Se agrava la situación en las cárceles. Aunque la Constitución Nacional establece en su artículo 18 que “quedan abolidos para siempre (…) toda especie de tormentos y azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, distintos organismos de Derechos Humanos vienen manifestando su preocupación por la situación penitenciaria en nuestro país.

La organización humanitaria Amnistía Internacional envió una carta al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, en donde expresa que en las cárceles argentinas se somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas privadas de su libertad y solicitó al gobierno argentino, que cesen las violaciones a los Derechos Humanos en la prisión, a la vez que piden se apoye y se proteja a las organizaciones de la sociedad civil y abogados defensores de derechos humanos que trabajan sobre los derechos de los internos y que se ponga en marcha un programa de asistencia médica y mejoramiento de las condiciones de higiene.

También el CELS y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron el viernes 4 de julio con el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández.

En el encuentro se presentó una propuesta para la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por Argentina en 2004.

El ministro se comprometió a estudiar el proyecto y dar una respuesta en el curso del mes próximo.

Distintas investigaciones y denuncias dieron cuenta de graves violaciones a los Derechos Humanos en las cárceles de nuestro país.

El gobierno nacional procuró abordar esta situación cuando ubicó a un civil al frente del Servicio Penitenciario Federal; el entonces Ministro Iribarne designó a Alejandro Marambio quien se había desempeñado como abogado de la Procuración Penitenciaria.

Pero el remedio resultó peor que la enfermedad, Marambio es cuestionado por organismos de Derechos Humanos por nombrar a un torturador al frente de la Cárcel de Devoto, por impedir el trabajo de las ONGs, por no reconocer que las torturas forman parte del sistema penal y por otorgar privilegiadas condiciones de detención para el militar Caggiano Tedesco, condenado por crímenes de lesa humanidad.

También los penitenciarios cuestionan a su Jefe por no atender sus recomendaciones, fuentes del SPF informaron que una semana antes de producirse el último motín en la cárcel de Villa Devoto habían sugerido a Marambio frenar los realojamientos en los pabellones que mezclaban a presos estudiantes de buena conducta, con los mas violentos del penal.

El director del Servicio Penitenciario no quiso escuchar y el motín finalmente sucedió.

Las cárceles argentinas no colaboran para reducir el delito. Tras los muros de las prisiones federales se violentan de forma sistemática los Derechos Humanos y solo se promueve el ocio y las actitudes violentas, es mas fácil conseguir drogas que poder estudiar o aprender un oficio.

La administración penitenciaria tiene que cumplir su función en el marco de lo que la ley manda y la sociedad demanda. Las cárceles albergan a miles de hombres y mujeres que en algún momento van a recuperar su libertad, y para cuando lo hagan es de esperar que cuanto menos no salgan peor de lo que entraron.

La anterior gestión de Nestor Kirchner y la actual, de Cristina Fernándes, han tenido como columna vertebral de su actuar, el respeto a los Derechos Humanos y se ha procurado garantizar su plena vigencia.

Es de esperar que esta política de Estado remueva los obstáculos que existen para que los Derechos Humanos existan, de una buena vez, tras los muros de la prisión.