El conflicto legal planteado entre el Gobierno y el Poder Judicial por la megalicitación de gas natural licuado ( GNL) por US$ 4.500 millones va camino a agravarse, tras la decisión de YPF y Enarsa de adjudicar la mitad de los contratos en juego a la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), que no podía presentar ofertas.
El titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, anticipó que demandará penalmente al presidente de YPF, Miguel Galuccio; al titular de Enarsa, Walter Fagyas; y al ministro de Planficación, Julio De Vido, por haber desobedecido el fallo judicial que impedía la participación de GNF en el proceso licitatorio.
Blanco Muiño –promotor de la demanda original que había generado el bloqueo a GNF– señaló también que impulsará un acción penal contra las autoridades de la compañía europea, que no respetaron los alcances del fallo.
Tras destacar que “estamos ante un hecho legal muy grave por el desconocimiento del Gobierno de una medida judicial”, el titular de la UCA advirtió que “hay elementos más que suficientes para que la Justicia declare la nulidad de la contratación que fue aprobada en secreto y de manera sospechosa”.
Según publicó Clarín, pese a que estaba vigente una cautelar que prohibía aceptar las ofertas de GNF, el viernes las autoridades de la petrolera YPF y de la estatal Enarsa resolvieron adjudicarle a esa proveedora 50 de los 100 cargamentos de GNL que el Gobierno salió a comprar anticipadamente para atender la demanda de los dos próximos años que no se podrá cubrir con la producción local de gas.
La polémica contratación de GNF es por un monto aproximado de US$ 2.250 millones y comprende el suministro de 25 barcos de GNL en 2014 y otra cantidad similar de cargamentos en 2015 a la regasificadora de Escobar. En tanto, el otro paquete de 50 cargas de GNL destinado a la terminal de Bahía Blanca se repartió de la siguiente manera: el 80%, es decir 40 cargas, fueron para la inglesa British Petroleum (BP), mientras que las 10 restantes quedaron para la rusa Gazprom y la noruega Statoil.
Ante la demanda promovida por la UCA, el juez federal Enrique Lavié Pico había resuelto que la empresa GNF no podía competir porque uno de sus principales accionistas –el grupo Repsol, que tiene el 30% y que le reclama al Estado una megaindemnización de US$ 10.500 millones– también integra el directorio de YPF, que debía definir las compras de GNL.
Para el magistrado, el doble rol de Repsol no sólo superponía “las figuras de oferente y adjudicatario”, sino que además le permitía a GNF poder acceder a una “posición preferencial y al manejo de información privilegiada” .
Además de cuestionar la participación de GNF, la demanda de la UCA hizo foco en dos cuestiones clave. Por un lado, la supuesta ilegalidad del convenio que Enarsa firmó con YPF para que actúe como “intermediaria y gestora” de las compras de GNL. Y por otro lado, la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 26741 que “blindó” a la reestatizada YPF de los controles de la AGN y la Sigen y que le permite a los directivos de la petrolera no informar sus honorarios.
