03 de mayo, 2024
Con el control de la autopista Ezeiza- Cañuelas, Cristóbal López viola la Ley de Medios
El Grupo Indalo compró las acciones de la empresa española Obrascón Huarte Lain SA y pasó a controlar la autovía. Así, el dueño del canal C5N y Radio 10 violaría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya que la norma prohíbe que un licenciatario de señales sea al mismo tiempo titular de un servicio público. Desde el AFSCA señalaron que "no corresponde" pero que "hay que estudiar el caso".
La Ley de Medios suma una nueva polémica. Es que en las últimas horas se confirmó que el empresario Cristóbal López, dueño del canal de cable C5N y estaciones de radio, se alzó con el control de la autopista Ezeiza-Cañuelas, en un paso que constituiría una clara violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La autovía estaba bajo control de la empresa Obrascón Huarte Lain SA, uno de los mayores grupos de servicios constructores y de servicios de España, que cedió sus acciones a Esuvial SA.
Esta firma, pertenece a CPS SA, una de las firmas que gestiona el Grupo Indalo a través de Indalo Infraestructura. La operación, por unos 56 millones de pesos, fue confirmada ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) de España.
Con la confirmación, López incurre en una clara violación a la Ley de Medios, ya que, entre otras empresas, es dueño de AM Radio 10, las FM Pop y Mega y el canal C5N.
Sucede que el artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 establece en su artículo 25 que “las personas de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual” no pueden ser accionarias de empresas ligadas a la prestación de servicios públicos.
Un licenciatario no podrá ser “titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”, según el inciso D de dicho artículo.
De hecho, la constructora CPC fue separada formalmente del Grupo Indalo, aunque mantiene no sólo el management, sino también la gestión formal de la empresa.
Algo similar sucedió con la empresa de colectivos urbanos que Indalo tenía desde hace años en Neuquén y que inmediatamente después de la compra de los medios fue entregada a otro grupo empresario.
“No corresponde”
Fuentes del AFSCA, el organismo que regula sobre la licencias de radio y TV, confirmaron a LPO que en principio Indalo violaría la Ley aunque señalaron que “hay que ver el caso”.
“Hay que ver quién se hace cargo, quien es el dueño, etc. Pero si cualquier empresario se excede, tiene que adecuarse a la Ley. El mandato de la Presidenta es claro”, señalaron desde el organismo que conduce Martín Sabbatella.
La autovía estaba bajo control de la empresa Obrascón Huarte Lain SA, uno de los mayores grupos de servicios constructores y de servicios de España, que cedió sus acciones a Esuvial SA.
Esta firma, pertenece a CPS SA, una de las firmas que gestiona el Grupo Indalo a través de Indalo Infraestructura. La operación, por unos 56 millones de pesos, fue confirmada ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) de España.
Con la confirmación, López incurre en una clara violación a la Ley de Medios, ya que, entre otras empresas, es dueño de AM Radio 10, las FM Pop y Mega y el canal C5N.
Sucede que el artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 establece en su artículo 25 que “las personas de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual” no pueden ser accionarias de empresas ligadas a la prestación de servicios públicos.
Un licenciatario no podrá ser “titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”, según el inciso D de dicho artículo.
De hecho, la constructora CPC fue separada formalmente del Grupo Indalo, aunque mantiene no sólo el management, sino también la gestión formal de la empresa.
Algo similar sucedió con la empresa de colectivos urbanos que Indalo tenía desde hace años en Neuquén y que inmediatamente después de la compra de los medios fue entregada a otro grupo empresario.
“No corresponde”
Fuentes del AFSCA, el organismo que regula sobre la licencias de radio y TV, confirmaron a LPO que en principio Indalo violaría la Ley aunque señalaron que “hay que ver el caso”.
“Hay que ver quién se hace cargo, quien es el dueño, etc. Pero si cualquier empresario se excede, tiene que adecuarse a la Ley. El mandato de la Presidenta es claro”, señalaron desde el organismo que conduce Martín Sabbatella.
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SANATELLA deberá hacer el trabajo sucio c/ Clarín. Y luego, la AFSCA será manejado por peronchos, más permeables y negociadores.
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