Geopolitica
Putin, Trump y el caso Browder
Por Ricardo Bloch
¿Quién es el financista acusado por el presidente ruso de entregar 400 millones de dólares a Hillary?

A los 54 años William Browder, economista nacido en Estados Unidos y actualmente de nacionalidad británica, se convirtió en una pieza clave para desentrañar la trama de la supuesta participación del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales que colocaron a Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

Durante la conferencia de prensa posterior a la cumbre de Helsinki, el presidente Putin acusó a Browder de haber entregado 400 millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton con la ayuda de funcionarios de seguridad estadounidenses.

Putin expresó que podía permitir el interrogatorio en su país de los doce ciudadanos rusos que fueron acusados recientemente por el FBI de haber hackeado los ordenadores del Partido Demócrata poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 si, como contrapartida, la fiscalía rusa podía interrogar a Browder por operaciones financieras realizadas en Moscú hace más de una década.

El financista más buscado por Putin proviene de una familia con larga trayectoria política y académica en los Estados Unidos. Su abuelo Earl Browder llegó a convertirse en el Secretario General del Partido Comunista de los Estados Unidos, mientras que su padre Felix fue un brillante matemático (doctorado por el MIT y la Universidad de Princeton a los 20 años), a quien el expresidente Bill Clinton le otorgó la "Medalla Nacional de la Ciencia" en el año 2000.

En 1996 William y el banquero Edmond Safre lanzaron el Hermitage Capital Management en Moscú con una inversión inicial de 25 millones de dólares. Se estima que diez años después las ganancias del fondo corporativo llegaban a los 250 millones dólares.

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A partir de los años 2006 y 2007 los negocios de Browder comenzaron a ser investigados por el gobierno ruso, quien colocó al financista en una lista negra por representar una "amenaza a la seguridad nacional". Al mismo tiempo policías del régimen allanaban todas las oficinas corporativas de Hermitage, secuestrando centenares de documentos comerciales por una supuesta evasión impositiva.

Pero el hecho más trascendente en la trayectoria profesional y política de Browder se produjo con la detención de su amigo, el abogado Sergei Magnitsky, ocurrido en 2008 cuando el letrado investigaba millonarias transacciones realizadas por empresarios y políticos del círculo político del presidente Vladimir Putin.

Después de estar detenido casi un año en pésimas condiciones de salud, se comprobó que Magnitsky falleció en noviembre de 2009 como consecuencia del castigo recibido en la prisión de Butyrka, la misma donde fuera alojado Alexander Solzhenitsyn.

Fue a partir de ese momento que Bill Browder comenzó su peregrinaje por distintos organismos de los Estados Unidos intentando demostrar la culpabilidad del gobierno ruso en el hecho. A tal fin se entrevistó con decenas de legisladores bipartidistas.

Finalmente en diciembre de 2012 el parlamento norteamericano sancionó La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Ley Magnitsky). La norma le otorga al presidente de Estados Unidos el poder de imponer prohibiciones o cancelación de visas; disponer el congelamiento de activos de personas que violen los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción cuyos bienes caigan bajo la jurisdicción de Estados Unidos, y además prohíbe a los ciudadanos e instituciones norteamericanas realizar negocios con los implicados en esas acciones ilegales.

Además de pasar a integrar la Lista Magnitsky, los acusados serán investigados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), pudiendo recibir sanciones financieras y restricciones de visa como consecuencia de violaciones a los derechos humanos y la comisión de graves actos de corrupción.

El gobierno norteamericano puede sancionar tanto al autor de los hechos, como a cualquier otra persona que haya actuado como un "agente". Entre las violaciones de derechos humanos que ameritan sanciones bajo la ley, se encuentran torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes, detenciones ilegales, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

La ley también autoriza la imposición de sanciones OFAC en contra de aquellos extranjeros que el gobierno de Estados Unidos considere autores o participes de actos de ordenar, controlar, o de cualquier manera dirigir, "actos sustanciales de corrupción". Entre los tipos de corrupción que pueden ameritar sanciones OFAC, la ley menciona la expropiación de bienes públicos o privados para beneficio propio, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, explotación de recursos naturales, cohecho, o facilitar la transferencia de dineros provenientes de corrupción a otras jurisdicciones.

Son sujetos pasibles de aplicación de la ley aquellos ejecutivos o funcionarios de una entidad involucrada en violaciones a los derechos humanos o corrupción; o de una entidad cuyas propiedades han sido bloqueadas conforme a la ley.

Por último son alcanzables aquellas personas que auspiciaran, apoyaran o contribuyan materialmente con la ejecución y el desarrollo de cualquiera de las conductas mencionadas precedentemente.

Horas después de ser acusado en vivo y en directo por el presidente de Rusia como el prófugo más buscado de su gobierno, Browder señaló que "mi trabajo por conseguir que la Ley Magnitsky sea aprobada en todas partes le ha dado en el tendón de aquiles al régimen de Putin".

En los últimos días la Ley Magnitsky ha sido aplicada a más de veinte funcionarios del gobierno de Nicaragua y está en marcha una petición de más de 100 mil firmas para aplicársela al mismo presidente de ese país, Daniel Ortega.

En combinación con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) sancionada por el expresidente Jimmy Carter en 1977, la Magnitsky Act puede convertirse en una herramienta clave para el juzgamiento de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, considerando los centenares de muertes producidas a manos de fuerzas oficiales y paraoficiales del régimen dictatorial bolivariano.

 

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