Luego del incendio que se llevó la vida de seis chicos en un edificio ocupado ilegalmente en La Boca la política de desalojos en la ciudad se puso en el eje del debate.

Desde el macrismo, ni bien asumido Mauricio Macri, se encaró una política relacionada con todo tipo de desalojos. Desde el Ministerio de Espacio Público con los cartoneros de Belgrano hasta otros relacionado con la emergencia y los que realiza la Agencia Gubernamental de Control.

Cualquier tipo de desalojo tiene detrás, por ley, una orden judicial. Allí, una vez librada la solicitud, el gobierno porteño puede entrar en acción. El único caso en el que el gobierno puede actuar “de oficio” es para desalojar edificios a punto de caer. En 2008 se realizaron 350 desalojos de este tipo que afectaron a cerca de 1700 familias. El promedio en los últimos años es de dos desalojos diarios.

En el caso de La Boca, justamente, la comuna adujo que los dueños del edificio no habían pedido una orden de desalojo con lo cual el Ejecutivo estaba atado para interceder.

Desalojos y leyes

A todo esto, en el macrismo explican que es necesario avanzar con desalojos ya que en la ciudad sobran las casas tomadas, viviendas precarias y asentamientos ilegales que pueden terminar en tragedias.

“No queremos un Cromañon habitacional”, grafica ante LPO un legislador del bloque oficialista. “El tema es que siempre tenemos palos en la rueda”, agrega en referencia a los cientos de amparos judiciales que presentaron distintas organizaciones sociales y hasta diputados porteños de la oposición.

A fines de diciembre la Legislatura sancionó un proyecto del titular de la comisión de Vivienda, Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), por el cual se impedían los desalojos durante seis meses.

En ese entonces, cerca de la una de la madrugada, el macrismo se opuso al proyecto, que finalmente fue aprobado con el visto bueno de la oposición. Por este motivo, el gobierno porteño decidió que vetará la iniciativa ya que, según creen, les atará las manos.

Ya en 2004, con el impulso de la entonces legisladora y actual titular de la Auditoria, Sandra Bergenfeld, se declaró la “Emergencia Habitacional” (Ley 1.408) en todo el terreno de la ciudad. Para ese año había más de 300 mil personas con problemas de vivienda.

El tema que surge es qué hacer. En los casos, en especial aquellos extremos en los que la salud de esos vecinos podría verse comprometida seriamente, en los que el desalojo es inevitable el gobierno debe actuar sin impedimentos para atender la emergencia (el ministerio de Desarrollo Social se encarga de ello).

El problema, según plantean en la oposición, es que como contraprestación la ciudad no ofrece una respuesta adecuada: o un subsidio que va desde los 20 hasta los 90 mil pesos dependiendo de la casa y viviendas transitorias.

“Por cada casa que construimos llega otra familia de afuera y se instala en alguna villa o asentamiento”, describe el legislador del PRO consultado.

Política habitacional

En este marco, la política habitacional la lleva adelante el IVC (Instituto de la Vivienda) y la Corporación Sur (que sólo construye en el marco de un plan integral de urbanización y reacondicionamiento de las villas del sur).

Hoy en día más de 500.000 personas no tienen vivienda o habitan en viviendas con condiciones de seguridad e higiene deficitarias.

Este medio millón de personas se reparten en 13 villas, cuya población aumentó un 30 por ciento en los últimos cuatro años, 55 asentamientos precarios, dos núcleos habitacionales transitorios, tres barrios municipales y once complejos habitacionales.

A estos datos hay que sumarle una infinidad de casas tomadas, hoteles familiares no habilitados, inquilinatos y conventillos.

En 2006 se destinó el seis por ciento del presupuesto total de la ciudad para la construcción de viviendas y para el 2007 se asignó el cinco por ciento. En 2008 el porcentaje siguió bajando: apenas un cuatro por ciento.

Este año el IVC tendrá más de 500 millones de pesos para avanzar en obras nuevas ya que el año pasado tuvo que intentar finalizar 1280 viviendas retrasadas producto de gestiones anteriores.

Interpelaciones dudosas

Por su lado, el titular del bloque kirchnerista, Diego Kravetz, pidió la interpelación de tres funcionarios macristas: el subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, el encargado de la Agencia de Control Comunal, Federico Young, y el presidente del Instituto de la Vivienda, Roberto Apelbaum.

Lo curioso del caso es que este último funcionario tiene en su directorio, desde el comienzo de la gestión del macrismo, un hombre de confianza de Kravetz: el peronista Hernán Pérez. Los otros dos, en cambio, además de Apelbaum, son efectivamente del PRO (Eduardo Petrini y el radical Claudio Niño).

"Nosotros estamos exigiendo que vengan a la Legislatura para que expliquen las políticas en vivienda del Gobierno de la Ciudad, el relevamiento de las edificaciones en riesgo y las funciones de la Agencia de Control Comunal", explicó el diputado porteño para justificar el pedido de interpelación que, al igual que la mayoría, podría terminar, como máximo, en una presentación espontánea en una comisión.