El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática. El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013

Está dividido en 5 secciones: Visión, Acuerdos, Acuerdos Presupuestales, Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas.- Se trata entonces de 95 acuerdos concretos, que fueron presentados como “reformas que México necesita para salir adelante”, que no podían implementarse sin un acuerdo respaldado por una amplia mayoría, que trascendiera las diferencias políticas y que colocara los intereses de las personas, por encima de cualquier interés partidario.

Para llegar a este Pacto por México, se utilizaron conversaciones inicialmente secretas, guiadas por el apotegma “nada está negociado hasta que todo está negociado”. Luego se les dio publicidad. Las distintas fuerzas políticas nacionales mexicanas, tienen distintas facciones dentro de cada uno de los agrupamientos. Conscientes de ello, los mexicanos dispusieron personas del máximo nivel de confianza de los líderes políticos, y aún así, eligieron también, con madurez, dejar fuera a los sectores ultras de cada espacio político.

El Pacto incluyó Acuerdos para garantizar la limpieza de las elecciones que ocurrieron en 2013, una reforma Educativa, implementada en 2013, para el cual hubo que cambiar una larguísima tradición sindical, una reforma de Telecomunicaciones, también del mismo año, donde básicamente se recortó el poder de Telmex, una Reforma financiera, de este año, 2014, que ya está en marcha y que ha producido entre otras cosas, un bono de financiamiento externo mexicano a cien años.

Los acuerdos también prevén su aplicación en temas de seguridad interior, fundamentalmente el narcotráfico, reformas en el sistema impositivo para asegurar el financiamiento de las regiones y el federalismo mexicano, y acuerdos aún pendientes en temas de agro, minería, y fundamentalmente energía, donde el gigante PEMEX, un bastión del estatismo mexicano verá transformada su identidad.

Muchos políticos argentinos han observado el Pacto por México con interés, algunos meramente de forma coyuntural, otros lo han estudiado en profundidad. El Gobierno Nacional, por su parte, pareciera estar copiando algunos de los contenidos de los acuerdos, pero como corresponde a su identidad política, descartó hacer ningún tipo de acuerdo con la oposición con quien no ha dialogado mayormente desde 2003 a la fecha, salvo el brevísimo período después de la derrota parlamentaria de 2009, diálogo que parió la ley de las PASO.

¿En Argentina es posible buscar soluciones concertadas para enfrentar la próxima década? ¿Hay caminos confluyentes o siquiera, puntos de intersección para intentar el novedoso camino iniciado por México? ¿Es posible aprovechar el consenso que existe sobre el sistema democrático en sí para avanzar en acuerdos que vayan más allá que lo meramente institucionalista? ¿Podemos lograr un “más allá de la Moncloa” en Argentina?

Seguramente no hay una sola respuesta. En el año 2002 el entonces Presidente Duhalde ideó el Diálogo Social, pero fue discontinuado por los Kirchner en el poder. Desde entonces, cada vez que se habla de acuerdos en Argentina, se menea la palabra “Pacto” como sinónimo de algo malo, tal vez, por referencia a que distintos sectores dentro del peronismo y del radicalismo, en su momento condenaron el Pacto de Olivos alcanzado entre Menem y Alfonsín. Desde los Pactos del Siglo XIX previos a la Constitución Nacional, tampoco hubo demasiado buena prensa para los acuerdos, con excepción tal vez de la experiencia de la Multipartidaria, sobre el final de la Dictadura Militar 76-83

Un problema adicional para que funcionara en Argentina remite a que durante estos 12 años de gobierno kirchnerista, el Congreso, ámbito natural de reformas políticas, no ha sido usado más que para refrendar cualquier iniciativa presidencial, y cuando la oposición pudo sancionar alguna ley, la Presidente Fernández de Kirchner la vetó, como sucedió con el 82% móvil para los jubilados.

Indudablemente, se requiere del sector político que ocupa el Gobierno Nacional una vocación dialoguista que hasta ahora no ha sido expresada en la práctica, y de la oposición una grandeza en su tránsito al poder, si es que en 2015 le toca gobernar, que permita que su agenda de gobierno esté cruzada por elementos que provengan de acuerdos con la administración saliente.