El Instituto del Juego y Apuestas de la Ciudad se negó a brindar información sobre su recaudación y las concesiones de las salas de bingo que le habían solicitado los diputados de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo y Diana Maffía, pero ahora tendrá que suministrar los datos requeridos por expresa orden de la Justicia porteña.

"La denegatoria de la administración constituye un accionar irregular que lesiona el derecho de acceder a la información pública", destacaron en los fundamentos de su sentencia los jueces Carlos Balbín e Inés Weinberg, de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Los dos legisladores habían solicitado, en base a la ley 104 (de acceso a la información pública), que el Instituto de Juegos y Apuestas les remita copia de las concesiones -ya vencidas- de las cinco salas de bingo que funcionan en la ciudad.

También que les informe sobre la terminal online, prevista en las concesiones de los bingos, para el control de las apuestas e ingresos por juego, como la recaudación por cada una de las máquinas tragamonedas instaladas en el Casino de Buenos Aires y en el Hipódromo de Palermo.

Otro de los requerimientos de Di Filippo y Maffía fue conocer el total de los ingresos de ese organismo, que depende del Ministerio de Hacienda, por cada uno de los juegos de apuestas y azar durante 2006 y 2007.

Como el presidente del Instituto del Juego y Apuestas de la Ciudad, Néstor García Lira, se negó a brindar la información requerida, los dos diputados porteños recurrieron a la Justicia, tal como lo prevé la ley 104, y lograron en primera instancia un fallo favorable a su petición, pero el organismo apeló.

El tribunal de alzada rechazó la apelación y confirmó el fallo de primera instancia que ordena al Instituto del Juego y Apuestas de la Ciudad a dar respuesta dentro de los cinco días hábiles una vez notificado de la sentencia.