Una oscura maniobra para corregir mediante una insólita "fe de erratas" dos de los errores detectados en el texto de la ley de medios sancionada en la madrugada del sábado por el Senado, está a punto de hundir en el escándalo el trámite seguido para la aprobación del proyecto.

El apuro con el que el kirchnerismo quiso sacar la ley, sin permitir que se revisen las fallas con la que salió de Diputados, podría jugarle una mala pasada al Gobierno. Una meticulosa lectura de la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, publicada el mismo sábado en el Boletín Oficial, llevó luz sobre una anormalidad flagrante: la transcripción de los artículos 95 y 124 no coinciden con los del dictamen votado en la Cámara alta sin tocarle una coma a la media sanción que le llegó de Diputados. Si le hacía alguna modificación, aún la más leve, el proyecto debía volver a la Cámara baja y es lo que quiso evitar a toda costa el oficialismo, publica Clarín.

Durante la sesión del Senado, el senador cordobés Carlos Rossi, enrolado en el juecismo, advirtió reiteradamente -sin éxito- que esos dos artículos contenían serias incoherencias, por remitir a otras cláusulas que no nada tenían que ver con el tema al que se referían.Ayer fue el primero en denunciar que la promulgación de la ley resultaba inválida, por haber incorporado las modificaciones que el bloque K le impidió introducir. Por un principio constitucional, el Gobierno solo puede refrendar una ley tal como fue votada o recurrir al veto, cosa que no sucedió.

Hurgando en las causas de esa maniobra, Clarín descubrió que en realidad el cambio en el texto no fue responsabilidad del Ejecutivo sino obedeció a una jugada perpetrada en el mayor de los secretos por funcionarios de ambas cámaras ligados al oficialismo.

La movida consistió en el envío de una "fe de erratas" desde la Cámara baja mientras el Senado estaba en pleno debate de la ley. Y pese a que en ningún momento fue puesta en tratamiento -tal como consta en la versión taquigráfica donde se transcriben las 20 horas de sesión- en el sitio Web de la Cámara alta figura como sancionada el viernes 9 de octubre, antes de que se aprobara la norma, por la madrugada. Así consta en el expediente 54/09 que aparece publicado parcialmente en el portal del Senado, sin revelar su contenido completo. El único senador que admitió a Clarín conocer la "fe de erratas" fue Miguel Pichetto, titular del bloque oficialista.

En el despacho del vicepresidente Julio Cobos, quien presidió la sesión y firmó la sanción que fue remitida de inmediato al Poder Ejecutivo, le cargan las culpas al secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien lleva años en el cargo y llegó de la mano del peronismo. La nota correctiva le fue remitida por el secretario parlamentario de Diputados, Enrique Hidalgo, quien responde directamente al titular de esa Cámara, el ultrakirchnerista Eduardo Fellner. La Cámara baja fue habilitada a reordenar el texto cuando allí se votó la ley. Pero tras los 5 días que se tomó para enviarlo al Senado, los errores detectados no se habían subsanado.

Anoche, Cobos le envió a Estrada una nota exigiéndole explicaciones y, a pedido del senador Rossi, ordenó que se investiguen los hechos. Consultados por Clarín, el presidente provisional del Senado, el kirchnerista José Pampuro, y Ernesto Sanz, jefe de los senadores de la UCR, el principal de la oposición, aseguraron no haber sido informados sobre el ingreso de la "fe de erratas". Sanz avanzó más y advirtió que de ser cierto que el Ejecutivo recibió un texto modificado sin el voto de los senadores en el recinto, "se trata de una enorme irregularidad". Y advirtió que "este es un jalón más que ataca la vigencia de la ley".

Los errores al que hizo referencia el senador Rossi en la sesión –y que ya había anticipado durante el debate en el plenario de comisiones– quedan explicitados en los artículos 95 y 124 de la ley votada por la Cámara de Senadores.

En el 124 se habla de la conformación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos y se explica cómo se va a conformar. En el segundo párrafo señala: "Sin perjuicio de las facultades de incorporación de miembros conforme al artículo 116, estará integrado por miembros de reconocida trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunidad del país". Pero, curiosamente, en el artículo 116 no se hace mención al tema. Se habla de emisoras ilegales. Por ese motivo, el texto publicado en el Boletín Oficial remite al artículo 126, que sí contiene referencias al "reglamento" del Consejo Consultivo.
Una situación calcada se da en el artículo 95. Se sostiene en el segundo párrafo: "El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a la previsto en el artículo 88". Es decir, se habla de facturación. Nada que ver: ni una palabra surge del asunto en ese artículo, que se refiere a "la regulación técnica de los servicios". En el texto corregido se remite, con toda lógica, al artículo 97, que se titula "Destino de los fondos recaudados".

En el acalorado debate que tuvo lugar en la Cámara alta, tanto Rossi como otros senadores opositores hicieron hincapié en la serie de errores que contenía el texto aprobado por los diputados y lo atribuyeron, en la mayoría de los casos, al apuro y la desprolijidad con la que debatieron la norma. Como en esa Cámara se hicieron modificaciones a último momento al proyecto oficial, pero no se dio margen para una análisis profundo –según señalaron desde el arco anti K– en la renumeración del articulado se cometieron gruesos errores. También hubo alguno semántico: la senadora María Eugenia Estenssoro detectó que en el artículo 47 se quiso poner que las licencias se revisarían cada dos años, pero quedó la palabra "bianual", que quiere decir dos veces al año, y no "bienal", que era la correcta. Pero ese término no fue modificado ni por el Senado, ni por el Poder Ejecutivo.

Cuando Rossi, dirigente del riñón del ex intendente Luis Juez, detectó los vicios del texto durante la sesión, había señalado: "Hoy siento que el Senado de la Nación no sólo se ha convertido en la escribanía del Poder Ejecutivo, sino que –con tristeza lo digo– nos hemos convertido también en una escribanía de la Cámara de Diputados. Fíjense que ni siquiera hemos tenido capacidad para ponernos firmes y corregir horrores de redacción que vinieron de Diputados". Ayer, el primero en hacer públicas las modificaciones detectadas en la promulgación de la ley fue un blog de Internet. Luego, se supo que Rossi ya estaba preparando un escrito, que hizo llegar al despacho de Cobos, reclamando una investigación de lo sucedido y alega que con las modificaciones realizadas sin atravesar la votación del Congreso "nos encontraríamos ante la vigencia de una ley -de por sí muy cuestionada, que ahora enfrenta esta nueva irregularidad.