En los últimos meses, los países de la región han sido protagonistas y testigos de un debate subido de tono, como suelen serlo aquellos en los que participa o es objeto de discusión Venezuela. En esta ocasión, el tema es la eventual participación de este país en la próxima VIII Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril de 2018. La pregunta central es si Perú tiene derecho a no permitir la participación de Venezuela o si Venezuela tiene derecho a participar, más allá de la opinión de Perú y otros países de la región.

Las Cumbres de las Américas reúnen a los 35 Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir sobre políticas comunes, búsqueda de soluciones y desarrollo de una visión compartida para el futuro de la región en las áreas económicas, sociales y políticas.

En el caso de las Cumbres de las Américas, a pesar de la similitud entre los Estados Miembros de la OEA y los participantes del proceso de Cumbres, la OEA actúa meramente como un organismo de apoyo al sistema de cumbres. En particular, la OEA tiene la responsabilidad de operar como mecanismo de registro, "memoria institucional del Proceso de Cumbres y de proveer apoyo técnico al GRIC".

Por lo tanto, el proceso de Cumbres de las Américas responde al modelo tradicional de diplomacia llamada de misiones especiales y no se trata de una reunión ordinaria o extraordinaria de la OEA.

Venezuela confirmó que su presidente, Nicolás Maduro, asistirá a la Cumbre de las Américas y afirmó que a Perú "solo le corresponde extender la cortesía de invitación a los altos dignatarios, organizar la reunión y brindar, en su calidad de país anfitrión, las facilidades logísticas, de seguridad y resguardo a los participantes". Asimismo, Venezuela sostiene que "la facultad de decidir sobre la participación de un Estado miembro y fundador en las reuniones de la Cumbre de las Américas" "no está atribuida en modo alguno a la República del Perú, ni a ningún otro Estado".

De conformidad con los principios tradicionales que rigen las relaciones diplomáticas, el envío de una misión requiere del consentimiento del Estado receptor (en este caso, el Perú), que puede negarse a aceptar una misión especial, así como puede negarse a aceptar a cualquier persona como miembro sin necesidad de expresar las motivaciones de su decisión.

En este caso, ni el acuerdo de sede entre el Perú y la OEA ni ninguna otra norma del sistema hemisférico contienen disposiciones específicas referidas a este tipo de situaciones. Sin embargo, Perú ha señalado que la Declaración de Quebec contiene una cláusula que prevé que el mantenimiento del estado de derecho y el respeto estricto al sistema democrático son una condición esencial para la presencia en las Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas.

Por ello, la Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Cayetana Aljovín, expresó que su país tiene la facultad de invitar y cancelar la invitación a un mandatario amparado en el derecho internacional general y, en caso de que éste sea el responsable de una alteración al orden constitucional, en virtud de lo establecido en la Declaración de Quebec. Esta última decisión fue además respaldada expresamente por el denominado Grupo de Lima en el punto 6 de su Declaración de 23 de enero de 2018[1].

En consecuencia, la nota del Gobierno de Venezuela confirmando que su presidente, Nicolás Maduro, asistirá a la Cumbre de las Américas, pese a que se le retiró la invitación para dicha cita, carece de fundamento.

[1] Véase "Conoce la declaración del Grupo de Lima sobre elecciones en Venezuela", Andina, 13 de febrero de 2018, disponible en http://www.andina.com.pe/agencia/seccion-economia-2.aspx/img/noticia-conoce-declaracion-del-grupo-lima-sobre-elecciones-venezuela-699222.aspx (acceso 5/3/2018).