En la constelación de empresas que crecieron de manera exponencial durante el kirchnerismo, la cordobesa Electroingeniería está pasando de un lugar marginal a ocupar el centro de la escena, que hasta ahora estaba reservado a otros personeros como Cristóbal López, Lázaro Báez o empresarios cercanos como el petrolero Carlos Bulgheroni, por sólo mencionar algunos de un sistema demasiado amplio.

Esta firma cordobesa encabezada por Gerardo Ferreyra, un antiguo militante del ERP que compartió la prisión durante la dictadura con el secretario General de la Presidencia, Carlos Zanini, hasta la llegada de Kirchner al poder el único antecedente que tenía era la construcción de unas escuelas en Córdoba. Pero gracias al nuevo "ciclo" político, pasó de la nada al primer plano de los negocios energéticos con la compra en el 2005 de la mayor distribuidora eléctrica del país, Transener.

Tanto en esa operación como en otras obras que le adjudicaron los Kirchner, como los gasoductos del famoso caso Skanka, Electroingeniería fue denunciada por coimas, sobreprecios y todo el menú habitual para las operaciones del kirchnerismo. Y como siempre sucede cuando el objetivo es parte del dispositivo del poder, la justicia mostró y muestra una notable morosidad a la hora de investigar.

Es evidente que en su decadencia política, el kirchnerismo está extremando su voracidad económica. La lectura obvia es que están ingresando en una nueva etapa de “acumulación” de capital, para lo que ya intuyen serán años de vacas flacas. Y acaso con la fantasía que el poderío económico les permitirá equilibrar el déficit de la política. Sobran ejemplos de la banalidad de esta estrategia. Los testaferros se suelen olvidar rápido de sus patrones, cuando estos ya no tienen los resortes del poder de policía del Estado, bajo su control.

Como sea, en este nuevo ciclo de expansión de negocios kirchneristas, en las últimas semanas Electroingeniería coronó diversas jugadas resonantes. Le compró radio Del Plata a Marcelo Tinelli, y ahora se sabe que también presionó para quedarse nada menos que con la casa de Gobierno de Córdoba (Palacio de las Tejas), ubicada en el costosísimo barrio de Nueva Córdoba.

Negociados cordobeses

El gobernador Schiaretti, luego de la primavera de rebeldía que vivió durante el conflicto con el campo, parece decidido a restañar su vínculo con la Casa Rosada, de la única manera que entienden los Kirchner: entregándoles jugosos negocios.

Lo hizo semanas atrás permitiendo la instalación de miles de tragamonedas en su provincia, una decisión que calza a la perfección en los intereses del zar de ese negocio Cristóbal López, quien ya había intentado entrar en esa provincia sobornando a Luis Juez, según denunció el propio ex intendente de la ciudad mediterránea.

Ahora, Clarín reveló que Schiaretti decidió recibir el año con un combo de operaciones inmobiliarias y anunció la venta de la Casa de Gobierno; el edificio Pablo Pizzurno, donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social, varias comisarías, la Escuela de Suboficiales de Villa Belgrano; y hasta la Colonia Vidal Abal, un legendario hospital psiquiátrico de la localidad de Oliva, a unos 96 kilómetros al sur de la capital provincial.

¿La idea? Según explicó el propio gobernador, "construir, con el fondo producido por las ventas, una nueva sede de gobierno, un Centro Cívico" en los terrenos del ex Ferrocarril Mitre, frente a la Terminal de Omnibus, que también se renovaría.

Schiaretti afirmó que "ya ingresaron dos propuestas a la Unicameral que se debatirán en febrero". Se trata de las elevadas por el empresario Euclides Bugliotti y Electroingeniería.

En Santa Cruz es más caro

El diario La Nación aporta la segunda revelación del fin de semana. La Auditoría General de la Nación (AGN) pidió investigar por qué el segundo tramo del tendido eléctrico de alta tensión que va de Río Negro a Santa Cruz costó 48% más caro por kilómetro que el primero.

Este hecho fue primicia exclusiva de La Política Online en mayo, cuando accedió al preinforme de de auditoría que ayer publicó el matutino porteño.

A partir de esos números, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que dirige Manuel Garrido, ya investiga un presunto pago de sobreprecio del orden de los $ 150 millones.

Según el informe de la AGN, los elementos aportados por la Secretaría de Energía de la Nación sobre el tema no alcanzan para justificar el incremento entre una y otra obra. Además, este organismo objetó que el gobierno no ejerciera el seguimiento y monitoreo en forma directa de esas obras, realizadas por la empresa Intesar SA, subsidiaria de Electroingeniería.

Por el primer tramo de la obra (entre Choele Choel y Puerto Madryn) se pagaron $ 545.737 por kilómetro, mientras que en el segundo tramo (Madryn-Pico Truncado) costó $ 848.812 el kilómetro. "La diferencia de precio [por kilómetro] entre uno y otro tramo promedia el 48% si se incluyen conductores y estructuras metálicas", afirma la AGN.

La primera denuncia del caso se remonta a junio pasado, cuando los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán y Adrián Pérez pidieron al fiscal Manuel Garrido, investigar las diferencias de costos entre los dos tramos del tendido eléctrico, cuya etapa final se concluyó en 2008.

La última semana Morán y Pérez ampliaron la denuncia ante Garrido e incluyeron los nuevos elementos que aportó la AGN.

En su denuncia, los diputados también piden investigar por qué el Estado le entregó a Electroingeniería la explotación de la línea eléctrica de alta tensión investigada hasta el año 2088.

La Auditoría también recuerda que la Dirección Nacional de Prospectiva ponderó la prioridad en la interconexión eléctrica en la región NOA- NEA, y cuestiona que el Gobierno haya priorizado el tendido eléctrico patagónico en lugar de iniciar esas obras. Además, da cuenta de que el proyecto se financió con dinero del Tesoro Nacional, a pesar de que todos los argentinos aportan el seis por mil de su tarifa eléctrica a un fondo especial para financiar obras de ese tipo en Santa Cruz.

La AGN basó sus conclusiones en la información suministrada por la Secretaría de Energía, que explicó que entre una y otra obra pasaron dos años que "significaron una variación de precios del 20%".

El organismo que conduce Daniel Cameron también sostuvo que la diferencia de los costos se debió a que "las características de la obra en cada tramo son distintas" y en que los valores de las commodities en 2005 (antes de iniciarse la segunda obra) "registraron incrementos importantes", según transcribe el informe de la AGN.

Sin embargo, para la Auditoría, la Secretaría de Energía "no ha aportado los elementos de juicio que justifiquen" la suba del 48% y en sus recomendaciones finales le pide "indagar si la estructura de costos de las obras de interconexión distingue elementos que justifiquen las diferencias de precio por kilómetro" en el tendido.

Por si quedaban dudas, en sus conclusiones la AGN repite: "Se impone la realización de una auditoría de ambos tramos de obra, a los fines de establecer la razonabilidad de los costos del segundo tramo".