Cuando comience mañana una agitadora sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, entre los temas que quedarán eclipsados por el tratamiento de las leyes anticrisis de Cristina Kirchner o la expropiación de Aerolíneas Argentinas estará el nombramiento del nuevo titular de la Procuración Penitenciaria Nacional.

Así el oficialismo, con el impulso del ministro de Justicia Aníbal Fernández, busca darle sanción definitiva a la designación de una mujer muy polémica y estrechamente vinculada a quien justamente deberá controlar, el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio.

Marambio es uno de esos funcionarios de tercer rango que, de haber obtenido un puesto más importante, sería tapa de diarios por sus criticados manejos y la infinidad de denuncias que caen sobre sus espaldas por violación de Derechos Humanos en las cárceles argentinas, que él maneja.

Cómo ya lo había denunciado La Política Online hace meses, entre las acusaciones en su contra aparecen cosas tales como proveer de “lujos” a ex represores detenidos y de nombrar a personajes nefastos en distintos cargos operativos. Mantenía una seria interna con quien acaba de vencer su mandato como procurador, Francisco Mugnolo. A tal punto, que la Justicia Federal de Morón citó a Marambio por el hallazgo de un arma en la cárcel de Marcos Paz que tenía como supuesta finalidad asesinar a Mugnolo.

Con la salida de Mugnolo, Marambio aprovechó sus influencias con Aníbal Fernández, su protector oficial, para promover la designación de Silvia Martínez, con quien mantiene una más que estrecha relación y quien en contadas ocasiones ha alabado sin medir límites la labor de Marambio en el Servicio Penitenciario, el mismo que acumula denuncias.

Alfonsín y Raquelita

Según pudo constatar este medio, el bloque kirchnerista intentará cerrar la designación de Martínez mañana en Diputados. La movida ya logró media sanción en el Senado gracias a una gestión más que especial del ex presidente Raúl Alfonsín, pero deberán lograr la sanción definitiva antes de fin de año, sino el proyecto perderá estado parlamentario y habrá que empezar todo de cero.

El oficialismo tenía muy difícil la cosa en la Cámara Alta, ya que faltaban una gran cantidad de votos para obtener las dos terceras partes requeridas, por la manifiesta oposición de la Coalición Cívica y el socialismo. El candidato presentado por este frente más el bloque Federal, Ernesto Moreau, plenamente calificado y sin haber recibido ninguna denuncia en la misma ocasión, fue rechazado sin argumentos dignos para tales circunstancias.

Pero en medio apareció un personaje inesperado que torció la cosa de forma definitiva. Se trata de la dirigente radical Raquel Gass, quien ocupó cargos en la Procuración Penitenciaria y quien, usando sus vínculos con Alfonsín por la amistad que éste tenía con su padre, César Gass, logró impulsar la medida.

El propio ex presidente movió su tropa en el Senado y pidió que se de vía libre a la designación de Martínez. “Es un favor personal para Raquelita”, repetía a los legisladores radicales.

Así, el oficialismo no sólo logró obtener los votos necesarios para la media sanción del nombramiento de Martínez sino que incluso logró llevar la votación sobre tablas, con lo cual la mayoría simple bastó para trasladar el proyecto a Diputados. Esto, sin embargo, aparece difícil, aún incluso con los votos de la UCR a favor.

Las impugnaciones

La Política Online accedió en exclusiva a una serie de impugnaciones de distintas ONG´s muy prestigiosas y organizaciones de Derechos Humanos contra el nombramiento de Silvia Martínez. Entre ellos, aparecen el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

Pérez Esquivel, la APDH y otros organismos enviaron un informe a la senadora Roxana Latorre, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación, para emitir opinión sobre el nombramiento de Martínez. Allí, destaca entre otros ítems para su impugnación:

- “La candidata ha negado públicamente la práctica de tortura en cárceles federales. Esto sólo le impide asumir las funciones (…) quienes recorremos las cárceles corroboramos a diario la persistencia de tratos crueles e inhumanos”.
- “La candidata no posee independencia de la gestión actual. (…) Su comunicado claramente defendía la gestión del Director General del SPF (…) intentaba desacreditar una investigación y asociarla a un ataque al director Marambio”.
- “La falta de trayectoria específica en la defensa de derechos humanos que exhibe la Sra. Martínez (…)

En cuanto a la impugnación del CELS, esta destaca en consecuencia que Martínez mantiene “una posición pública explícita contra la investigación sobre maltrato carcelario que la Procuración Penitenciaria (de Mugnolo) difundió a fines del año pasado, y una defensa directa de la gestión actual del Servicio Penitenciario Federal”.

Otras organizaciones también hicieron hincapié en la seriedad de que Martínez haya minimizado el trabajo de investigación a cargo de Mugnolo sobre violencia, maltrata y violación de derechos humanos en las cárceles federales. Aparecen allí menciones de cuando Martínez remitió al diario Página/12, que había publicado los datos de una investigación sobre violencia carcelaria, una desmentida oficial desde su cargo en la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.

El Grupo Universitario Devoto señalaba su preocupación en “que la propuesta se impulse desde la fuerza que debe ser controlada”, agregando “las manifestaciones públicas que dicha defensora ha realizado desmintiendo y minimizando los abusos y malos tratos”.