El asesinato de Fernando “Loco Pocho” Morales López, jefe de la barrabrava de Colegiales, desató una guerra que involucra a sectores políticos presuntamente vinculados con el PRO de Jorge Macri y del Frente para la Victoria de Vicente López.

Morales fue acribillado de seis balazos en un conventillo ubicado en Mitre y San Lorenzo, en Munro. Allí, la víctima se habría enfrentado a puñaladas con otras tres personas, dos de las cuales están detenidas: Alejandro "Harry" Aranda y Martín "el Negro Martín" Cabrera. El tercero, alias “El Uruguayo”, es señalado como el autor material del crimen y en Colegiales creen que es un sicario.

Desde el club de Munro, que preside el candidato a concejal del kirchnerismo Rodrigo González, sostienen que la pelea no tiene que ver con el control de la barra y aseguran que no hay dos facciones, como se dijo desde algunos medios.

En cambio, desde el club denuncian que se trató de una venganza política orquestada desde el macrismo. Aseguran que "Harry" y "el Negro Martín" llegaron al conventillo a bordo de una camioneta del PRO y los señalan como fuerza de choque de Jorge “Tuta” Torres, secretario de Gobierno de la municipalidad.

Incluso, González señaló que los dos involucrados son empleados de la municipalidad. Voceros de Jorge Macri desmintieron ante LPO que sean trabajadores de la intendencia e invitaron a ver el listado de empleados. Un dirigente de otro sector dijo que no está claro que sean contratados.

"Harry" y "el Negro Martín" son dos ex integrantes de la barrabrava, según explicó a LPO un dirigente que conoce al detalle la interna. La fuente comentó que en su momento respondían a “Pocho” pero fueron expulsados cuando intentaron que la barra trabajara para el PRO. “Pocho nunca dejó que la política se metiera en la barra y los echó cuando empezaron a trabajar para el PRO”, opinó.

Ese pasado de los dos acusados es el que usan desde la intendencia para sostener que se trata de una interna por los negociados de la barra de Colegiales. “No hay ninguna connotación electoral ni política. Lo dice la Justicia”, indicó un vocero oficial. La fiscal de la causa, Marcela Semería, direccionó la investigación en este sentido y tiene como hipótesis principal la vieja rivalidad personal entre “Pocho” y los detenidos.

Un ex concejal del distrito indicó que en la zona del crimen hay cámaras de seguridad que casi seguro tengan imágenes que puedan aportar a esclarecer el hecho. “Las pusieron porque es una zona muy conflictiva. Si la justicia no las pide es porque hay una connivencia con el poder político”, señaló.

Lo más grave del caso es que los barras que respondían al “Loco Pocho” prometieron venganza contra los tres agresores y los episodios de violencia podrían repetirse. Las amenazas se extienden al funcionario Torres, el cual todavía no reapareció en público después del crimen. En la intendencia aseguran que continúa trabajando normalmente, aunque no fue posible ubicarlo.