“No vamos a permitir que transformen a la Argentina en un lavadero”. Esta frase del diputado radical Miguel Ángel Guibergia resume al detalle el eje de cuestionamientos que atacó en Diputados al promocionado proyecto de medidas anticrisis de Cristina Kirchner. Hasta allí llegaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni, para presentarlo y defenderlo.

El propio Tomada arrancó su exposición explicando que el texto incluye tres títulos: la normalización de deudas tributarias; el mantenimiento y protección de empleo registrado con beneficios a PyMes; y el régimen de repatriación de fondos argentinos en el exterior. Esto fue, justamente, la principal crítica.

Desde la oposición, reconocían que los dos primeros puntos podían ser discutidos hasta llegar a un acuerdo, ya que aunque reconocían las medidas como insuficientes para frenar el efecto de la crisis en la actividad comercial y el riesgo de desempleo, podían corregirse para llegar a un acuerdo.

Pero el blanqueo de fondos es lo que tomaban como la decisión que estaba por fuera del espíritu y los fundamentos del proyecto –que en síntesis es la defensa manifiesta de los puestos de trabajo- y los bloques no oficialistas coincidieron en el análisis de este punto. Esto es, el peligro de transformar a la Argentina “en un paraíso fiscal”, tal cual lo definió el diputado de PRO, Esteban Bullrich, y que la exención de las causas penales a quienes blanqueen sus fondos será una traba innegable a las investigaciones de corrupción y coimas.

Por separado

El pedido de analizar el título del proyecto que avala el blanqueo de fondos por fuera del resto surgió de todos los ámbitos. Jorge Sarghini, del peronismo no kirchnerista, dijo que “a paquete cerrado parece demasiado duro para defender el empleo tener que votar el blanqueo y la moratoria”.

En sintonía siguió el cordobés César Albrisi, quien pidió “trabajar independientemente las moratorias y los beneficios laborales y no condenarnos a votar en contra de la ley” y el propio Bullrich, quien lamentó “meter la defensa del empleo entre otros temas” porque “es sacrificar un tema que podía ser positivo”.

Aunque se trataba tan sólo de analizar el blanqueo en otro proyecto, ya que en ningún momento los representantes del gobierno lograron explicar la relación de esa medida con la protección de los trabajadores que fundamenta la ley, y que el titular del bloque oficialista Agustín Rossi había aceptado la posibilidad de emitir modificaciones, Tomada fue lapidario ante esto: “El día de mañana van a decir que les gusta el artículo 28 de cualquier proyecto y van a pedir tratarlo aparte”.

Argentina, lavadero

A la exposición de Guibergia, fueron varios los que aprovecharon para manifestar su temor a que la medida sirva para blanquear fondos de origen delictivo. “No compartimos la idea rectora. ¿Cuál es el mejor camino para financiar al Estado para que efectúe políticas para atenuar la crisis? El gobierno eligió el camino de la impunidad fiscal”, opinó Carlos Raimundi, de Solidaridad e Igualdad (SI).

Aunque Moroni aclaró que la extinción de cualquier acción penal contra los que declaren sus fondos “es sólo vinculada a delitos de infracción tributaria” y que si hay defraudación o cohecho “esos delitos deberán seguir siendo investigados”, Bullrich aclaró un punto clave.

“La investigación de una causa penal tributaria muchas veces lleva al delito de cohecho. Hay empresas que pueden utilizar esto para blanquear fondos que han pagado en coimas y así evitar la investigación por sobornos” dijo, al tiempo que, lógicamente, recordó el caso Skanska y todas las empresas que podrían blanquear vinculadas a esa investigación y nombró a Al Capone: “Fue preso por evasión fiscal”.

La misma contradicción encontró Sarghini. “Si se quiere incentivar el nivel de empleo, ¿Qué tiene que ver el blanqueo de bienes radicados en el exterior y los depósitos?”, preguntó. Para atemorizar, Moroni respondió que “si el Congreso no entiende que hay que devengar deudas la AFIP tendrá que embargar empresas para ejecutar esas deudas y en algunos casos pedir la quiebra”.