claro está, alrededor de la conveniencia, o no, de salir a culpar a la Federal. Allí se cruzaron el ex juez con varios de sus funcionarios. En especial quien se opuso tajantemente a la ofensiva fue el subsecretario de Seguridad Urbana, Matías Molinero.

En una de las tantas reuniones que tuvo Montenegro con los suyos el tema salió a la luz. Molinero llegó a decir a viva voz que si se decidía ir contra la Federal su área no tenía destino. “Si hacemos eso no tengo más nada que hacer, todo mi laburo es con ellos”, habría dicho.

Las palabras del subsecretario tienen fundamento. La ciudad contrata los servicios de Policía Federal para adicionales en plazas, edificios públicos o distintos destinos de propiedad del gobierno porteño. También todo el trabajo en materia de seguridad vial, controles de alcoholemia y de tránsito se realiza en cooperación con los agentes de la fuerza de seguridad. Justamente estas son las funciones que tiene a su cargo Molinero y que podrían verse seriamente afectadas con la ofensiva judicial.

Además actúa en operativos vinculados a clausuras, control de higiene alimentaria, y todo lo relacionado con el área de control comunal. Es claro que la Metropolitana tardará años en hacerse cargo de todos estos temas.

En esta misma línea de pensamiento, por lo bajo, estaría el poderoso jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, quien mantiene un vínculo directo con el subsecretario.

A tal punto que Larreta arrancó meses atrás una serie de negociaciones con los funcionarios que enviaba su par nacional, Aníbal Fernández, para encarar una transición ordenada (ver nota aparte).

“Era una jugada obligada, no podíamos recular, había que ir contra el gobierno”, cuentan que les comentaba a sus allegados Montenegro cuando le consultaban sobre la decisión en el caso del espía.

A todo esto, el gobierno porteño adeuda todavía $40 millones a la Federal en concepto de servicios ya prestados a la ciudad y que, por falta de fondos, todavía no se pagaron.

Según explican en el ministerio de Seguridad esta deuda no tiene que ver con el tema del espía sino que se fue acumulando y por falta de fondos la ciudad no se pudo poner al día.

Como sea, finalmente Macri decidió tomar la iniciativa de salir a redoblar la apuesta en el caso James y se mostró con su ministro de Justicia para despejar rumores (ver recuadro). Claro que en su gabinete no cesan las dudas sobre si fue el mejor camino a tomar. En especial en lo que refiere al futuro de la gestión.