Editorial
La reforma tributaria exige coordinación con las provincias
Por Walter Agosto
La menor recaudación asociada a la reforma será asumida conjuntamente por nación y provincias, vía menor recaudación de impuestos coparticipados.

Desde el inicio de su gestión, el actual gobierno ha anunciado y promovido una reforma tributaria con el objeto de reducir la carga impositiva y mejorar su perfil, a efectos de contribuir a mejorar la competitividad de la economía.

El primer indicio concreto se materializó en la Ley 27.260, que creó en el ámbito legislativo una Comisión Especial para la Reforma Tributaria cuyo principal objetivo es evaluar las propuestas que sobre este tema hiciera el Poder Ejecutivo. En dicho ámbito, funcionarios del área económica presentaron los lineamientos generales del proyecto en análisis, y luego anunciaron públicamente los ejes fundamentales de la iniciativa y las medidas específicas que contenía. Finalmente, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley de reforma tributaria al Parlamento, que ingresó por la Cámara de Diputados la cual, de acuerdo a normas constitucionales, constituye la cámara de origen para los temas impositivos.

El desafío de encarar una reforma tributaria no es menor, considerando que la presión tributaria ascendería a 33,1% del PBI para 2017, sobre la base de una estructura compleja e ineficiente, en una economía caracterizada por niveles altos de informalidad. Por otra parte, el desequilibrio fiscal condiciona la propuesta y le da un carácter gradual, a efectos de que no altere el cumplimiento de las metas fiscales que el gobierno ha definido para los próximos años.

En este contexto, es crucial analizar las principales medidas impositivas contenidas en el proyecto de ley.

La economía política de la reforma resultará compleja y augura un debate intenso que no se limitará al ámbito parlamentario. Las posibilidades de alcanzar consensos con relación a la iniciativa del Poder Ejecutivo también dependerán del entendimiento que el gobierno de la Nación y los de las provincias alcancen sobre los términos del Consenso Fiscal que acordaron en noviembre de 2017.

Por este mismo motivo, en el documento adjunto se analizan las principales medidas impositivas contenidas en el proyecto de ley y la propuesta de reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contempladas en el Consenso Fiscal.

El desafío de encarar una reforma tributaria no es menor, considerando que la presión tributaria rondará 33% del PBI este año, sobre la base de una estructura compleja e ineficiente, en una economía con niveles altos de informalidad. Por otra parte, el desequilibrio fiscal condiciona la propuesta y le da un carácter gradual, para que no altere el cumplimiento de las metas fiscales que el gobierno ha definido para los próximos años. Sin embargo, la iniciativa no incluye cambios sustantivos que simplifiquen la estructura tributaria.

Alcances
Las principales medidas incluidas en la reforma tributaria apuntan a reducir impuestos distorsivos que afectan la competitividad de la economía y a promover la generación de empleo: se baja la alícuota del Impuesto a las Ganancias corporativas en el caso de reinversión de utilidades; se reduce el plazo para la devolución del IVA; se computa lo pagado por Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias y se establece un mínimo no imponible para las contribuciones patronales (esto también apunta a reducir la informalidad). Además, se incorpora el denominado impuesto a la renta financiera y se modifica impuestos internos e impuestos a los combustibles.

Estas iniciativas de reforma tributaria se complementan con otras incluidas en el denominado consenso fiscal, donde las provincias se comprometen a reducir la incidencia de los impuestos a los ingresos brutos y sellos y a aumentar la imposición patrimonial.

Ingresos Brutos
Las modificaciones que las provincias deben implementar en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos reducirían los efectos distorsivos en el proceso productivo, eliminarían las aduanas internas y moderarían los regímenes de retención y percepción vigentes. Pero no se contempla la alternativa de su reemplazo definitivo por otro impuesto más neutral. El documento de CIPPEC analiza diferentes variantes y aboga por un IVA provincial compartido que sustituya al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Impacto distributivo
El paquete impositivo contempla medidas que apuntan a promover la inversión, dinamizar el empleo, gravar la renta financiera, preservar el medioambiente, disuadir el consumo de bienes demeritorios, y mejorar la administración tributaria. Todo esto generará efectos de diferente signo en la distribución del ingreso.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional impulsa simultáneamente una reforma previsional y laboral y un nuevo marco para las relaciones fiscales entre la nación y las provincias, que tendrán que considerarse integralmente a la hora de definir los impactos distributivos en el ingreso de las personas y entre las diferentes regiones y provincias. 

Por último, en el documento adjunto se analizan algunas alternativas que, aunque no han sido contempladas en las propuestas oficiales, permitirían una sustitución definitiva del impuesto por otro más neutral. 

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