Aunque ya se acumulan los antecedentes de maniobras políticas de Néstor Kirchner cuestionadas por constitucionalistas, ahora el ex presidente suma una más. Su plan de llevar a Daniel Scioli como candidato a diputado nacional y a los intendentes encabezando la lista a concejales de sus distritos, para luego renunciar y volver a sus cargos, violaría el tratado de San José de Costa Rica.

La denuncia llegó desde el radicalismo. Su titular, Gerardo Morales, ya adelantó que “de concretarse la presentación de la candidatura a diputado nacional de Daniel Scioli, la UCR lo impugnará por estafa”, mientras calificó como “patética” la actitud del gobernador bonaerense de considerar la posibilidad de competir por una banca en el Congreso en las próximas elecciones nacionales.

Morales señaló que “el kirchnerismo defrauda la soberanía del pueblo cuando incita al gobernador y los intendentes a integrar las listas de legisladores aún cuando de antemano avisan que no ocuparán esos cargos, sino que lo hacen solo para traccionar votos”. “No se puede integrar una lista de candidatos cuando luego no se va a cumplir con ese cargo para el cual el pueblo votó. Es un fraude”, añadió el senador nacional.

Pero a la crítica política también la alcanzaría la legal. “El Pacto de San José de Costa Rica, tratado con rango constitucional, establece que las elecciones deben ser auténticas”, explicó al respecto Ricardo Gil Lavedra, prestigioso constitucionalista que integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares.

“Es una estafa al pueblo de la Nación que un funcionario en pleno ejercicio de su cargo, en este caso el Gobernador, se presente como candidato pero advirtiendo que no asumirá su banca en caso de ganarla en las elecciones” aclaró el además jefe de los equipos técnicos de la UCR.

“Los pactos internacionales han sido incluidos en la Constitución nacional para ser cumplidos y hacerlos cumplir. Por eso, estamos recolectando antecedentes para observar las candidaturas si las mismas se concretan”, abundó el constitucionalista Gil Lavedra.

El Pacto de San José de Costa Rica, reconocido en la Constitución Nacional, establece en su artículo 23º que: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.