“Venden las joyas de la abuela”. Esta es la frase que resuena en la oposición luego de que Legislatura porteña sancionara con 42 votos a favor una iniciativa que propone la desafectación de tres inmuebles del gobierno porteño y su posterior venta en una subasta para lograr obtener al menos 100 millones de dólares más al presupuesto 2009.

Es que el gobierno porteño está muy comprometido con sus cuentas (ver “Por la crisis, Macri lanza un durísimo ajuste en la ciudad”) y ya tuvo que comenzar a dejar obras de lado. A tal punto que en el Ejecutivo confiaron a LPO que este año sólo avanzarán dos obras clave: el Teatro Colón y el Maldonado (para mitigar inundaciones).

En este contexto, la venta de los inmuebles no es un hecho aislado sino una decisión política para hacer frente a la crisis y poder realizar las obras que, ante la imposibilidad de salir al mercado para obtener financiamiento (trámite que trabó el gobierno nacional), no se podrán hacer.

Esta estrategia, acompañada por la exitosa emisión de Letras (que en sus tres primero tramos tuvo una recepción exitosa del mercado que triplicó la oferta inicial) apunta a mantener estable el flujo de caja

La decisión de comenzar a rematar todo inmueble ocioso o terreno en desuso tiene que ver con una realidad con la que se encontró Mauricio Macri: sin financiamiento externo y con el ritmo de recaudación desacelerada no hay otra forma de lograr mantener el nivel de obras que se planificaron para 2009.

Por ello, según pudo saber LPO, en el gobierno porteño ya comenzaron a mirar a inmuebles, terrenos u otros bienes con los que se podría contar con alguna entrada de dinero que colabore con la gestión.

De remate

Si bien en rigor no hay inmuebles de la magnitud de los tres de Catalinas Norte, cuya ley se aprobó, todavía hay algunos que se podrían rematar en determinadas áreas que en el Ejecutivo están relevando. En especial, los que tienen que ver con herencias vacantes: departamentos y, en especial, terrenos en toda la ciudad.

Pero donde apunta principalmente Macri es a los millonarios terrenos que, en algunos casos, son compartidos con el gobierno nacional.

Entre ellos, los de la Reserva de la Costanera y los de Casa Amarilla, en la zona sur. También, en Retiro la denominada “parrilla ferroviaria”, en la cual se debe llegar a un acuerdo con el Onabe (organismo nacional donde se administran los bienes del Estado).

En estos casos la ciudad, para poder venderlos, debe rezonificar (otorgarles otra categoría para poder construir o explotar comercialmente) las zonas para o bien construir departamentos y torres, o para comercios de todo tipo.

Otra posible fuente de recursos son unos terrenos de Puerto Madero en los que IRSA pretende, mediante un concurso en el que participó hasta la presidenta Cristina Kirchner, colocar un monumento en alusión al Bicentenario.

Esto supone otra rezonificación. Sin embargo, según cuenta a LPO el diputado de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, “esa zona es zonificación puerto, donde sólo se podrían instalar oficinitas. Sin embargo en la maqueta se pusieron oficinas de 30 pisos”.

Consultado por este medio, el legislador porteño Martín Hourest (vinculado a Claudio Lozano) apuntó que el macrismo “tiene una negativa absurda en decir que no tienen una crisis financiera cuando en realidad es así. Están vendiendo activos, bajando inversión y no discutiendo salarios”.

Catalinas Norte y valuaciones dudosas

A todo esto, como se dijo, la Legislatura porteña sancionó una ley que propone la desafectación de tres inmuebles del gobierno porteño y su posterior venta en una subasta junto a una modificación en el Código de Planeamiento Urbano para que se puedan construir torres de hasta cincuenta pisos.

En esos terrenos -situados en avenida Eduardo Madero 1014/20, 1180 y avenida Leandro N. Alem 815- actualmente funcionan una estación de servicio, un estacionamiento y una cancha de tenis.

La propuesta del Gobierno contempla la rescisión de esas concesiones sin indemnización y la posterior venta de esos inmuebles, destinando los fondos (se calcula entre 300 y 400 millones de pesos) al Ministerio de Educación porteño, puntualmente a la compra de algunos de los colegios que la Ciudad alquila.

Sin embargo, Abrevaya desconfía de la tasación que planteó el Ejecutivo. “Había una tasación de 100 millones de dólares. Pero nosotros teníamos el año pasado (un estudio que realizaron un grupo de arquitectos vinculados a la legisladora Teresa de Ancohrena) que eso valía alrededor de 200 millones de dólares”.

“Es difícil saber cuánto vale ahora. Lo están rezonificando de una forma distinta. Ahora podría pasar que (Nicolás, amigo de Macri) Caputo se presente porque está armado para grandes constructoras o pooles”, detalla el legislador de la CC. Es que la ley sancionada permite construir una torre de importante tamaño.

Alquileres e inmuebles

A pesar de esta situación y la intención de vender propiedades, actualmente la ciudad alquila seis escuelas y tiene al menos dos edificios alquilados (uno para el área de Descentralización y otro para Educación). A ellos se les suma que prácticamente la mitad de los CGP también son alquilados y que terminan siendo más caros que las oficinas públicas.

En este marco, el diputado macrista Álvaro González reveló, en el debate por la ley de Catalinas Norte, que durante 2008 el Ministerio de Educación pagó $10 millones en alquileres de escuelas. Y citó la Escuela nº 13, donde la ciudad abona por mes $11.500, “es decir, casi el mismo importe que paga de alquiler solamente uno de los concesionarios de los inmuebles de Catalinas Norte”, explicó.

"Teniendo en cuenta que si una escuela cuesta aproximadamente $3 millones y por un lote como el ubicado en Alem y Córdoba, el concesionario le paga a la Ciudad sólo 11 mil pesos entonces se necesitarían veinticinco años para comprar solamente una escuela", concluyó el titular de la Comisión de Hacienda.